Presupuesto 2018: “se debe hacer un esfuerzo en bajar la presión impositiva”

El diputado Guillermo Castello destacó que habrá un importante recorte en el gasto político.

El diputado provincial de Cambiemos, Guillermo Castello, se refirió al proyecto del Presupuesto 2018 que elevó la gobernadora María Eugenia Vidal.

En diálogo con PuntoClub (FM96.3ClubRadio), el legislador marplatense explicó que «el presupuesto va a caer en la Cámara la semana que viene y me parece que se pueden mejorar algunos aspectos».

Para el diputado «se deben cortar algunas cuestiones impositivas, me parece que se puede hacer un esfuerzo mayor en ese tema».

«La presión impositiva sobre el pueblo de la provincia de Buenos Aires es muy alto y no de ahora sino después de 12 años que ha ido aumentando de 20 a 40 por ciento la presión impositiva», resaltó.

Castello fue claro al indicar que «la gente no puede pagar mas impuestos y creo que también se debe hacer un esfuerzo en el gasto político y eso está previsto, tanto en la legislatura como en los organismos intermedios».

«Hay un montón de estructuras que nosotros debemos dar el ejemplo y hay un gasto dentro de la legislatura que nos hemos comprometido a recortar que es el gasto político que lo bajaremos a 2500 millones de pesos, es una muy buena señal que da la política a la ciudadanía», afirmó.

Estafa en IOMA: diputado marplatense reveló nuevos detalles

Guillermo Castello interviene como Amicus Curiae en la denuncia iniciada por Elisa Carrió en la cual se investigan varios hechos de corrupción.

Tras conocerse la remoción de un funcionario y cinco empleados pertenecientes al área de internaciones domiciliarias de IOMA, decisión tomada por el organismo con la aprobación de la Asesoría General de Gobierno luego de ser acusados de conformar una asociación ilícita para desviar fondos públicos, el legislador Guillermo Castello manifestó su satisfacción por el avance de la causa, tanto en el plano judicial como administrativo.

El diputado «lilito», que interviene como Amicus Curiae en la denuncia iniciada por Elisa Carrió en la cual se investigan varios hechos de corrupción ocurridos durante la gestión bonaerense de Daniel Scioli, describió la creación, dentro de IOMA, de «un circuito paralelo del servicio de internaciones domiciliarias para beneficiar a cinco empresas, causando un perjuicio patrimonial a la Provincia de Buenos Aires de más de 650 millones de pesos«. 

Castello afirmó que «en la causa está probado que 18 directivos de IOMA en complicidad con dos empresarios privados montaron una estructura para perjudicar patrimonialmente al fisco bonaerense mediante el direccionamiento delictivo de internaciones domiciliarias que no se prestaban o se hacían en forma parcial y se justificaban mediante la falsificación de firmas de pacientes en los registros de servicios”, describió el diputado provincial. 

El legislador también aportó datos sobre cómo se materializaba la operatoria fraudulenta: «en el expediente se han comprobado innumerables maniobras delictivas para pagar prestaciones inexistentes, como la existencia de dos empleadas no abogadas que resolvían los amparos en serie y sin ninguna estrategia jurídica, la falsificación de  firmas de afiliados y de pacientes en estado vegetativo con las que se justificaba la facturación por servicios no prestados, la derivación automática y sin auditoría de la mayoría de las internaciones domiciliarias a 5 empresas allegadas al Presidente.

Proponen moderar multas a comercios bonaerenses

El diputado marplatense Guillermo Castello impulsa un proyecto de reforma a la ley provincial 10.149, que contempla las sanciones que aplica el Ministerio de Trabajo al sector privado.

El diputado provincial por Cambiemos, Guillermo Castello se reunió con autoridades de la UCIP de Mar del Plata para interiorizarse sobre la situación de los diversos sectores que nuclea la entidad y someter a consideración su proyecto de reforma a la ley provincial 10.149, que contempla las sanciones que aplica el Ministerio de Trabajo al sector privado.
Al respecto Castello expresó que la mencionada ley «impone multas que son arbitrarias y desproporcionadas y que conspiran contra la inversión y la creación de empleo, llegando en muchos casos al cierre de PyMES debido a lo exorbitante de los montos. Es por ello que venimos trabajando en un proyecto de reforma a la ley 10.149 que cambie el régimen de sanciones que aplica el Ministerio de Trabajo provincial para que dichas multas dejen de ser abusivas», afirmó.
Castello relató que luego de numerosas reuniones con gran cantidad de titulares de empresas locales y provinciales, ha advertido que la normativa vigente se presta a arbitrariedades muy graves por parte de los inspectores y en la confección de las actas de infracción. “Además, la multa se multiplica por la cantidad de empleados que la firma tenga en el momento de la inspección y, para colmo, si el afectado quiere acudir a la Justicia primero debe pagar, violandose su derecho constitucional de defensa», describió el diputado.
De la reunión participaron el presidente de UCIP, Dr. Raúl Lamacchia; el Secretario, CPN Juan Blas Taladrid, la candidata a concejal por Cambiemos, Lic. Angelica Gonzalez, titulares de diversas firmas locales y asesores contables y jurídicos.

La UCIP pidió cambios en ley que regula aspectos vinculados con el trabajo

Dirigentes se reunieron con el diputado provincial Guillermo Castello (Cambiemos). Se planteó la necesidad de reformular la Ley 10.149.

El diputado del Frente Cambiemos, Guillermo Castello y la candidata a concejal Angélica Gonzalez participaron de una jornada de trabajo en la que estuvo presente el presidente de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata, Dr. Raúl Lamacchia; el secretario de la entidad, Cdor. Juan Blas Taladrid; el presidente de la Unión Industrial Marplatense (UIM), Fernando Orengia; el secretario de la UIM, Nelson Siniscalchi y el director del Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de UCIP, Lic. Matías Berg junto con representantes de destacadas empresas de la ciudad.

El diputado se acercó para escuchar las necesidades concretas del sector PYME tanto del comercio, la industria como las producciones intensivas, en pos de una reforma y modernización de la Ley 10.149 para que genere más inversiones. En el encuentro Guillermo Castello señaló su intención  de trabajar para simplificar la relación entre el Estado y el sector privado y así trabajar mancomunadamente.

Se le planteó al diputado la necesidad de generar inspecciones preventivas no punitivas ya que muchas veces las multas y las sanciones van en relación a la cantidad de empleados de la nómina y no a los empleados dispuestos a un riesgo determinado, lo que hace que sea un valor imposible de pagar para muchas empresas.

Por otro lado se recalcó también la importancia de poder ver previamente el acta teniendo en cuenta que hoy los sistemas de acta informática hacen que el inspector la labre y recién pueda el empresario notificarse de las mismas al día siguiente sin tener la posibilidad de hacer un descargo en ella.

Durante la misma también se trató la Ley ART en la Provincia de Buenos Aires, la cual se espera su sanción y permitirá disminuir la judicialización de los reclamos por enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, ayudando a minimizar los riesgos y contingencias que hoy sufren las PYMES argentinas.

Los empresarios presentes manifestaron la importancia de la misma teniendo en cuenta que la alícuota que pagan las PYMES va desde el 4,5% al 25% del salario. En sus inicios, cuando el sistema de las ART comenzó la alícuota era del 1,5%, siendo ahora estos valores debido a esta industria de juicios laborales que afecta a las empresas.

Por su parte la UCIP, manifestó su apoyo, indicando que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), representante de la UCIP a nivel nacional, ha tenido un importante papel en su debate en el Congreso reclamando, frente a la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, la modificación del viejo sistema de ART para terminar con la “industria del juicio”. Manifestado que en la provincia de Buenos Aires hay una gran preocupación por la ascendente litigiosidad laboral en julio creció un 43% en comparación con el mismo periodo del año 2016.

Cabe resaltar, que la nueva ley elimina la doble vía de reclamo judicial (laboral y civil) y establece una instancia administrativa previa y obligatoria, que determina a ir ante las comisiones médicas jurisdiccional. Después, de lo que resuelva ésta, el empleado si no está de acuerdo puede ir directamente a apelar directamente ante la Justicia laboral o ante la comisión central. Es por esto que se coincidió en la adhesión a la misma teniendo en cuenta que brinda soluciones a esta problemática que pone en riesgo la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas.

Denunciar hechos de corrupción tendrá recompensa

Se trata de un proyecto de ley del diputado marplatense Guillermo Castello.

El diputado provincial por Cambiemos, Guillermo Castello, presentó en la Cámara de Diputados provincial un novedoso proyecto de ley que habilita a cualquier ciudadano a denunciar en la justicia un caso de corrupción para recuperar fondos del Estado utilizados ilegalmente y obtener una recompensa económica.
Al respecto, el legislador marplatense manifestó que “la Acción Qui Tam es un instrumento ideal para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a combatir la corrupción. Posibilita que cualquier habitante pueda beneficiarse económicamente al establecer una recompensa pecuniaria a quien, con su accionar, haya permitido recuperar fondos o bienes públicos ilícitamente sustraídos al Estado o haya evitado su sustracción antes de producirse”.
Castello afirmó que “la ley tiene enormes virtudes: promueve la transparencia y previene la corrupción en la gestión pública, restituye recursos económicos a las arcas estatales, promueve la cultura del control en la sociedad, y no sólo profundiza el compromiso social, sino que también lo recompensa”.
Finalmente, el diputado oficialista sostuvo que “la acción Qui Tam es una de las principales herramientas en la lucha contra la corrupción en Estados Unidos, ya que sólo durante el año pasado le ha permitido al Estado recuperar 5.000 millones de dólares. La corrupción es un problema demasiado importante para dejarlo sólo en manos del Estado”, concluyó.