El Tribunal Superior de Justicia envía a juicio a Mas, Ortega y Rigau por desobediencia grave por el 9-N

Noticias de Cataluña y España

Persecución a dirigentes catalanes: Reclamo del gobierno a la ONU y al Consejo de Europa

 

El magistrado los acusa de desobediencia grave y prevaricación.

 

El juez instructor del caso del 9-N ha abierto juicio oral contra el ex-presidente de la Generalitat, Artur Mas, la ex-vicepresidenta del gobierno Joana Ortega y el ex-consejera de educación, Irene Rigau, por delitos de desobediencia y prevaricación administrativa. En cambio, el juez denegó abrir juicio oral por un delito de malversación de fondos públicos, único que podía implicar penas de prisión. La fiscalía no los acusó de este delito y pidió diez años de inhabilitación para Mas y 9 para Ortega y Rigau por la organización del proceso participativo del 9-N. En cambio, la acusación popular pedía seis años de prisión por malversación, delito que fue denegado por el juez.

El ministerio público considera a Mas autor de los delitos de desobediencia grave y prevaricación administrativa, y a Ortega y Rigau las considera cooperadoras necesarias de los mismos delitos. Según los fiscales, los tres eran ‘conscientes’ que con las acciones preparatorias del proceso participativo ‘rompían el obligado cumplimiento de las decisiones del Tribunal Constitucional’, que el 4 de noviembre, cinco días antes de las votaciones, ordenó suspender el proceso.

El gobierno catalán denuncia en la ONU la persecución a los diputados independentistas

El Ejecutivo también acusa al Gobierno español de vulnerar derechos fundamentales

El gobierno de Carles Puigdemont pidió ayuda internacional para denunciar la ‘persecución de los representantes electos que apoyaron la resolución I / XI del Parlamento de Cataluña’. Este documento, aprobado por el pleno el 9 de noviembre del año pasado, señalaba el inicio del proceso político de creación de un Estado catalán en forma de república, resultado de las elecciones del 27 de septiembre, que dieron una mayoría parlamentaria partidaria de la independencia.

Manuel Manonelles       

Según ha informado La Vanguardia, el director general de Asuntos Multilaterales y Europeos del Departamento de Asuntos Exteriores de la Generalitat, Manuel Manonelles, envió a finales de agosto tres cartas a la ONU y al Consejo de Europa. Concretamente, en Zeid Ra’ad Al Hussein, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, a Gianni Magazzeni, el responsable del mismo comisionado para América, Europa y Asia Central, y Nils Muiznieks, el comisionado para a los derechos humanos del Consejo de Europa.

En estas cartas, la Generalitat denuncia la ‘persecución judicial’ de los diputados independentistas y anuncia las medidas que aplicará el gobierno catalán para preservar los derechos fundamentales afectados por las decisiones del Estado español. El texto se refiere a la suspensión de leyes catalanas de carácter social, como la ley de medidas urgentes para paliar situaciones de emergencia social, la ley de vivienda social o de pobreza energética.

Persecución de cargos electos y vulneración de derechos fundamentales

En cuanto a la primera cuestión, el gobierno traslada la decisión de la comisión de Justicia del 23 de junio, que instaba al gobierno a elevar a los organismos internacionales de derechos humanos el ‘carácter antidemocrático de las instituciones judiciales españolas’. Asimismo, comunica la reprobación del fiscal jefe de la Audiencia española, Javier Zaragoza, por haber dar la orden de ‘perseguir a los cargos electos catalanes’, y lamenta el uso de la justicia por parte del gobierno español, que ‘vulnera los derechos fundamentales y políticos de los representantes catalanes’.

Las cartas incluyen un anexo con nueve medidas para proteger los derechos fundamentales afectados por decisiones de España. El gobierno garantizará, dice el texto, ‘el acceso a la asistencia sanitaria pública y de calidad’ y mantendrá el sistema educativo de Cataluña. Asimismo, asegura que defenderá la autonomía de los gobiernos locales, la política de acogida de refugiados, el derecho de aborto, la financiación de la emergencia social y la gestión de la deuda.

 

Barcelona (INCAT-Vilaweb).

“Es indignante pertenecer a un Estado como España que considera delito consultar a la ciudadanía catalana”

Noticias de Cataluña y España

 

El cantautor y diputado Lluís Llach explotó contra España tras conocer la petición de la Fiscalía para inhabilitar a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau

Las reacciones a la insultante petición de inhabilitación de Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por parte de la Fiscalía siguen registrándose y cada vez con mayor indignación, tal como la que protagonizó el diputado por Girona Lluís Llach, quien sostuvo que es “indignante” pertenecer a un Estado que considera “delito” consultar a la ciudadanía. “En una democracia no se pueden desactivar las urnas, hacerlo es una vergüenza democrática”. Y agregó que “estamos ante una persecución judicial en toda la regla y un Estado alérgico a la democracia”.

Preguntado sobre si repetiría el mismo proceso, el célebre cantautor a cuyo talento se debe la emblemática canción La Estaca, aseguró sin dudarlo que “hoy repetiría todos los actos con la misma determinación”, refiriéndose a la consulta popular del 9N, por cuya convocatoria fuera sancionado el ex presidente y las dos consejeras mencionadas. “Tenemos más fuerza que nunca para cumplir el mandato democrático y seguiremos adelante”, remarcó Lluís Llach.-

Los diez años de inhabilitación que la Fiscalía pidió para Artur Mas


Reacción del ex presidente ante la injusta petición que se extendió a Joana Ortega e Irene Rigau por la convocatoria y realización de la consulta popular conocida como del 9N

                           

El ex presidente Artur Mas y la ex vicepresidenta Joana Ortega (Foto de archivo).

La Fiscalía ya se ha pronunciado y presentó el escrito de acusación contra el ex presidente Mas, Joana Ortega e Irene Rigau. Este escrito, presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pide 10 años de inhabilitación para Artur Mas por la convocatoria y realización de la consulta popular conocida como del 9N. Las peticiones hacia la ex-vicepresidenta Ortega y la ex-consejera Rigau son de 9 años de inhabilitación y los delitos de los que son acusados son desobediencia y prevaricación. El de malversación de fondos públicos fue descartado por la Fiscalía.

Tras conocerse la petición de la Fiscalía de inhabilitarlo, Artur Mas compareció ante los medios de comunicación para manifestar que “para un soberanista es un honor ser procesado por los poderes españoles por poner las urnas a la consideración del pueblo”. Además, acusó al gobierno español de estar detrás de un “gran aquelarre judicial y una salvajada judicial”.

Las declaraciones fueron pronunciadas en la sede del partido y con la compañía de Irene Rigau y Joana Ortega, donde el ex presidente también criticó y puso en duda “la separación de poderes en España”, ya que nueve fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no vieron ningún delito, pero presentaron después la querella a raíz de las presiones ejercidas por la Fiscalía General del Estado y del Gobierno español.-

Homs en el Supremo: “Actué siguiendo el mandato del Parlament”

El ex-conseller de la Presidència, Francesc Homs, pone de manifiesto que asumió los preparativos y que actuó por mandato parlamentario.

En su declaración ante el Tribunal Supremo por la consulta del 9N, Francesc Homs justificó en todo momento que la decisión de suspender la consulta es una maniobra del Gobierno Español para detener el proceso soberanista y que no había, desde la Generalitat, manera de detener la jornada participativa.

“En todo momento se actuó no sólo de foramen prudente sino razonable” argumentó Homs, poniendo de relieve el hecho de que tiene la “impresión de que este es un juicio más político que de debate jurídico”.

Ante las diferentes preguntas del magistrado, Homs nunca negó su implicación en los preparativos de la consulta. Es más, dijo en reiteradas ocasiones la misma expresión: “Soy el responsable”. Y argumentó que era “público y notorio” lo que se estaba preparando desde el Govern de la Generalitat.

La defensa del alegato del ex-conseller pasó por muchos momentos de ataque al Gobierno español. Homs remarcó que el ejecutivo estaba desesperado para frenar la consulta, que en aquel momento era para el ejecutivo de Rajoy el icono del procés.

“La obsesión del Gobierno español era neutralizar fácticamente lo que se hacía en Cataluña e intimidar”, señaló Homs. Y agregó: “Claro, se montó lo que se montó de buena manera, 2.350.000 personas, y a partir de aquí en vez de actuar políticamente que es como creo que gente sensata de cualquier signo piensa que se tendría que haber actuado, pues no, forzó a la Fiscalía incluso con la dimisión del fiscal general del Estado, cambiando de posición y humillando a la Fiscalía de Cataluña”.

Indignados por la persecución, líderes europeos reclaman solución política al proceso catalán

Eurodiputados ingleses, lituanos, belgas y escoceses, entre otros, alzaron su voz en abierta oposición a la actitud del gobierno español que busca inhabilitar a líderes democráticos

                           Ian Duncan.

La decisión de la Fiscalía de inhabilitar a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por el “grave delito” de convocar a los ciudadanos de Cataluña a las urnas el 9 de noviembre de 2014 (conocido como el 9N), no pasó desapercibida en Europa ya que se oyeron quejas por doquier, a la vez que reclamaron “diálogo” y “soluciones políticas” a Mariano Rajoy. “¿Qué tipo de democracia es ésta? No se puede decidir el futuro de una nación en los juzgados”, se quejó el tory británico Ian Duncan.

 

 

“Si realmente quieres resolver el tema, los procedimientos legales pueden estorbar y es mejor encontrar soluciones políticas”, manifestó también la belga Kathleen van Brempt, vicepresidenta del grupo socialdemócrata en la Eurocámara.

“Hay una solución política y no se deberían utilizar amenazas legales para arrinconar a los políticos, porque esto generará resultados totalmente opuestos”, advirtió también el vicepresidente de los liberales europeos, el lituano Petras Austrevicius.

“Es muy sorprendente que se lleve a los juzgados a un presidente que fue elegido democráticamente y que ha dado al pueblo catalán la oportunidad de expresarse”, se escandalizó desde el grupo de los Verdes Ian Hudgton, del Scotland National Party escocés.

Incluso los eurófobos británicos del UKIP exigen al gobierno español que “encuentre una solución en las urnas” al problema catalán, en vez “de utilizar un proceso judicial contra un líder elegido democráticamente”, tal como manifestó Jonathan Arnott, en declaraciones a la agencia catalana ACN, como los otros cuatro eurodiputados.-

 

Barcelona (INCAT-Per Catalunya).-

El tribunal supremo de justicia catalán llevará a juicio a Artur Mas, por el 9N del 2014

 

28 junio, 2016

Noticias de Cataluña

El TSJC considera que los tres ex funcionarios, Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau cometieron prevaricación al organizar una consulta prohibida por el Tribunal Constitucional

Barcelona. (INCAT).- Joan Manel Abril, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), acaba de dar por concluida la causa por la consulta del 9N y abre las puertas al juicio a los tres implicados por desobediencia al TC y prevaricación: Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau.

El funcionario judicial sostiene que el 9N no se trató de una jornada sólo con voluntarios, sino que también hubo participación institucional. Y que los acusados conocían bien la prohibición y decidieron no acatarla, avalando los contratos con empresas que se encargaron de dar soporte informático a la consulta y adecuar un centro de prensa, además de la confección de urnas y boletas.

Con esta decisión, Abril dio por concluida su labor al frente del TSJC y pidió la excedencia de la carrera judicial en España. Ahora integrará el Tribunal Supremo de Andorra y se dedicará a la cátedra de Derecho Civil. Todos los recursos que se presenten a partir de ahora estarán a cargo de otro magistrado, Francisco Valls Gombau.