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Son contrarios a la sentencia, niegan que se vulneren competencias y subrayan que la defensa de la tauromaquia en España no está reñida con la prohibición
Hay 8 de los 11 magistrados que integran el Tribunal Constitucional que entendieron que la tauramaquia forma parte de la cultura que el Estado español está obligado a proteger. Y que, además, consideran que la Generalitat invadió esa competencia estatal al prohibir los toros en Cataluña.
Pero los otros tres acaban de plasmar en dos votos particulares su discrepancia absoluta con esa resolución, al entender que el recurso presentado por 50 senadores del PP contra la ley del 2010 del Parlament debió ser desestimado.
La vicepresidenta del Constitucional, Adela Asua, y el magistrado Fernando Valdés firman uno de los votos, mientras que Juan Antonio Xiol suscribe el otro. Los tres coinciden en que la mayoría no ponderó suficientemente las competencias de Cataluña en materia de protección animal ni de defensa de los valores culturales de la comunidad autónoma, también protegidos constitucionalmente. Pero llegan a esa conclusión por distintas vías.
“La ley autonómica no cuestiona el carácter de bien cultural que la estatal asigna a la tauromaquia; tampoco impide la realización y desarrollo del resto del amplísimo conjunto de conocimientos y actividades artísticas y productivas que la compenen, ni se prohíbe la crianza del toro de lidia ni la creación de escuelas”, sostienen los tres magistrados en el documento con el que justifican sus votos.
De esta manera, consideran que la ley catalana no vulnera la ley del 2013 con la que el Gobierno de Mariano Rajoy blindó los toros, tres años más tarde de que se promulgara la norma del Parlament ahora anulada.
Barcelona. (INCAT-Agencias).-
