El Gobierno estableció el regreso a la presencialidad de los trabajadores públicos

La medida había generado rechazo en ATE, que había advertido que los edificios estatales «no están preparados» para prevenir contagios de coronavirus.

Prorrogan prohibición de despidos por 90 días y el pago de doble indemnización por todo 2021

El Gobierno nacional decidió prorrogar por 90 días la vigencia de la normativa que prohíbe los despidos y extender la obligatoriedad del pago de una doble indemnización para los casos de cesantía por todo el año 2021.

El Gobierno nacional decidió prorrogar por 90 días la vigencia de la normativa que prohíbe los despidos y extender la obligatoriedad del pago de una doble indemnización para los casos de cesantía por todo el año 2021, informaron fuentes oficiales.

Los portavoces dijeron a Télam que la medida estará contenida en un decreto que está a la firma del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

De este modo, las empresas privadas no podrán despedir empleados sin justa causa ni por razones de fuerza mayor o disminución de la demanda de trabajo, como ya está vigente.

«La medida va a oficializarse en breve», señalaron a Télam fuentes oficiales, en referencia a una pronta publicación de la prórroga en el Boletín Oficial.

Esta extensión de la medida condice con lo dispuesto desde el comienzo de la pandemia de coronavirus y ante la intención de algunas compañías de echar personal por la retracción de la actividad.

El primer decreto rigió desde el 1° de abril, luego se dispuso una prórroga desde el 1° de junio y hubo una tercera disposición a partir del 1° de diciembre.

La medida fue resuelta por la «emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la cuarentena obligatoria para contrarrestar» la pandemia de coronavirus.

De acuerdo con el Decreto 891/2020, publicado en el Boletín Oficial, la prohibición de despidos y suspensiones finalizaba el 29 de enero próximo, por lo que el Gobierno decidió prorrogar la medida durante la reunión de Gabinete Económico que se realizó hoy.

«La pandemia de Covid-19 ha producido una merma considerable en la actividad económica a nivel mundial de la que nuestro país no se encuentra exento, por lo cual se entiende necesario y conveniente -más allá de las particularidades de cada región-, prorrogar la normativa existente respecto de la prohibición de despidos», había expresado el Gobierno en esa última prórroga.

La prohibición de despidos fue ordenada inicialmente el 31 de marzo último, por medio del DNU 329/2020, en la primera etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) dispuesto por la pandemia.

El Gobierno fundamentó entonces la prórroga de la prohibición de efectuar despidos en la puesta en marcha de una «serie de medidas que tienen como objetivo ayudar a las empresas a sobrellevar los efectos de la emergencia».

Entre esas medidas el Gobierno incluyó la «postergación o disminución de diversas obligaciones tributarias y de la seguridad social, la asistencia mediante programas específicos de transferencias de ingresos para contribuir al pago de los salarios y la modificación de procedimientos para el acceso a estos beneficios».

También mencionó las «garantías públicas con el fin de facilitar el acceso al crédito de micro, medianas y pequeñas empresas (MiPyMES)».

Asimismo, el Gobierno consideró «indispensable continuar garantizando la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social y que ello solo será posible si se transita la emergencia con un diálogo social en todos los niveles y no con medidas unilaterales de distracto laboral, que no serán más que una forma de agravar los problemas que el aislamiento social, preventivo y obligatorio procura remediar». (Télam)

El Gobierno está analizando qué otros sectores podrían retomar la actividad en mayo

El ministro de Desarrollo Productivo indicó que este mes «va a tener un incremento importante en la cantidad de actividad que se va a ir incorporando».

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó que desde el gobierno se está analizando qué nuevos sectores dentro de la actividad industrial podrían comenzar a retomar la actividad en mayo.

«Se está analizando en el sector industrial qué diferentes plantas pueden empezar a funcionar», indicó esta mañana el ministro en declaraciones a CNN Radio.

En ese sentido, indicó que «mayo va a tener un incremento importante en la cantidad de actividad que se va a ir incorporando».

«Si miramos del lado del empleo, un 43% fue lo que estuvo funcionando hasta hace poco tiempo. Después pasamos arriba del 50% y creo que ahora se puede dar otro salto importante en mayo», aseveró el titular de la cartera de Desarrollo Productivo.

El gobierno nacional aplicó el aislamiento social obligatorio el 20 de marzo por la pandemia de coronavirus, y tras sucesivas prórrogas la extendió hasta el 10 de mayo próximo.

Kulfas explicó que el objetivo del Gobierno es «evitar el cierre de empresas y los despidos masivos» en la pandemia, y sostuvo que la actividad económica «empieza a tomar otro color» debido a la apertura de sectores en diferentes provincias.

«El objetivo se puso en evitar cierre de empresas y despidos masivos. En el trascurso del mes vamos a ver los efectos concretos», dijo Kulfas.

En esa línea, el funcionario nacional remarcó que las «empresas no venían de una situacion de holgura. Tuvimos un 2018 y 2019 muy malo, y para muchas pymes éste fue un golpe muy fuerte».

Por tal motivo, Kulfas precisó: «implementamos el Programa de Asistencia en la Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y que va a permitir que el Estado pague la mitad del sueldo de los trabajadores de las empresas que han sido afectadas».

Por otro lado, sostuvo que en estos momentos «la actividad económica comienza a tomar de a poquito otro color porque ya se ha habilitado que muchas provincias que no tienen casos o que tienen todo relativamente controlado, empiecen a abrir y esto va a generar un movimiento importante». (Telam)

Arroyo pidió la renuncia del funcionario que autorizó las compras a precios cuestionados

Es el secretario de Articulación de Políticas Sociales, Gonzalo Calvo, quien autorizó la compra de azúcar y aceite a valores por encima de los «precios testigo» fijados por la Sigen.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, pidió la renuncia al secretario de Articulación de Políticas Sociales, Gonzalo Calvo, quien autorizó la compra de azúcar y aceite a valores por encima de los «precios testigo» fijados por la Sigen, se informó oficialmente.

La decisión surge como «primer resultado de la investigación que se inició el lunes» sobre el proceso de compra de partidas de aceite y azúcar que serán repartidas entre comedores y merenderos de las zonas más vulnerables del país, detallaron voceros del Ministerio de Desarrollo Social.

«También se va a revisar el circuito administrativo para las compras» realizadas por la cartera, donde «no se descartan más cambios», apuntaron los informantes.

Este lunes, el Ministerio de Desarrollo Social admitió haber ordenado compras de azúcar y aceite a precios más altos que los estipulados como «precios testigos», una decisión que recibió públicos cuestionamientos.

La cartera que conduce Arroyo ordenó una investigación interna para establecer cómo fueron acordadas esas compras.

Con todo, en un informe elaborado por el Ministerio se explicó que «en ningún rubro se compró a una sola empresa» porque se realizó una licitación para satisfacer la mayor demanda en los comedores, donde aumentó de 8 a 11 millones la cantidad de personas que necesitan asistencia alimentaria en las últimas semanas, en el marco del aislamiento obligatorio decretado por la pandemia de coronavirus.

El lunes por la noche, en una entrevista con el canal de cable TN, el presidente Alberto Fernández aseguró que creía en la «honestidad» de Arroyo y apuntó contra la «cartelización de ciertos sectores» que imponen precios ante la emergencia, para «llenarse los bolsillos».

El Presidente dijo que la investigación del caso estaba abierta y advirtió que no permitirá que el Estado compre alimentos a valores por encima de los precios de referencia

El Gobierno pagó precios por encima del mercado en la compra masiva de alimentos

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo señaló que se decidió avanzar con la adquisición porque se está «en emergencia».

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseguró que los precios de los alimentos comprados por su cartera para asistencia social están «por encima» de los valores testigos que establece la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y señaló que se decidió avanzar con la adquisición porque se está «en emergencia».

   «Hemos hecho una compra extraordinaria de alimentos porque aumentó de 8 millones de personas (que iban habitualmente a comedores y escuelas) a 11 millones de personas (por los trabajadores informales que se quedaron sin ingresos) las que requieren asistencia alimentaria en el país», dijo el funcionario.

Explicó en ese sentido que se hicieron compras extraordinarias de leche, aceite, azúcar, arroz, lentejas, fideos y harina por medio de una licitación pública en la que participaron más de once empresas y en la que la Sindicatura General de la Nación es la que establece los precios testigos.

   «Se convocó a más de once proveedores. En ningún rubro se adjudicó a una sola empresa. No pudimos llegar a comprar más alimentos porque nadie presentó oferta por el volumen total que se estaba planteando», dijo Arroyo. (NA)

«Estafa a los pobres»

El líder de la CTEP Juan Grabois manifestó hoy que las compras que hizo el ministerio de Desarrollo Social «son una estafa a los pobres» porque aseguró que se compraron fideos al triple de lo que valen.

«Estas son las cosas que me enferman y no se pueden dejar pasar. Algún hdp compró fideos al TRIPLE de lo que valen y de la peor calidad. Nosotros compramos a $28 el paquete vs $84. Es una estafa a los pobres», sentenció Grabois en la red social Twitter.

Los precios fueron publicados en el Boletín Oficial y los mismos, contrastados con precios minoristas, no mayoristas como adquirió el Ministerio de Desarrollo Social, tienen mucha diferencia: por ejemplo, el Gobierno compró aceite de una tercera o cuarta marca por 157 pesos cuando se ofrece al mismo precio uno de primera marca.

Según la lista de precios máximos que publicó el gobierno de la provincia de Buenos Aires se puede conseguir el aceite, de una marca mejor y a precio minorista, a 135 pesos. (NA)