Consejo del Salario: Rotundo rechazo de las centrales sindicales a la propuesta del gobierno

Las centrales sindicales rechazaron la propuesta de aumento del Consejo del Salario para el Salario Mínimo Vital y Móvil en una reunión realizada hoy en el Ministerio de Trabajo.

En un hecho histórico, por primera vez desde el 2004 que se reúne el Consejo del Salario, las centrales sindicales rechazaron unánimemente la propuesta del aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil que realizaron los empresarios para llevar este salario a 10 mil pesos, dividido en tres cuotas.

Desde la CTA-Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la CGT le exigieron al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que el Salario Mínimo Vital y Móvil sea de 14.600 pesos, equivalente a una canasta básica de alimentos.

La propuesta de los empresarios consistía en un incremento en tres tramos que llevaría el piso salarial de los actuales 8.060 pesos a 8.800 a partir de julio, 9.200 pesos a partir del 1º de enero de 2018 y 9.800 pesos a partir del 1º de julio del año que viene.

El Gobierno de Mauricio Macri dispondrá por decreto que el sueldo mínimo sea de 8.860 pesos en julio, 9.500 pesos en enero y 10.000 pesos en julio de 2018.

En el encuentro, que se desarrolló desde esta mañana en la cartera laboral de Avenida Leandro Alem 650, en Capital Federal, participaron el secretario General de la CTA-A, Pablo Micheli, el Adjunto, José Rigane, representantes de la CTA-T y de la CGT.

José Rigane dijo a la salida del encuentro que terminó con el histórico rechazo, que “por primera vez desde el 2004, el movimiento obrero, absolutamente unificado en la posición, no aceptó la propuesta del empresariado”.

Pablo Micheli, dijo “que es hora de evaluar una protesta nacional de todos los sindicatos”.

La CTA Autónoma denunció ante la OIT al gobierno de Argentina por su sistemática presión a la Justicia Laboral

El Gobierno desarrolla una política sistemática de presión y descalificación contra jueces, abogados y hasta normas protectorias del trabajo, para quitar derechos a los trabajadores.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo sentenció a principios de 2017 que se cumpliera la negociación colectiva suscripta entre trabajadores y empleadores bancarios (aumento por encima del ilegal tope impuesto por el Ministerio de Trabajo), por ese motivo el mismo Ministerio a fines de febrero de 2017 promovió el juicio politico para la destitución de los jueces E. Arias Gibert y G. Marino que habían firmado la sentencia.

En mayo de 2017 otros jueces del mismo Tribunal, Luis Rafaghelli y Diana Cañal fueron denunciados, mediante el mismo procedimiento, por haber dispuesto la reincorporación a sus puestos de trabajo de empleados estatales que habían sido despedidos de forma manifiestamente discriminatoria.
El Gobierno impulsó a fines de 2016 la modificación parlamentaria de la ley de riesgos del trabajo creando obstáculos inconstitucionales para el reclamo por los trabajadores de las reparaciones por daños sufridos a causa del trabajo. La ley se sancionó en marzo de 2017.
Durante los días que corren del mes de junio de 2017, ya comenzada esta 106 Conferencia, el Presidente de la Nación insistió en expresiones públicas denostando a los abogados que defienden los derechos de los trabajadores, las que se suman a otras anteriores formuladas contra los jueces que fallan de acuerdo al principio Protectorio del Derecho Laboral.
Tales reiteradas conductas del Presidente de la Nación tienen el efecto inmediato de intimidar a los jueces laborales en su conjunto, y desalentar los justos reclamos de quienes ven avasallados sus derechos como trabajadores.
Así resultan violadas la independencia del Poder Judicial, la division de poderes, el principio protectorio del Derecho del Trabajo, todo con grave menoscabo del Estado de Derecho y el orden constitucional argentino.
Los jueces acusados no han hecho otra cosa que aplicar las normas del derecho interno, y especialmente en los casos señalados, los Convenios y Recomendaciones de la OIT.
Todo lo expuesto se produce en el marco de ataques del Gobierno a los sindicatos, los derechos sindicales y en particular el derecho de huelga. Que en Argentina esta garantizado constitucionalmente y también a través de los Convenios 98 y 87 de la OIT.
Dejamos reclamado el cese inmediato de tales conductas contrarias a los derechos de los trabajadores, sin perjucio de proseguir los procedimientos de la OIT para que se pronuncien sus órganos competentes.
Por la Delegación de la CTA A ante la 106 CIT – OIT, Ginebra, Suiza, 8-6-2017

José RIGANE, sec. adjunto de la CTA-A
Hugo BLASCO, sec. Derechos Humanos
Ruben GARRIDO, Director de Relaciones Internacionales
Horacio CATENA, sec. Gral. CTA A Tierra del Fuego
Jaime NUGUER, asesor Juridico Nacional CTA-A

CTA Autónoma

El hecho de que Mauricio Macri gobierna para los patrones en contra de los derechos de los trabajadores, no es ninguna novedad. A diario tenemos reiteraciones de esa ofensiva política por parte del Presidente, Ministros y Gobernadores. En el día de ayer, este combo se dio en la sintonía perfecta.

Los choferes de colectivo de la Ciudad de Córdoba llevan adelante una lucha en defensa de sus salarios, por la reincorporación de los despedidos que alcanza sin duda el calificativo de heroica. Al mismo tiempo, cabe destacar que esto se está dando contra su patronal y sus dirigentes burócratas (no es casual que crezca nuestra UCRA en todo el país), y soportando la presión de la fuerza armada dispuesta por el gobierno.

En este contexto, el Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, los estigmatiza diciendo que todo tiene un tinte político partidario y los culpa de oponerse al “cambio”, lo cual se traduce en inducir a que los trabajadores en lucha deban resignarse al pisoteo de sus derechos.

Por otro lado, los docentes de la provincia de Buenos Aires continúan con su plan de lucha por una paritaria justa y condiciones laborales dignas. La gobernadora María Eugenia Vidal, en lugar de resolver el problema salarial y poner a la escuela pública en el elevado lugar que debe estar, acusa a los docentes de perjudicar a los chicos, de tomarlos de rehenes, y de catalogar su pelea como algo “político partidario”.

En sintonía, el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, aprovecha los micrófonos durante la jura del nuevo Canciller para cargar contra los jueces y abogados laboralistas que trabajan en defensa de los derechos de los trabajadores, que nacen de la Constitución Nacional (artículo 14 bis) y de las conquistas históricas del movimiento obrero (como por ejemplo, la Ley de Contrato de Trabajo), e intentar encasillarlos en un negocio de mafiosos y extorsionadores.

Estos lamentables ejemplos de los propios actores del gobierno nos advierten de su inocultable propósito de atacar el derecho de huelga, la negociación colectiva, la Ley de Contrato de Trabajo, entre otros, siguiendo el nefasto camino de la nueva Ley de Riesgos del Trabajo y de instalar sin restricciones la flexibilidad laboral en todo el país.

La CTA Autónoma denuncia que no estamos solamente frente a declaraciones anti obreras, sino al fomento del clima político que les permita al gobierno profundizar su política estructural de recorte sistemático de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, con la criminalización de la protesta social como arma estratégica.  Por ello, estamos convencidos que las movilizaciones populares de marzo y abril pasados nos obligan a redoblar el camino de la lucha en unidad en defensa propia.

Pablo Micheli – Secretario General CTA Autónoma

José Rigane – Secretario Adjunto CTA Autónoma   

Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA A)

  1. La ley de Asociaciones Sindicales de Trabajadores (1988) confiere privilegios al sindicato con mayor número de afiliados.

La Comisión de expertos «desde hace numerosos años» viene señalando -ante nuestras quejas- que esa norma no está de conformidad con el Convenio 87.

Ambas CTA venimos reclamando desde hace 16 años que se nos reconozca la personería gremial.

El Ministerio de Trabajo prometió a la Comisión el último año que esa cuestión sería tratada en una Mesa de Diálogo Tripartito. Esa Mesa de Diálogo duró pocas semanas, ya no existe, y cuando el Ministerio «dialoga» lo hace principalmente con los empleadores y en caso de convocar trabajadores incluye solamente a la CGT.

La discriminación y la exclusión de las dos CTA por parte del Ministerio de Trabajo se sigue agravando cada vez más.

Denunciamos que desde que asumió el nuevo gobierno en diciembre de 2015, no solo no se nos reconoció la personería gremial, sino que no se inscribió a ningún sindicato de los que reclaman su registro desde hace años y aumentó la intervención del Ministerio de Trabajo en las elecciones sindicales.

  1. La Federación de Trabajadores de la Energía (FeTERA) -entidad de segundo grado afiliada a esta CTA A- también reclama su personería gremial desde hace 16 años.

El Ministerio de Trabajo pone obstáculos, inclusive para frenar el trámite judicial que la obligue a reconocerla.

  1. El Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina (S.U.T.E.F.) presentó queja ante el Comité de Libertad Sindical en junio de 2016 por diversas violaciones especialmente de los Convenios 87 y 98 contra el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, en su doble carácter de empleador y autoridad gubernamental.

El conflicto se desató a partir de una reforma del régimen previsional que defrauda los compromisos asumidos históricamente por el Gobierno de la Provincia frente a los aportes al sistema por parte de los trabajadores.

La protesta de los trabajadores es reprimida y sus dirigentes y militantes sometidos a procesos penales.

El Sindicato declaró una huelga por tiempo indeterminado, el Gobierno la declaró ilegal y además sustituyó a los trabajadores en huelga por otros.

Los dirigentes del sindicato son perseguidos en el marco de la criminalización de la protesta social y se intenta exonerarlos de sus puestos de trabajo, siendo especialmente relevante la situación del Secretario General Horacio Catena.

  1. La Federación Judicial Argentina (FJA) reclama desde hace años por el derecho a la negociación colectiva que se le niega a los trabajadores judiciales, salvo la excepción de algunas pocas provincias.

El Informe de la Comisión de Expertos refleja la falta de respuesta estatal a la violación denunciada.

En el caso del sindicato federado de la Provincia de Mendoza el Ministerio de

Trabajo anuló recientemente las elecciones de autoridades sindicales realizadas con la conformidad de todas las listas participantes y designó un interventor.

Mientras tanto la acción judicial iniciada por el Sindicato para recuperar su autonomía es obstaculizada por el Ministerio de Trabajo, que en estos días niega el envío de los expedientes administrativos para que los jueces puedan volver a poner las cosas en su lugar.

  1. La Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA), sindicato que

agrupa a los choferes de vehículos de transporte de pasajeros, cuenta con inscripción gremial.

No obstante los empleadores no le reconocen ninguna representatividad y para ello cuentan con la complicidad del Ministerio de Trabajo que reconoce con exclusividad al sindicato con mayor número de afiliados a nivel nacional.

  1. El Sindicato que agrupa a trabajadores docentes de la Provincia de Misiones (MPL) tramita su pedido de inscripción gremial desde setiembre de 2011, pero el Ministerio de Trabajo no se la otorga.

El Secretario General del sindicato Rubén Darío Ortiz, dirigente social constructor de múltiples movimientos populares en la Provincia, es víctima de amenazas armadas y de persecuciones policiales y judiciales por su conducta en defensa del movimiento social.

  1. Desde hace muy pocos días, el 29 de mayo de 2017 el Secretario General de la CTA Autónoma de la Provincia de Río Negro (también Sec. Gral. de la ATE provincial) y su Adjunto, Cros. Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti, están presos acusados arbitrariamente de “coacción agravada” por haber encabezado una protesta pública en oposición a un proyecto de ley que perjudica los derechos de los trabajadores estatales provinciales.

La CTA Autónoma exige su libertad y reclama el cese de toda persecución gremial.

Estos son solo algunos ejemplos de los muchos que se están repitiendo en todo el país en contra de la libertad sindical, la negociación colectiva y la libertad de las personas, al criminalizarse la protesta social.

José Rigane                                   Pablo Micheli

Secretario Adjunto de la CTA-A             Secretario General de la CTA-A

La delegación oficial de la CTA AUTÓNOMA en la OIT

La Delegación Oficial de la CTA Autónoma encabezada por José Rigane, Secretario Adjunto , Hugo Blasco, Secretario de DD HH, Rubén Garrido, Director de Relaciones Internacionales, Jaime Nuguer, Asesor Jurídico de CTA Autónoma y Horacio Catena, Secretario General CTA Autónoma Tierra del Fuego,  comenzó a participar de la 106ª Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra (Suiza).

La reunión de este año contará con la participación de más de 4.000 delegados de todo el mundo, se desarrollará hasta el 17 de Junio y se  debatirán las dificultades más acuciantes del trabajo en el mundo en la actualidad.

En el edificio de la OIT de la sala 2 comenzó la reunión de la CCI a los efectos de analizar del movimiento obrero a nivel mundial. La realidad plasma que, se está viviendo en un mundo entero plagado de inseguridades.

La OIT asegura que si “no hay justicia social, no se sostiene la paz”, y para eso se analizaran las problemáticas y los ataques contra los derechos fundamentales: el aumento  de refugiados en el mundo, la desigualdad social que crece a pasos agigantados y un contexto con el  mayor presupuesto armamentista después de la segunda guerra mundial. La falta de confianza como  productor de la desigualdad.

Como evidencias de estudio dentro de la reunión de la CCI se dejó en claro que el  poder no lo tienen el estado ni los trabajadores, sino,  que el poder está radicado en las corporaciones. Otro de los planteos es el vínculo directo con al salario mínimo vital y móvil ya que en muchos otros países no existe, o es muy bajo.

A su vez  plantearon el derecho y la defensa a las mujeres sobre el trabajo esclavo y un acuerdo que se intentará  llevar con la cadena de suministros, con el objetivo de que 50 países aprueben esta iniciativa de estar adherido a lo que ellos llaman “actitud responsable”

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) está consagrada a la promoción de la justicia social, de los derechos humanos y laborales reconocidos internacionalmente, persiguiendo su misión fundadora: la justicia social es esencial para la paz universal y permanente.

Además, como única agencia ‘tripartita’ de la ONU, la OIT reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 Estados miembros a fin de establecer las normas del trabajo, formular políticas y elaborar programas promoviendo el trabajo decente de todos, mujeres y hombres.

Actualmente, el Programa del Trabajo decente de la OIT contribuye a mejorar la situación económica y las condiciones de trabajo que permiten que todos los trabajadores, empleadores y gobiernos participen en el establecimiento de una paz duradera, de la prosperidad y el progreso.

La delegación oficial de la CTA AUTÓNOMA