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Un mes después de que la Comisión Europea declarara que el CETA no no tiene por qué ser ratificado por los parlamentos nacionales, España pide que se firme lo antes posible.

El Gobierno español aboga por que el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA por sus siglas en inglés) se firme cuanto antes y comience a aplicarse de forma amplia hasta que lo apruebe el Congreso, posición que contrasta con los límites que exigen otros países, según informa ‘eldiario.es‘. Algunos Estados han advertido de que ahora mismo no pueden garantizar que lo rubricarán. Es el caso de Bélgica, donde el Parlamento ha anunciado que vetará el acuerdo, o de Rumanía, que denuncia que Canadá exija a sus ciudadanos un visado que no necesitan el resto de europeos.

Tanto el CETA como el TTIP  (acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, que aún no está en vigor) son tratados que levantan importantes recelos entre la ciudadanía de los países que están negociando sus condiciones y estudiando su inminente aplicación.

Con prisas y sin consultas

Conscientes de esta difícil aceptabilidad ciudadana, la Comisión Europea decidía hace un mes que el CETA fuese tramitado como un acuerdo de competencia exclusiva de la UE, y no como un tratado mixto, por lo que no tendría que ser ratificado por los parlamentos nacionales de los estados miembros.

Varias voces críticas atribuían esta decisión al miedo, disparado por el resultado inesperado del Brexit, a que de nuevo la soberanía popular, representada esta vez a través de los parlamentos nacionales, frustrara los planes de comercio neoliberal de la Unión Europea. Así lo explicaba, por ejemplo, el analista Pablo Elorduy, en un artículo recogido por la asociación Attac, que vela activamente por la justicia económica global: «Como un castillo de naipes, el efecto del referéndum del Brexit, ha hecho zozobrar el espacio sin democracia que es la Unión Europea. El temor a que las consultas ciudadanas no den los resultados previstos –como ya ocurrió en Francia y Holanda en 2005 e Irlanda en 2008– ha aumentado el nerviosismo entre los dirigentes de la UE (…). El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker ha lanzado [con esta decisión de no considerar el CETA un acuerdo mixto] otra bomba de relojería respecto a los tratados comerciales que se discuten actualmente a nivel continental».

Alemania, Austria, Francia y Luxemburgo ya dejaron claro entonces que querían someter el CETA a la ratificación de sus respectivos parlamentos nacionales.

Tom Kucharz, miembro de Ecologistas en Acción y de la Campaña estatal contra el TTIP, el CETA y el TiSA, cree que la maniobra de la Comisión Europea es una especie de engaño: «Jean Claude Juncker [Presidente de la Comisión] sabe que definir el tratado UE-Canadá como ‘acuerdo de competencia exclusiva’ de la UE genera un conflicto fuerte con varios estados miembros y será imposible aprobar contra la voluntad de los gobiernos de Alemania, Francia, Austria, Bélgica, Luxemburgo y Hungría, entre otros», tal como recoge un comunicado elaborado por la Campaña estatal.

Pero a continuación explica la verdadera estrategia subyacente: «El problema es que los gobiernos de la UE, sin excepción, quieren aprobar el CETA de todos modos, pero ante la enorme reticencia y oposición entre sus poblaciones, gobiernos municipales y parlamentos, al menos, quieren aparentar ser críticos. Por lo tanto, la Comisión Juncker proporciona a los gobiernos un éxito fingido. Pueden insistir en la necesidad que sus parlamentos voten el tratado y presumir de haber resistido a la Comisión Europea”.

En otro comunicado reciente, la asociación Greenpeace, que se ha mostrado también bastante activa en la lucha contra estos tratados, advierte: «Las prisas por aprobar el acuerdo comercial con Canadá, el CETA, ensancharán la brecha entre la ciudadanía y la UE«.

El Gobierno español en funciones, en cualquier caso, ha defendido que el acuerdo se firme en octubre pese a que un mes después del 26J sigue sin haber Ejecutivo.

Por su parte, el grupo Ecologistas en Acción ha señalado que «es muy preocupante que el Gobierno en funciones defienda la firma y aplicación provisional de un tratado que tendrá consecuencias amplias y muy negativas más allá de la presente legislatura sin haberlo debatido en el Congreso y el Senado».

¿Una justicia «a medida» para los inversores?

Hay que señalar que el punto más polémico y más preocupante para los detractores tanto del CETA como del TTIP es la parte de protección a los inversores, que contempla el criticado Sistema de Tribunales de Inversiones (ICS por sus siglas en inglés). El ICS permite que los inversores extranjeros lleven a los Estados ante un tribunal específico, al margen de la justicia ordinaria, si creen que alguna de sus decisiones les perjudican.

Diez países (Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Hungría, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Letonia, Lituania y Eslovenia) se oponen, con mayores o menores reticencias, a que este sistema se incluya desde la aplicación provisional. España, por su parte, no ha solicitado expresamente que se incluya pero tampoco ha manifestado reserva alguna.

Lo que sí ha pedido España explícitamente, junto con Portugal, es que se incluyan las provisiones sobre el acceso al mercado de inversiones, que regulan las posibilidades de las empresas europeas en Canadá y viceversa. La Comisión Europea apoya esta postura y ha advertido de que no hacerlo podría desalentar las inversiones canadienses en la UE. Sobre todo, subraya, el país norteamericano podría hacer lo propio y limitar la entrada de compañías europeas en su mercado.

David Romero

— RT en Español (@ActualidadRT).