Castello: “Cambiemos con más leyes anticorrupción”

Por: Guillermo Castello – diputado provincial por CAMBIEMOS

Recientemente hemos presentado un conjunto de cuatro proyectos de ley que, de aprobarse, significarán un histórico avance en la lucha contra la corrupción en la Provincia de Buenos Aires.

El primero permite investiga​r penalmente a funcionarios con fueros, el segundo incorpora el Juicio por Jurados para delitos de corrupción, el tercero reglamenta la figura del Arrepentido, y el último adhiere a la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública. Veamos cada uno de ellos.

Ley Antifueros

En primer lugar, proponemos modificar la legislación que hoy impide en nuestra provincia avanzar en investigaciones penales contra funcionarios que gocen de inmunidades constitucionales, es decir, legisladores, magistrados y funcionarios del Poder Ejecutivo. Concretamente la ley hoy dice que mientras el imputado no sea privado de sus fueros, suspendido o destituido, el juez declarará “que no se puede proceder y ordenará el archivo de las actuaciones”.

Con nuestro proyecto, tomado en gran parte de la ley que rige a nivel nacional y que fuera impulsada por la Dra. Carrió, el juez y el fiscal que intervengan en un proceso penal contra un funcionario con fueros podrá continuar la investigación hasta su finalización, pudiendo incluso citar a declaración indagatoria al imputado. Boudou, Máximo Kirchner, De Vido y Kicillof han sido citados como imputados por la Justicia Nacional mientras tenían fueros, algo que con la legislación actual no es posible en nuestra provincia.

Incorporamos expresamente la libertad probatoria como regla y la interpretación restrictiva de los fueros, de manera que el juez que investigue pueda ordenar allanamientos o interceptaciones telefónicas o de correspondencia, algo que incluso la ley nacional hoy no permite sin autorización del Congreso.

De aprobarse este proyecto, permitirá a la justicia bonaerense investigar penalmente los delitos de corrupción en tiempo real, esto es, mientras los funcionarios se encuentren desempeñando su cargo.

Juicio por Jurados para la corrupción

En otro de los proyectos proponemos que los delitos de corrupción (Asociación Ilícita, Enriquecimiento Ilícito, Cohecho, Lavado de Activos, etc.) sean juzgados por Jurados compuestos íntegramente por legos, es decir, no abogados, mediante procesos dirigidos por jueces y en los que naturalmente se respeten todas las garantías procesales y constitucionales.

En la actualidad sólo la provincia de Córdoba juzga los delitos de corrupción con jurados aunque su integración es mixta, abogados y no abogados, lo que hace que muchas veces prime la posición de los primeros.

Nuestra provincia ya prevé el Juicio por Jurados pero limitado a delitos con penas muy altas y es optativo para el imputado, lo que desvirtúa su aplicación, motivo por el cual establecemos en nuestro texto la obligatoriedad.

De aprobarse este proyecto nuestra provincia sería la primera en el país en la que los acusados de corrupción serán juzgados por jurados populares, lo que generará una mayor publicidad de los delitos y sus autores, una menor sensación de impunidad, una mayor credibilidad en el sistema judicial y, en general, una mayor legitimidad ciudadana de los veredictos, sean estos de culpabilidad o de inocencia.

Ley de Arrepentido

En otra de nuestras propuestas legislativas proponemos reglamentar procesalmente la ley conocida como “de Arrepentido”, aprobada el año pasado a nivel nacional.

Para su aplicación resulta indispensable incorporarla al procedimiento penal provincial, lo que hacemos en nuestro proyecto ampliando lo más posible el ámbito de aplicación y las facultades de negociación entre imputado y fiscal, recogiendo para ello las enseñanzas de la muy trabajada ley peruana y de la más famosa brasileña, conocida como “de delación premiada”, y que ha permitido enormes avances en la materia, con más de trescientas condenas por corrupción.

Acceso a la Información Pública

Finalmente, proponemos mediante otro proyecto, adherir a la ley nacional de Acceso a la Información Pública, también aprobada el año pasado en el Congreso Nacional, lo que permitirá a todos los bonaerenses solicitar toda clase de información de los tres poderes del Estado (la ley actual la limita al Poder Ejecutivo) e incluso de privados con vínculos con el Estado, todo ello de manera gratuita, informal y expeditiva, para lo cual se establecen procedimientos sencillos, responsabilidades de funcionarios y, de ser necesario, la intervención de la Justicia.

Este proyecto tiene un claro perfil preventivo y disuasorio y apunta a evitar hechos de corrupción o, al menos, a detectarlo tempranamente a través del control ciudadano.

Estos cuatro proyectos tendientes a robustecer sustancialmente la prevención y el combate de la corrupción no sólo responden a una bandera histórica de nuestra fuerza política, la Coalición Cívica, y de su fundadora, la Dra. Elisa Carrió, sino que integran nuestra agenda de fortalecimiento institucional y republicano que hemos impulsado desde que asumimos en la Cámara de Diputados bonaerense en Diciembre de 2015 a través de diversos proyectos como: Ley Antinepotismo, Debate Obligatorio entre candidatos a Gobernador, Reglas para la imposición de nombres a Espacios y Bienes Públicos, Audiencias Públicas para designación de Procurador General y jueces de la Suprema Corte y la eliminación de la feria judicial, entre otros.

Continuaremos durante el resto de nuestro mandato impulsando proyectos de perfil republicano, que amplíen nuestras libertades y reduzcan la corrupción propia de todo Estado omnipresente, a la vez que apoyaremos todas aquellas propuestas de nuestros colegas que vayan en la misma dirección.​

Un diputado marplatense presentó un paquete de Leyes “Anticorrupción”

El referente de la Coalición Cívica dentro de Cambiemos, Guillermo Castello, dio a conocer detalles de un paquete de leyes “Anticorrupción” para su tratamiento en la Legislatura Bonaerense.

La presentación se realizó en el local partidario del espacio que lidera Elisa Carrió, en calle Bolívar 2760.

El legislador marplatense señaló que se trata de cuatro leyes que buscan “reglamentar procesalmente la figura del Arrepentido, incorporar el Juicio por Jurados para delitos de corrupción, investigar penalmente a los funcionarios con fueros y adherir a la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública”.

Acompañado por un video donde se reflejaban diversos escándalos de corrupción en la administración kirchnerista, Castello dio precisiones de cada proyecto que espera tenga tratamiento tanto en Diputados como en Senado.

Los cuatro proyectos están dirigidos a combatir este mal endémico en nuestro país que es la corrupción y que está a la cabeza de las preocupaciones de la sociedad”, expresó Castello.

El diputado marplatense reconoció que la gobernadora María Eugenia Vidal está al tanto de esta iniciativa e incluso se reunió con el Ministro de Justicia bonaerense. “Él ha presentado un proyecto de Ley del Arrepentido con algunas diferencias al nuestro y quedamos en tratar de aunar criterios y unificar proyectos”, comentó.

DETALLES DE CADA PROYECTO

1) Ley que reglamenta procesalmente la figura del Arrepentido

– Permite a la Justicia de la provincia de Bs. As. negociar reducciones de penas con imputados por delitos de corrupción para que brinden datos que permitan identificar otras personas, el destino de los bienes y en general un avance en la investigación

– Incorpora ideas de la ley brasileña conocida como “de Delación Premiada”, que ha permitido condenar cientos de personas por corrupción en Brasil

2) Ley que incorpora el Juicio por Jurados para delitos de corrupción

– Obliga a juzgar los delitos de corrupción mediante Juicio por Jurados compuestos íntegramente por ciudadanos legos (no abogados)

– Logra mayor publicidad de los delitos y sus autores, menor sensación de impunidad, mayor credibilidad en la Justicia y mayor legitimidad social en los veredictos

– Se genera un efecto disuasivo preventivo que evita actos de corrupción

3) Ley que permite investigar penalmente a los funcionarios con fueros

– Permite investigar penalmente a funcionarios con inmunidades constitucionales (fueros) hasta su finalización, otorgando a la Justicia total libertad probatoria: se podrá ordenar allanamientos, interceptaciones telefónicas o de correspondencia, etc.

– Se podrá citar a declaración indagatoria a los imputados, como ocurre a nivel nacional.

Hoy la ley no permite ninguno de estos dos puntos.

4) Ley que adhiere a la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública

– Adhiere a la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, sancionada el año pasado a instancias del gobierno nacional, que garantiza a todo ciudadano el derecho a pedir información pública a los tres poderes de manera informal, sin necesidad de brindar argumento alguno, gratuita, expeditiva

– Se establecen responsabilidades de los funcionarios y procedimientos para el pedido de información, incluyendo la intervención judicial de resultar necesaria

– Una mayor información pública resulta indispensable en la lucha contra la corrupción en la medida que permite conocer en tiempo real las decisiones estatales que se van tomando, las consecuencias patrimoniales, personas involucradas, organismos intervinientes, responsabilidades funcionales, etc.

Diputados condenaron el «golpe de estado» en Venezuela

El diputado provincial por Cambiemos, Guillermo Castello junto al presidente de la Cámara baja bonaerense Manuel Mosca, recibieron a la activista por los Derechos Humanos en Venezuela, Lilian Tintori, quien solicitó apoyo internacional ante el quiebre institucional que vive su país.

Los diputados Guillermo Castello, Manuel Mosca, Verónica Barbieri y Eduardo Barragán recibieron la visita de Lilian Tintori, esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López, para interiorizarse de la grave situación política y económica por la que atraviesa Venezuela.

Tras la reunión, Castello condenó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que suprime la inmunidad de los diputados y asume las competencias parlamentarias del poder legislativo.

«El régimen chavista produjo un auténtico golpe de estado que quiebra el orden democrático, atenta contra la República y avasalla la Constitución. El presidente Maduro se ha convertido en un verdadero dictador al atribuirse la suma del poder y suprimir las libertades democráticas», expresó.

Por último el legislador marplatense manifestó que «ante el sufrimiento del pueblo venezolano, es precisó que los gobiernos de América Latina cierren filas en defensa de la Democracia y los Derechos Humanos».

Castello: “es la hora del cambio”

El diputado provincial por Cambiemos, Guillermo Castello, compartió una Nota de Opinión.

No estamos viviendo una transición entre un gobierno y otro ni entre un modelo económico y otro.

Estamos asistiendo a algo mucho más importante: el inicio de un proceso de retirada de setenta años casi ininterrumpidos de un populismo que ha destronado a nuestra nación de las primeras potencias del mundo para hundirla en un pantanoso subdesarrollo, del que hoy tenemos la oportunidad de salir.

La incertidumbre y los sinsabores que muchos compatriotas están sintiendo no son consecuencia sólo de correcciones macroeconómicas necesarias sino de un histórico proceso de transformación que nuestra sociedad debe encarar sin más dilaciones.

Setenta años en los que se ha inculcado a nuestra sociedad que el progreso nacional depende de la riqueza de nuestros recursos naturales y de líderes mesiánicos que con su infinita generosidad nos regalaban casa, comida, trabajo y subsidios. Líderes a los que nunca se les pedía que cumplan la ley, se alternen en el poder, respeten la independencia judicial o rindan cuentas a la opinión pública.

Setenta años en los que los gobiernos anularon el espíritu emprendedor, la capacidad de soñar y la cultura de trabajo de millones de compatriotas que se fueron convenciendo de que tenían derecho a esperar la felicidad de sus generosas manos, cosa contraria a la naturaleza, como magistralmente señaló Alberdi.

No sólo estamos saliendo de la catastrófica “década ganada” sino también de sus lamentables consecuencias: una cultura cortoplacista, inestable y oportunista que es hija del populismo y madre de la viveza criolla, del desprecio por la ley y de la indolencia.

Estamos en los comienzos de una etapa histórica que puede dar vuelta la página de setenta años de decadencia sostenida y que abra el camino hacia la recuperación de la cultura del trabajo, del esfuerzo, del ahorro, del largo plazo, de los proyectos.

Debemos transformar una sociedad que anula los sueños y la audacia de muchos jóvenes que sólo aspiran a ingresar al Estado para vegetar hasta la jubilación, en una sociedad en la que los jóvenes no duden en lanzarse a la vida en búsqueda de sus aspiraciones.

Para ello necesitamos discutir toda la educación. Debemos ir a un sistema que capacite para interactuar con el mundo, desarrolle habilidades sociales y potencie al máximo los talentos y las vocaciones individuales.

Y que exija. Que transmita claramente la idea de que estudiar y no estudiar no es lo mismo, ya que no hay mejor política de inclusión que la exigencia académica.

Debemos integrarnos al mundo.

Setenta años de políticas proteccionistas sólo han generado precios excesivamente elevados, productos deficientes y empresarios que se deben a los políticos que les garantizan sus privilegios y no a los consumidores.

La apertura al mundo generará miles de puestos de trabajo en la medida en que compremos y vendamos más porque para ello inevitablemente deberemos producir más, además de las evidentes mejoras en calidad y precio que beneficiarán a los consumidores, quienes tendrán un mayor poder adquisitivo que a su vez generará nuevas industrias y empleos.

Parte de esta ciclópea transformación que debemos emprender consiste en revertir la cultura de repudio hacia los creadores de riqueza. Debemos fomentar, valorar y premiar a quienes agregan valor a nuestra nación, creando empleo y contribuyendo con su progreso al de muchos otros.

Para ello es imperioso ampliar nuestras libertades eliminando los múltiples obstáculos que han generado siete décadas de populismo, desburocratizando y desregulando nuestras vidas en general y nuestra economía en particular.

Este cambio fundamental debe darse en el contexto de un debate sobre el rol del Estado. Setenta años de populismo han convencido a muchos de que el Estado puede y debe ocuparse de todo y solventar todo de forma indefinida como si los recursos fueran ilimitados. Muchos conciudadanos piden más Estado y menos impuestos en forma simultánea, sin advertir que ello contraría no ya las leyes de la matemática sino de la física.

El Estado omnipresente nos llevó a la intolerable presión impositiva de hoy, que debe reducirse de manera imperiosa.

La colosal transformación cultural, educativa, jurídica y económica que debemos acometer deberá comenzar por una rebaja sustantiva de impuestos que promueva que más argentinos se dediquen a explotar sus habilidades para desarrollarse plenamente, disminuyendo así su dependencia del Estado.

La modernización educativa y la apertura al mundo deberán ir acompañadas de una profunda reforma laboral que facilite la creación de empleos y no que los dificulte como ocurre hoy.

El federalismo deberá ser enérgicamente replanteado. Provincias y municipios deben gozar de una autonomía genuina y ello sólo es posible si son sustentables económicamente.

El populismo ha suprimido la pujanza del interior, utilizando el empleo estatal como medio de dominación política y sumisión social, imposibilitando el surgimiento de una ciudadanía emprendedora e independiente que pueda cuestionar el orden establecido y generando distorsiones e injusticias tributarias.

La histórica y extraordinaria transformación que debemos protagonizar todos los argentinos será resistida por aquellos que durante mucho tiempo se han beneficiado de las aberraciones y artificialidades que el populismo ha enquistado en nuestra población.

La sociedad que ha decidido esta transformación en las elecciones de 2015 no puede defeccionar de su misión histórica ni retroceder ante dicha resistencia.

Es hora de que los dirigentes y ciudadanos nos pongamos a la altura de las circunstancias y persigamos con pasión nuestros objetivos como lo hicieron los hombres de Mayo, los patriotas que frente a situaciones adversas no dudaron en declarar la Independencia, los que en San Nicolás acordaron la organización definitiva del país y la gloriosa Generación del 80, que construyó la Argentina moderna.

Una gran manera de honrar a esos héroes es asumir nuestra responsabilidad histórica para que nuestra Nación vuelva a ser una tierra de oportunidades, reconstruir la grandeza de nuestra Patria y volver a colocarla en lo más alto del mundo como supieron hacer nuestros abuelos.

Es la hora.

Un diputado marplatense pidió el juicio político al juez Arias

El diputado de Cambiemos Guillermo Castello solicitó este jueves a la secretaria de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios judiciales que se inicie juicio político al titular del Juzgado Contencioso Administrativo 1 de La Plata, Luis Federico Arias, por tener una «manifiesta parcialidad» política.

El legislador de Mar del Plata, referente de la Coalición Cívica elevó el pedido luego de que el magistrado acompañara con su firma una solicitada con fuertes críticas al Gobierno, tanto provincial como nacional.

«De conformidad con lo normado por los artículos 23 y concordantes de la ley 13.661 vengo por la presente a formular denuncia contra Luis Federico Arias (…) a fin de evaluar si su conducta encuadra en la comisión de las faltas previstas en la mentada ley», señaló el documento del legislador.

Para el diputado Castello «en dicha solicitada se vierten conceptos sustancialmente impropios de un juez en funciones, se exterioriza una animosidad manifiesta para con el espacio político al que pertenecen los actuales gobernantes y se asume una posición facciosa claramente identificada con referentes y espacios políticos».

Desde hace meses el diputado Castello viene cuestionando el desempeño del juez Arias, pero al mismo tiempo aclaró que «esta denuncia nada tiene que ver con sus fallos», sino con la conducta del magistrado que -según el denunciante- es «inadmisible en un juez en funciones».

Para Castello «la gravedad de las manifestaciones explica que Arias es el único juez en funciones que firma la solicitada«.

Ahora será el turno de la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales, que conduce Ulises Giménez, la que determinará los tiempos del proceso y la conformación de un tribunal que evaluará si la denuncia da lugar al inicio del juicio político.

La solicitada firmada por Arias se titulaba «Unidos en defensa de la democracia y el bienestar del pueblo argentino» y allí se indicaba: «Ante la preocupante situación de deterioro económico, institucional y social que vive nuestro país, producto de las medidas implementadas a partir de la llegada al gobierno del presidente Mauricio Macri, los abajo firmantes manifiestamos la necesidad urgente de iniciar una camino de unión entre todas las fuerzas vivas de nuestra sociedad para poner un freno al brutal embate al que está siendo sometido la gran mayoría del pueblo argentino».

«Estamos convencidos que esta medidas no sólo constituyen un mero plan de gobierno que busca beneficiar a un sector muy pequeño de la sociedad argentina, sino que además entendemos que forman parte de un programa con tintes autoritarios que amenaza las garantías democráticas de nuestro país y que sólo puede ser implementado con represión y cercenamiento de las libertades civiles y los derechos individuales», agregaba el documento cuestionado.