Castello propone modificar la estructura de la Defensoría del Pueblo bonaerense

El diputado marplatense pretende que se reemplace la figura del defensor adjunto por uno especializado en Derechos del Contribuyente.

El diputado provincial Guillermo Castello, presentó un proyecto para cambiar la estructura de la Defensoría del Pueblo.

El legislador marplatense propone convertir a un Defensor Adjunto en uno especializado en los Derechos del Contribuyente. 

“Hay que proteger a los ciudadanos que pagan impuestos de los abusos y la voracidad fiscal del Estado”, señaló Castello.

El escribano señaló en sus fundamentos que “el desequilibrio fiscal endémico de nuestra provincia, producto directo del populismo que históricamente ha regido las políticas públicas bonaerenses, ha forzado la función recaudatoria estatal llevándola a extremos en los que no pocas veces se vulneran las más elementales garantías constitucionales de los contribuyentes”.

Por ello, Castello entiende como imperiosa la necesidad de crear una figura institucional especializada que vele por los derechos tributarios de los contribuyentes.

Elecciones 2019. Encuesta: ¿ Ya tiene definido su voto a Intendente?

Faltan cuatro meses para las PASO 2019 que definirá a los candidatos para las elecciones generales de octubre. A diferencia de lo que sucede a nivel nacional, en Mar del Plata ya están claros los que pelearán por ocupar la Intendencia de General Pueyrredon.

En medio de un clima donde la ciudadanía expresa su enojo y descreimiento con la dirigencia política, en cuatro meses se llevarán a cabo los comicios de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que definirán a los candidatos para las elecciones General de Octubre.

En General Pueyrredon, el panorama de los precandidatos a intendente está más claro que a nivel provincial y nacional.

Todo indica que la coalición CAMBIEMOS tendrá internas y allí surgen las figuras del actual intendente Carlos Arroyo, la concejal Vilma Baragiola, los diputados provinciales Maxi Abad y Guillermo Castello y el legislador nacional Guillermo Montenegro.

Desde Unidad Ciudadana, los distintos frentes políticos que lo conforman están encolumnados detrás de la diputada nacional Fernanda Raverta y solo resta definir si la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner será candidata a nivel nacional.

Por el lado de Alternativa Federal, el precandidato a intendente será el concejal massista Ariel Ciano.

En tanto, Gustavo Pulti y Acción Marplatense definirán de acá a junio si competirán con boleta única o se encolumnarán a alguna fuerza política nacional.

Un escalón más abajo aparecen precandidatos de movimientos políticos más pequeños como el caso de Mario Rodriguez (Espacio Progresista), Santiago Bonifatti (SUMAR), Alejandro Martínez (Izquierda), Juan Anastasía, Cesar Moraiz, Juan Vera, Ricardo Elorza, entre otros.

Puntonoticias.com le propone a sus lectores que brinden su respuesta con su voto en la siguiente encuesta :

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Califican de “inviable y simplista” la autonomía de Sierra de los Padres

El presidente de la Coalición Cívica local y diputado provincial por Cambiemos, Guillermo Castello, se pronunció en referencia al proyecto que crea un nuevo municipio en Sierra de Los Padres y opinó que “esta propuesta es inviable y simplista».

El legislador marplatense señaló que «financieramente va a ser más costoso para los vecinos de Sierras de Los Padres por toda la estructura administrativa que se debe crear. Estas ideas de autonomía surgen como consecuencia del abandono de gestiones en diversos barrios y localidades del partido”.

Por su parte, la candidata a concejal Angélica González enfatizó sobre este último punto que “los vecinos de sierras estamos cansados, el estado de las calles es penoso, muchas directamente se inundan debido a las lluvias y los surcos que dejan los vehículos al transitar. La recolección de residuos se realiza una vez por semana, la iluminación también es deficiente, los problemas son múltiples y para colmo se castiga al vecino con un aumento de tasas”.

“No obstante, creemos que la solución no es la separación, hay que escuchar más a los vecinos y ejecutar adecuadamente el presupuesto”, destacó.

Finalmente, el candidato a edil, Guido García, comentó que “General Pueyrredon debe apuntar a un plan serio de descentralización y atender las demandas de los vecinos de los barrios más alejados. Proponemos establecer la obligatoriedad de la elección de delegados municipales, para que sean los propios vecinos los que designen sus representantes, quienes deberán contar con un presupuesto adecuado para la solución de los reclamos más urgentes”, concluyó.

Hacia un Estado neutral y despersonalizado

Por Guillermo Castello – Diputado provincial por Cambiemos

Hemos visto recientemente cómo intendentes de distintas fuerzas políticas han colocado su nombre en diversos bienes públicos del Estado como patrulleros, camiones sanitarios, ambulancias, camionetas de zoonosis, etc, fenómeno descripto por Max Weber como “patrimonialismo” y que  se configura cuando un gobernante confunde el patrimonio público con su patrimonio privado. El diccionario define el «patrimonialismo» como «la tendencia de un gobernante a considerar los bienes públicos como si fueran bienes propios».

Esta tendencia no es nueva sino que ha sido utilizada tantas veces que gran parte de nuestra población la ha naturalizado, la acepta mansamente y a veces incluso celebra que los recursos públicos sean administrados por un sector político en beneficio propio. Por eso es necesario decirlo claramente: los bienes y recursos públicos son del Estado, no del gobierno de turno ni de sus funcionarios, y su manejo faccioso constituye una inmoralidad y un acto de corrupción.

La utilización de recursos estatales por parte de los gobernantes de turno así como el culto a la personalidad promovido en relación a un dirigente político violan la Constitución Nacional y atentan contra el sistema republicano, único sistema político que garantiza la efectiva vigencia de los Derechos Humanos.

El primer artículo de nuestro texto constitucional adopta la forma republicana de gobierno, la que básicamente sostiene los siguientes principios: a) división de poderes; b) elección popular de los gobernantes; c) periodicidad en los cargos; d) publicidad y transparencia de los actos de gobierno; e) responsabilidad de los gobernantes y f) igualdad ante la ley.

Como puede apreciarse, todos estos principios implican severas restricciones al ejercicio del poder estatal por diversas vías.

En línea con lo dispuesto por nuestra Constitución, nuestras leyes deben tender a hacer efectiva la vigencia de dichos principios, prohibiendo terminantemente toda práctica que de algún modo los vulnere.

En ese orden de ideas, surge casi por decantación la necesidad de evitar que los recursos públicos puedan ser utilizados por una parte de la población en beneficio propio y en detrimento del resto.

En efecto, es evidente que el usufructo de bienes públicos por parte de personas o sectores determinados de la sociedad otorga a sus integrantes un poder adicional por sobre el resto y, en la medida en que dicho abuso no sea vedado ni frenado a tiempo, tenderán a perpetuarse en el poder, limitando la posibilidad de sus competidores de reemplazarlos legítimamente e impidiendo la alternancia en el poder.

Por otro lado, el uso de los recursos públicos es el medio por excelencia mediante el cual gobernantes de todos los tiempos y latitudes han construido un culto a su personalidad, estrategia que consiste en presentar al dirigente gobernante como una persona superior al resto, infalible, responsable de todos los beneficios de la población. Una vez que los habitantes son convencidos de las cualidades extraordinarias de un líder político, para lo cual éste debe valerse inevitablemente de los recursos públicos, creerán que la ausencia de dicho líder implicará un gran perjuicio para ellos, razón por la cual permitirán, y e incluso promoverán, la eliminación de todo límite que impida su permanencia en el poder.

El nombre de un gobernante en los carteles de obra pública, el uso indiscriminado de la pauta oficial de forma tendenciosa y alusiva a un determinado partido político, la utilización de bienes del dominio público Estado para promoción personal o partidario, el empleo del mismo color del partido para las obras públicas del distrito que ese partido gobierna y el uso de instalaciones y espacios físicos públicos para actividades partidarias son sólo algunos ejemplos que se pueden citar para justificar la necesidad de contar con un marco regulatorio que evite estas prácticas patrimonialistas.

Con la intención de prevenir tales desvíos republicanos, promover el ejercicio despersonalizado del poder y garantizar el principio de neutralidad en el Estado provincial, presentamos en la Cámara de Diputados bonaerense un proyecto de ley prohibiendo el culto a la personalidad y estableciendo expresamente que los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una facción política determinada y que no podrán prevalerse de sus cargos para hacer política partidista.

Debemos desterrar las malas políticas para que la República vuelva a gozar de buena salud.

Debemos lograr un Estado imparcial, neutral y despersonalizado.

Castello propone sancionar a quienes usen bienes públicos para publicidad política

El diputado provincial Guillermo Castello elaboró un proyecto de ley tendiente a sancionar a la utilización del Estado en beneficio del gobernante de turno.

La propuesta del legislador marplatense surgió luego de la polémica generada por los ploteos en vehículos de municipios del conurbano bonaerense de uso público con el nombre y apellido de los intendentes.

Castello señaló en los considerandos de su proyecto que “los funcionarios y empleados públicos están al servicio del estado y no de una facción política determinada. No podrán prevalecerse de sus cargos para hacer política partidista”.

El referente de la Coalición Cívica en Mar del Plata sostuvo que “la propaganda que difundan los poderes públicos deberá tener carácter institucional y en ningún caso incluirá nombres, colores o eslóganes que promocionen personalmente al gobernante de turno”.

Por lo expuesto, Castello solicitó que las Cámaras de Diputados y Senadores “garanticen el principio de neutralidad de todos los departamentos de la administración pública provincial centralizada, descentralizadas y entidades autónomas y la prohibición del culto a la personalidad en su seno”.