Jordi Turull

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Tras el anuncio soberanista del Parlament catalán, la vicepresidenta del Gobierno de España compareció con carácter urgente en el Congreso de los Diputados para explicar que la maquinaria del Estado se pondrá en marcha de inmediato.

Los partidos independentistas catalanes del Parlament autonómico, Junts pel Sí y CUP, han logrado este miércoles que se apruebe por mayoría absoluta, entre un fuerte ambiente de división y oposición en la cámara, la vía unilateral que fija los pasos a seguir para la desconexión de Cataluña respecto de España, desafiando así al Tribunal Constitucional (que declaró inconstitucional la consulta soberanista).

¿Qué puede hacer el Gobierno de España?

Tras la decisión adoptada en el Parlament, la vicepresidenta en funciones del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, compareció con carácter urgente en el Congreso de los Diputados para explicar que la maquinaria del Estado se pondrá en marcha de inmediato, informa el portal Economía Digital. De esta forma, ha informado de que este viernes el Consejo de Ministros aprobará un acuerdo para autorizar a la Abogacía del Estado a que presente ante el Tribunal Constitucional un incidente de ejecución de sentencia contra la resolución para no permitir que el proceso secesionista siga adelante.

Sáenz de Santamaría considera que la decisión del Parlament supone la vulneración del derecho de los españoles a decidir cuál es su marco constitucional y la ha calificado de «paso contumaz y grave».

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¿Quién es el responsable?

Asimismo, lo que Madrid podría hacer frente a la decisión de los partidos independentistas puede implicar sanciones económicas y políticas, pero estas dependen de a quién se considere responsable directo.

La presidenta de la Mesa de la cámara catalana, Carme Forcadell, insiste en que no tiene responsabilidad en la iniciativa ya que, apunta, fueron los portavoces de Junts pel Sí y la CUP, Jordi Turull y Anna Gabriel respectivamente, los que forzaron que se incluyera en el orden del día del pleno esa votación. La Mesa la había desestimado, pero el pleno es soberano sobre las decisiones de la Mesa.

Xavier Arbós, catedrático de derecho constitucional, considera que el Constitucional se podría dirigir contra ellos y que además los diputados que votaron no pueden ser objeto de esas medidas coercitivas porque actuaron en virtud de su libertad de expresión.

¿Cuál sería el ‘castigo’?

El artículo 87 de la ley orgánica del Constitucional sostiene que «los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que (este órgano) resuelva» y el artículo 92 establece que se pueden aplicar medidas sancionadoras, que van desde «una multa coercitiva de 3.000 a 30.000 euros a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplieran las resoluciones del Tribunal».

Este último artículo contempla que se puede «reiterar la multa hasta el cumplimiento íntegro de lo mandado» o «acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal». Asimismo, indica que se puede «deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder».

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«Saltárse un semáforo en rojo»

Arbós asegura que la decisión del Parlament supone «saltarse un semafóro en rojo» y que, ante esa cuestión, «no cabe una rectificación, porque ya se ha saltado».

El portal indica que el problema al que se enfrenta el Tribunal Constitucional, a pesar de que los partidos independentistas lo circunscriban a una cuestión política, tiene un matiz y una envergadura jurídica.

¿Qué implica la desconexión catalana de España?

El documento sobre la desconexión catalana critica que el marco jurídico y constitucional español no deja «margen de acción para el reconocimiento del derecho a decidir» de los catalanes, por lo que insta a «la activación de un proceso constituyente propio» y a la inclusión de «un mecanismo unilateral de ejercicio democrático», informa ‘El Mundo’.

Para aprobar una Constitución catalana y alcanzar la independencia, el documento ve necesarias tres fases:

• Un proceso participativo entre la ciudadanía para elaborar las bases de la futura Constitución.
• Aprobar las tres leyes de desconexión (la de la Seguridad Social, la de la Hacienda propia y la de transitoriedad jurídica) y celebración del referéndum unilateral.
• Ratificar la Constitución popularmente mediante otro referéndum.

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En los últimos años el deseo independentista ha aumentado significativamente en la comunidad autónoma española. El pasado 29 de junio, el presidente catalán llamó a acelerar el proceso de independencia mientras denunciaba la decisión de juzgar al expresidente Artur Mas por organizar la consulta sobre la independencia de Cataluña en noviembre de 2014. En ella, 2,3 millones de personas fueron preguntadas si deseaban un Estado catalán y, en caso de que así fuera, si querían que este fuera independiente: el 80,76% dio una respuesta afirmativa a ambas cuestiones.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional español declaró inconstitucional la consulta a posteriori.

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