La unidad hará posible la derrota de la ofensiva macrista

La gigantesca movilización del 29 de Noviembre al Congreso, junto a las movilizaciones en diferentes puntos del interior del país, no sólo expresaron en su voluntad manifiesta de lucha el inmenso rechazo de los trabajadores y trabajadoras a los tres proyectos de ley de un ajuste salvaje que el gobierno de Macri impulsa en el Congreso, con el aval de los gobernadores (salvo el de San Luis) y de una parte de la CGT en el caso del proyecto de flexibilización laboral, sino también pusieron en marcha un camino de unidad que incluye a la Corriente Federal de los Trabajadores, a las dos CTA´s y a la Secretaría Gremial de la CGT que conduce Pablo Moyano contra el ajuste macrista.

Esta experiencia fue el puntapié inicial de una plan de lucha que aspira, por un lado, a aglutinar a vastos sectores populares, y por otro, a detener la ofensiva del ajuste neoliberal del gobierno de Macri. Es claro que el logro de estos objetivos va implicar un largo plan de lucha y una amplia convergencia de fuerzas y de contenidos. Pero hoy ya podemos visualizar algunos impactos como el desarrollo de contradicciones al interior de los Bloques parlamentarios, lo que avizora un tratamiento con dificultades y no una aprobación exprés como aspiraba el actual gobierno.

En el proyecto de ley de reforma previsional que ya votó el Senado con el apoyo de los gobernadores por vía de sus senadores, se realiza un escandaloso saqueo a los jubilados a través del cambio de la fórmula de actualización. Un guadañazo de 100.000 millones de pesos de los cuales 65.000 millones irán al fondo del Conurbano para la “acción política electoral” de María Eugenia Vidal.

Acompañando esto han aparecido los discursos justificadores de que el sistema jubilatorio nuestro es insustentable. Como es natural, detrás de esto viene el aumento de la edad jubilatoria y después alguna variante de privatización. No es de sorprender que estén pensando que la gestión del ANSES estaría mucho mejor a través de una institución privada. Una especie de subcontratación.

Este robo escandaloso a los jubilados como parte de un plan de ajuste aspiran complementarlo con una profundización de los despidos de estatales, además de congelar sus salarios. Esto tanto nacional como provincialmente ya que es a lo que se han comprometido los gobernadores ante la presión macrista de que sólo salarios estatales bajos en las provincias promueve salarios bajos en el ámbito privado.

Sobre la ley de precarización de los derechos laborales ya ha circulado suficiente información sobre sus contenidos y las consecuencias para los trabajadores y trabajadoras. En este caso somos profundamente críticos del triunvirato de la CGT que, además de oponerle una débil resistencia en un primer momento, mutó esta actitud a un aval a la misma previo haberle hacho algunas modificaciones menores que no modifican la esencia de la misma. Como dijimos anteriormente, la postergación del tratamiento lo debemos atribuir a la fuerza de la movilización del 29, lo que nos da un poco más de tiempo para pujar con fuerza y evitar su votación.

Lo que no hay que perder de vista es que el eje estratégico de la política macrista es la baja de salarios como condición necesaria para que se desarrolle una corriente de inversiones del capital monopólico y en particular extranjero. Eso se complementa con la brutal transferencia de ingresos a los exportadores agropecuarios y mineros, con la bestial suba de tarifas y con el endeudamiento externo creciente para cubrir el déficits estatal. Los gurúes de la derecha (Broda, Melconian y otros) le reclaman que están atrasados en el ajuste del Estado. “Endeudamiento creciente sin contrapartida de ajuste estatal”

                                                                    Pablo Micheli – José Rigane

es explosivo, dicen. Esto nos da cuenta de la dura pelea que les espera a los trabajadores y trabajadoras del Estado nacional y provinciales. Para esta pelea la unidad y la solidaridad es imprescindible.

Acompañando estos objetivos de superexplotación de los trabajadores, desde el gobierno se realizan claras acciones contra la libertad y la democracia sindical. La primera de ellas es el anuncio de bajar 450 personerías gremiales. Detrás de este objetivo está la concentración de la representación y el fortalecimiento del unicato sindical. La otra es la denuncia de varias organizaciones sindicales de que el Ministerio de Trabajo, con argumentos burocráticos, no entrega la certificación de autoridades impidiendo el funcionamiento económico de las mismas. Unicato y autoritarismo son valores afines al macrismo.

A la par de la ofensiva del ajuste neoliberal de Macri es importante denunciar el creciente escalamiento de la política represiva. A la muerte de Santiago Maldonado, en el marco de la brutal actuación por parte de la Gendarmería Nacional, tenemos que agregar ahora el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, compañero de la etnia Mapuche, por parte de la Prefectura en una operación de “cacería” ante la toma de un terreno en la Villa Mascardi.

Recientemente, tenemos que agregar que un diputado provincial del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) de Neuquén resultó herido durante un desalojo que hizo la Policía de esa provincia en una maderera ocupada por sus trabajadores en rechazo al cierre del establecimiento.

Esta escalada represiva y de recorte de los derechos democráticos, sociales y sindicales tiene expresión en el decreto de la gobernadora Bertone que exonera al compañero Horacio Catena, Secretario general  del SUTEF y CTA-A de Tierra del Fuego, en la suspensión de su cargo como docente a Alejandro Gómez, también del SUTEF. En este marco, seguiremos exigiendo la libertad inmediata de Milagro Sala, presa política.

El escalamiento represivo de Macri se extendió al plano internacional. Está comenzando la cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que en esta oportunidad se llevará a cabo en nuestro país.

El gobierno entiende que esta iniciativa y la llegada del G20 el año que viene es un gran logro en su iniciativa de abrir las puertas a las grandes multinacionales que “vendrían con inversiones”.

Las organizaciones populares en una apretada agenda y amplia convocatoria desarrollaran innumerables acciones, protestas y debates (seminarios, paneles diversos etc.) donde la CTA Autónoma es parte integrante fundamental. Se trata de una iniciativa global contra los tratados de libre comercio.

Sin embargo el gobierno de Macri, demostrando  también en este plano internacional su veta antidemocrática, blindó dicha cumbre e impidió el acceso de más 60 activistas globales, en especial a representantes de la ONG europeas.

A esto tenemos que sumar un agravante que cuestiona el estado de Derecho. El Poder Judicial en indudable alianza con el Poder Ejecutivo hace uso de la prisión preventiva a los procesados con el argumento de que se pueden escapar. El argumento de “violar la ley” se va pareciendo al de “subversivo”.

Lo notable es que estas detenciones han recaído sólo sobre dirigentes políticos y sociales opositores. Se parece bastante a la puesta a disposición del P.E en Estado de Sitio. “Te meten preso por las dudas” y te extorsionan políticamente.

A partir de lo que hemos planteado más arriba es claro que la política del gobierno de Macri, cuenta con el apoyo de buena parte de las clases dominantes nativas y del capital financiero internacional.

Pero también tiene a su favor que la clase trabajadora  y los movimientos sociales están atravesado por muchas contradicciones que promueven su dispersión e impiden hacer visible los elementos que le dan fuerza al proyecto macrista. El gran valor de la movilización del 29 de noviembre es que puso como cuestión principal detener la ofensiva antipopular macrista para luego poder organizar la contraofensiva que lo derrote. Ampliar esta unidad en todas las direcciones posibles, que incluyan a trabajadores y movimientos sociales es el camino.

En este sentido somos críticos de aquellas propuestas y dirigentes que, más allá de tener un discurso duramente crítico de la política macrista y de todos aquellos dirigentes sindicales (caso del triunvirato de la CGT) y sociales que aceptan el paquete de leyes de este ajuste, finalmente sólo buscan diferenciarse con el argumento de que ellos son la única “garantía de continuidad” en la lucha. Por este camino pierden de vista que la organización de amplios sectores populares es la condición necesaria para detener el proyecto macrista y también, la única garantía de continuidad en la lucha.

En el caso de nuestra CTA Autónoma hemos mostrado en la práctica, y no solamente contra este gobierno, que cuando el horizonte de acción exige la unidad de la clase trabajadora en lucha contra las políticas anti-trabajadoras, la unidad en la acción no es solamente una cuestión discursiva que sólo busca algún posicionamiento político de algún dirigente, sino que requiere de un activo trabajo político e ideológico, sin ningún tipo de sectarismo y sólo teniendo en claro los objetivos que se persiguen.

Este ha sido el discurso de nuestro Secretario General en cuanta tribuna se ha presentado la posibilidad de plantearlo.  Ya son varios los años que si hay un rasgo que caracteriza la política de nuestra Central, es la unidad de acción teniendo como norte estratégico la unidad de la clase trabajadora.

Sin embargo, tenemos otro desafío importante desde nuestra CTA Autónoma que es la imperiosa necesidad de fortalecer tanto organizativa como territorialmente la Central en cada provincia, en cada localidad, donde los trabajadores y trabajadoras de nuestro país encuentren una herramienta consolidada para dar pelea por sus derechos.

Hemos dado un paso grande con la movilización del 29 de noviembre organizada desde un marco de unidad de los trabajadores y movimientos sociales.

Este plan de lucha lo continuaremos con otras acciones, movilizaciones y medidas de fuerza buscando en la coyuntura impedir la aprobación del paquete de leyes de ajuste macrista. Una tarea central es trabajar en la ampliación de esta unidad con amplitud y sin sectarismos.

CABA, 12 de Diciembre de 2017.

AUMENTO DE COMBUSTIBLES

Al aumento desde el 1 de diciembre en la electricidad, que incluye un 43% para Edenor y Edesur en Buenos Aires y 38% en el resto del país, y al aumento de hasta el 58% en el gas, se suma el reciente incremento del 6% en los combustibles impulsado por YPF y continuado por Shell y las demás estaciones de servicio.

Este es el cuarto incremento de 2017 (enero 8%, julio 7%, octubre 10% y diciembre 6%, con una caída de 1% en noviembre) y en lo que va del año el aumento acumulado es de 30,2%, muy por encima de la inflación. En 2016 el aumento total de los combustibles alcanzó el 31%, lo que implica que desde que Macri y Aranguren están en el gobierno los combustibles aumentaron casi 62%.

Es una de las primeras decisiones de las empresas luego de “liberarse el mercado de las naftas”. Esa “liberalización” que impulsó el Gobierno a través de su ministro de Energía, Juan José Aranguren, es para “equipara el sector energético con los precios del mercado internacional”.

Esto significa que, al estar “liberados”, los precios de los combustibles dependerán de la cotización de los productos energéticos en las bolsas de valores de Nueva York o Londres, por ejemplo. Si vivimos en un mundo “libre”, nos movemos y hacemos nuestra vida en “libertad”: ¿Por qué los combustibles y la energía no harían lo mismo?
  Como venimos afirmando desde la FeTERA, los aumentos y la política de “liberar” los precios de los productos energéticos a las leyes del mercado y la “libre” competencia y eliminar los subsidios estatales, como marca la regla número 1 de neoliberalismo, es una falacia.
El Estado sigue impulsando subsidios millonarios como el Plan Gas para garantizar las ganancias y el negocio a las empresas petroleras, en particular las productoras como Exxon, Total, Shell, PAE, Tecpetrol, YPF (51% estatal, pero privada desde su gestión), entre otras.
El Plan Gas es una medida que subsidia a la producción de gas (más del 50% de la energía que consumimos en el país proviene de ese hidrocarburo) y le garantiza un precio del millón de BTU a las empresas petroleras. En concreto, el Plan Gas establece subsidios y garantiza un precio para 2018 de 7,5 dólares el millón de BTU, un precio ficticio que beneficia clara y directamente a los grupos multinacionales ya que producirlo, reconocido por YPF en la bolsa de valores de Nueva York, cuesta 1,9 dólares el millón de BTU.
Si bien el Plan Gas fue impulsado por el anterior gobierno para beneficiar a las petroleras en la Cuenca Neuquina (Vaca Muerta), hoy continúa y se expande a otras cuencas productivas como la Cuenca Austral. Es decir, mientras el Gobierno de Macri nos dice que las tarifas y los combustibles tienen que aumentar, al mismo tiempo les garantiza un precio del gas a las petroleras a través de un subsidio estatal. Además, mantiene e impulsa beneficios impositivos, facilidades y todo lo que necesiten las compañías para garantizarles el negocio.

El neoliberalismo quiere precios “libres”, pero no pierden tiempo para utilizar al Estado para garantizarles el negocio. Es la “libertad” de las mercancías.

Desde la FeTERA y la CTA Autónoma denunciamos esta política sobre la energía que no es otra cosa que una nueva regulación estatal para que el negocio petrolero sigua aumentando sus ganancias.

Suba o baje el precio del barril de petróleo a nivel internacional, el Gobierno de Macri y Aranguren va a implementar lo que tenga que implementar para que el negocio de la Exxon, Chevron, Total, Tecpetrol (Techint), PAE (Bulgueroni), CGC (Aurnekian) y tantos otros acumulen más riquezas con nuestros recursos naturales.

Necesitamos coordinar espacios que rechazan los tarifazos pero para denunciar al modelo energético en su conjunto. El tarifazo es la consecuencia del modelo neoliberal de la energía que toma a nuestros recursos como una mercancía más, como un commoditie.

La energía es un derecho humano y para que se beneficie el pueblo entero y tenga el acceso garantizado necesitamos tirar abajo este modelo energético que tiene del mismo lado del mostrador a las compañías petroleras y el Ministerio de Energía promoviendo la “libertad de mercado”, pero al mismo tiempo son las mismas petroleras que viven de los subsidios estatales que paga el pueblo trabajador.
Por José Rigane

Sec. Adjunto de la CTA Autónoma y Sec. General de la FeTERA

Flexibilización laboral en Brasil: ¿también en Argentina?

En los últimos días, el Congreso de Brasil aprobó una reforma laboral que venía pidiendo el poder económico de ese país. Una flexibilización laboral que lleva la relación Patrón – Trabajadores a condiciones de trabajo propias del Siglo XIX. Es un golpe histórico contra los trabajadores/as de Brasil. Es cierto que es el plan de Macri, solo que esta avanzada ya comenzó en enero, cuando el gobierno firmó un convenio laboral totalmente flexibilizado y a la baja para los petroleros de Vaca Muerta. En esa oportunidad, Mauricio Macri lo presentó como el primero de varios “acuerdos” laborales, con lo cual no podemos tener dudas de cuál es el rumbo de Cambiemos en materia laboral. Las avanzadas empresarias, la de Vaca Muerta y la de Brasil, son una muestra de lo que quieren imponer en Argentina a larga escala y también en el resto del continente. Lo buscaran refrendar en la reunión de la OMC en diciembre en Argentina. Flexibilización del trabajo para golpear a todos los trabajadores, los no registrados, en negro, tercerizados y ultra flexibilizados, pero también a los trabajadores registrados y bajo convenio colectivo. Es una iniciativa muy preocupante que tiene que ser motivo de mayor organización, resistencia y unidad de las organizaciones de trabajadores. Sean centrales sindicales, gremios o comisiones internas. En Vaca Muerta no sólo redujeron los equipos de trabajo y despidiendo trabajadores, también sacaron beneficios laborales, achicaron horas de descanso y bajaron los salarios bajo el argumento de “estabilidad laboral”, pero también aumentaron la velocidad de perforación de los equipos petroleros. Es decir, más explotación a los trabajadores para mayor rentabilidad de los patrones. En Brasil, la flexibilización que acaba de aprobarse en el Congreso avalada por el presidente Temer permite que las empresas puedan negociar directamente con los trabajadores, dejando a un lado la ley laboral. Así, por ejemplo, la duración de la jornada laboral, los despidos, el grado de insalubridad, el salario, el régimen de trabajo, la remuneración por productividad, entre otros puntos, quedará para lo que acuerde un trabajador con la empresa, no en un acuerdo de convenio donde participan los sindicatos.

La reforma de flexibilización en Brasil lleva a contratos laborales esporádicos y totalmente precarizados, donde la patronal tiene “flexibilidad” sobre el tiempo que toma a un trabajador en un puesto. Es la exacerbación del contrato basura, la tercerización de los contratos laborales. Antes de la flexibilización las trabajadoras embarazadas debían guardar reposo o trabajar alejadas de puestos o zonas de insalubridad laboral. Con la reforma, las embarazadas van a tener que trabajar en puestos de insalubridad media y mínima (solo exceptuado un frigorífico o un hospital en áreas de infección). Queda habilitada la jornada de 12 horas diarias (60 horas semanales) cuando antes la ley marcaba 8 horas semanales. Los intervalos de descanso y almuerzo eran de 1 hora y pasaron a 30 minutos. Con esta flexibilización laboral, los empresarios en Brasil se desligan de las responsabilidades y costeo de la salud, seguridad e higiene. Por su parte, los sindicatos pierden fuerza y organización. En empresas con más de 200 trabajadores, los propios empleados van a poder “acordar” con los patrones, sin necesidad del sindicato. Ante un juicio, el trabajador deberá asumir los costos judiciales si pierde la demanda (la Corte Suprema de Justicia en Argentina ya avanzó también sobre este punto en un fallo en este sentido la semana pasada). ¿En Argentina el empresariado y el Gobierno de Macri intentarán hacerlo de forma “gradual” convenio por convenio o apelarán a un golpe único? Los trabajadores/as no vamos a dejar que avancen. Desde la CTA Autónoma denunciamos fuertemente el “acuerdo de productividad” de Vaca Muerta y señalamos que en Argentina esta nueva flexibilización laboral contra los trabajadores/as no va a pasar. Sea convenio por convenio o toda la flexibilización junta, vamos a frenarla. Advertimos a los empresarios y el gobierno que los trabajadores/as tenemos memoria y tradición de lucha y que estamos dispuestos a enfrentar en unidad con todos los sectores del movimiento obrero y demás sectores sociales esta nueva avanzada que quiere llevar nuestros derechos laborales a los que había hace dos siglos atrás. Van a intentar derrotarnos en el Congreso de la Nación, en los Ministerios, en la justicia y en cada empresa y conflicto que haya. Y como ya quedó demostrado en PepsiCo van a intentar derrotarnos con represión. También intentaran cooptar y corromper dirigentes sindicales o sindicales pro-patronales. Ninguna de estas iniciativas que tengan podrá superarnos. Nos solidarizamos con la lucha de los trabajadores/as de Brasil, una clase trabajadora hermana que también sabe de luchas y memoria histórica y que ya se está organizando para superar y hacer retroceder esta ofensiva del capitalismo brasilero.

Son momentos importantes en el país y hay que estar atentos. Es primordial superar todos los egoísmos que nos separan y poner por delante la unidad de los trabajadores/as y sus organizaciones sindicales. Es importante la unidad de acción de las dos CTA (Autónoma y de los Trabajadores) y la CGT. Es importante cada lucha en cada lugar de trabajo y si los patrones se juntan detrás de sus intereses, los trabajadores debemos y tenemos que hacer lo mismo, porque sabemos que si lo hacemos, ganamos.

José Rigane

Sec. Adjunto de la CTA Autónoma y Sec. General de FeTERA

Se reunió la Conducción Nacional de la CTA Autónoma

En el día de ayer se reunió la Comisión de la Mesa Ejecutiva Nacional de la CTA Autónoma con la presencia de compañeras y compañeros de distintas provincias y gremios nacionales.

En ella dejaron de manifiesto la avanzada del gobierno contra los derechos de las trabajadoras y trabajadores de la mano de los despidos que no cesan, el plan de flexibilización laboral, los tarifazos, la situación de nulas posibilidades para los jóvenes, cómo así también la de los jubilados, en un contexto donde los magros salarios quedan por debajo de la línea de la pobreza.

En este sentido, Pablo Micheli, Secretario General  y de la CTA-A, hizo hincapié en la urgente necesidad de “confluir las tres Centrales en una medida de acción conjunta a nivel nacional”, al tiempo que afirmó que llevar acciones todos por separados “es hacerle el juego al gobierno que busca dividir para debilitar”.

En esta misma línea, la conducción nacional de la CTA-A expresó su preocupación ante el atropello del gobierno a la libertad y la democracia sindical.

La intervención de la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza, la intromisión en las elecciones del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Ledesma (SOEAIL),  la determinación tomada con el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas (SIVENDIA), la embestida contra los abogados laboralista señalados de “mafiosos” por el propio presidente de la Nación Mauricio Macri, dan cuenta del objetivo planteado por el gobierno a lo largo y ancho del país.

José Rigane, Secretario Adjunto de la CTA-A remarcó que  “el gobierno de Macri está convencido de que el mejor sindicato es el que no existe, por eso hay 6 intervenciones en gremios y algunas más en proyecto”.  Además, remarcó que las empresas, el poder económico, la justicia y el Gobierno quieren un trabajador que no se sepa “defender”

“Es importante caminar hacia medidas contundentes de todo el movimiento obrero organizado, como un nuevo paro general y movilizaciones para confrontar esta y otras políticas neoliberales del gobierno de Macri”, cerró Rigane.

Con personería gremial: Se abre una nueva etapa para la FeTERA

Luego de 17 años de haber realizado la presentación ante el Ministerio de Trabajo de la Nación para obtener la personería gremial, la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA / CTA Autónoma) obtuvo la mayor representación gremial que puede obtener. Fueron 17 años de lucha y organización por la libertad y democracia sindical. Fueron 17 años de lucha por el derecho de los trabajadores y trabajadoras. Creada en 1995, se abre una nueva etapa para la FeTERA.

Hoy, 3 de julio de 2017, la Sala 5ta de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, a través de la sentencia definitiva 80.331, por mayoría le otorgó la personería a la FeTERA, que la había solicitado en el año 2000.

“Esto es una demostración de que la lucha de los trabajadores y trabajadoras de la FeTERA a lo largo de estos años dio sus frutos. No nos dimos por vencidos nunca y ahora podemos ver este gran triunfo y ponernos muy contentos”, afirmó a Prensa FeTERA el secretario General de la FeTERA y Adjunto de la CTA Autónoma, José Rigane.

“La justicia, cuando es ejercida correctamente, resuelve los problemas que debería resolver el Ministerio de Trabajo, que ahora tiene que demostrar que es posible tener libertad y democracia sindical en Argentina”, señaló Rigane. “Vamos a seguir luchando por más libertad y democracia sindical en Argentina”, expresó.

El juicio es “FEDERACION DE TRABAJADORES DE LA ENERGIA DE La REPUBLICA ARGENTINA c/MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL s/ LEY DE ASOC SINDICALES”.

La sentencia, conocida hoy, afirma: “En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL POR MAYORÍA RESUELVE: 1) Hacer lugar a la acción incoada por la actora y ordenar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad social de la Nación otorgar personería gremial a la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina en el ámbito requerido”.

El abogado de la FeTERA, Guillermo Gianibelli, también habló con Prensa FeTERA y expresó que “en el día de hoy, la Cámara de Apelaciones del Trabajo resolvió que FeTERA esta en condiciones de obtener su personería gremial”. Y agregó que “la resolución dispone el otorgamiento de la personería. El tramite que resta, y que debe ser cumplido por el Ministerio de Trabajo, es formal”.

Gianibelli se refirió al tramite que falta: “Ahora, el expediente debe volver al ministerio para que, directamente con una resolución de Jorge Triaca, se disponga la resolución y el número de la personería gremial”. “Esto último es un tramite de resolución de la sentencia, el ministerio no puede demorar meses y tiene que cumplir la sentencia que ordena la justicia”, explicó.

“Esta es una resolución de la Cámara, es decir de la segunda instancia. Por régimen procedimental de la Ley de Asociaciones Sindicales la primera instancia es el ministerio y la segunda la Cámara”, comentó.

El abogado contó que “en 2016 se consideró que el Ministerio de Trabajo todavía no se había expedido y habíamos entrado en lo que se conoce como ‘negatoria tacita’, revisable, por ende, por la Cámara de Apelaciones del Trabajo, conforme por el artículo 52 de la ley 23.551. A partir de allí, la Cámara de Apelaciones convocó a tres audiencias entre el Ministerio de Trabajo y la FeTERA para encontrar una formula de resolución. El ministerio no llevó en las tres audiencias ninguna propuesta”.

Al igual que Rigane, Gianibelli rescató el rol que cumplió también la Organización Internacional del Trabajo (OIT): “Hay una intervención de la OIT que le ordenó al gobierno argentino que resolviera el tramite de la personería gremial de la FeTERA. Esto es importante porque parte de las modificaciones que tuvo la ley 23.551 fueron porque la OIT le señaló al gobierno que tenia que adaptar su norma. La OIT consideró también que un trámite tan dilatado en el tiempo era una violación del convenio 87, por eso le dijo al gobierno argentino que resuelva el tema de la FeTERA”.