El gasto público nacional aumentó $273.326 millones más que lo establecido en la ley de Presupuesto

El Gobierno incrementó el déficit primario en $70.177 millones a través de sucesivas decisiones administrativas de la Jefatura de Gabinete.

Las modificaciones al Presupuesto realizadas por el Gobierno en lo que va de 2021 representaron un incremento del gasto total de $273.326 millones en relación con lo establecido en la “ley de leyes”, con un aumento del déficit primario de $70.177 millones.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) detalló que esos cambios implicaron un crecimiento del 8,85% del déficit primario en relación con el crédito inicial, en tanto el aumento del déficit financiero es hasta el momento del 4,82%.

La particularidad del seguimiento de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento de la primera parte del año es que por primera vez en muchos años el déficit financiero (que incluye los pagos de servicios de la deuda) es menor que el primario (que no los considera).

Ese fenómeno obedeció no solo a los efectos de la reestructuración de la deuda -que implicaron una baja sustancial de las erogaciones para este año- sino a que se registraron 80 millones de pesos como “intereses pagados intra APN”, es decir que se cancelaron compromisos tomados con el propio sector público.

Hasta el momento no hubo modificaciones presupuestarias a través de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), de lo que se desprende que la totalidad de los cambios fueron abordados mediante Decisiones Administrativas (DA), suscriptas por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

De acuerdo con el informe de la OPC, con la última DA del 17 de junio, que incrementó el déficit en $10.336 millones, el gasto total presupuestado subió $273.326 millones y los ingresos $203.230 millones. “Esta dinámica en el aumento de los gastos y de los ingresos desmejoró el resultado financiero en la suma de $70.096 millones, que se financió con un aumento de las fuentes financieras ($12.602 millones) y una reducción de las aplicaciones financieras ($57.495 millones)”, destacó la entidad dirigida por Marcos Makón.

La mayor parte del aumento del gasto por fuera de lo establecido en la ley de Presupuesto obedeció a la necesidad de afrontar la emergencia derivada del agravamiento de la pandemia de coronavirus, algo que no se había contemplado en la elaboración del cálculo de gastos y recursos, ya que se preveía que en 2021 los efectos se iban a atenuar.

Con estas modificaciones, los gastos totales, que originalmente se había fijado en $8.394.995 millones, pasaron a ser de $8.668.321 millones, en tanto los ingresos totales subieron a $7.144.539 millones desde los $6.941.309 millones originales. El detalle del impacto fiscal de las cuatro normas aplicadas a través del Poder Ejecutivo (hubo otra modificación sin impacto fiscal) es el siguiente:

  1. Decisión Administrativa 85/21, publicada el 12 de febrero: aumentó el déficit en 15.006 millones de pesos.
  2. Decisión Administrativa 281/21, publicada el 30 de marzo: aumentó el déficit en 30.671 millones de pesos.
  3. Decisión Administrativa 460/21, publicada el 10 de mayo: aumentó el déficit en 13.994 millones de pesos.
  4. Decisión Administrativa 524/21, publicada el 31 de mayo, con resultado fiscal neutro.
  5. Decisión Administrativa 613/21, publicada el 17 de junio: aumentó el déficit en 10.336 millones de pesos. (NA)

Castello, a favor de eliminar los entes: «apoyamos toda reducción de gasto público»

El diputado provincial de Cambiemos celebró la decisión del intendente Carlos Arroyo de transformar el Ente de Servicios Urbanos en una Secretaría.

El diputado provincial de la coalición Cívica, Guillermo Castello, apoyó la decisión del intendente Carlos Arroyo de eliminar el Ente de Servicios Urbanos y convertirlo en Secretaría.

 

Visto el proyecto que presentó el jefe comunal de reducir el EMSUR a Secretaría, el legislador de Cambiemos celebró la medida y redobló la apuesta solicitando que se haga extensivo a todos los entes.

 

“Toda reducción de burocracia y gasto público cuenta con nuestro apoyo. Ahora debemos eliminar los demás entes y apuntar a un Estado municipal más chico y eficiente”, remarcó.

 

Cabe señalar que, el intendente Carlos Arroyo elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para crear la Secretaría de Gestión de Espacios y Servicios Públicos en reemplazo del EMSUR.

 

La Secretaría de Gestión de Espacios y Servicios Públicos tendrá como función “centralizar todo lo relativo a la ejecución y al control de las actividades que directa o indirectamente efectúa el municipio relacionadas con la limpieza de la ciudad en todas sus formas e higiene pública del partido”.

El Gobierno volvió a ampliar el gasto público: esta vez por más de 5.700 millones de pesos

Se trata de la segunda ampliación del gasto en menos de una semana y de esos 5.733,9 millones de pesos, apenas 180 millones se cubrieron con mayores ingresos: el resto pasó a incrementar el déficit de las cuentas públicas.

  El Gobierno amplió hoy el gasto público en 5.733,9 millones de pesos, para cubrir «necesidades de funcionamiento» de diversas áreas de la administración nacional.

  La medida se tomó a partir de una Decisión Administrativa firmada por el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

  Se trata de la segunda ampliación del gasto en menos de una semana y de esos 5.733,9 millones de pesos, apenas 180 millones se cubrieron con mayores ingresos: el resto pasó a incrementar el déficit de las cuentas públicas.

  Según el texto oficial -que consta de 145 planillas donde se detallan las características de las partidas- el Ministerio del Interior es uno de los más beneficiados.

  La cartera a cargo de Rogelio Frigerio percibirá más dinero «con el objeto de dar cumplimiento a la ejecución de obras», asistencias en servicios económicos ( por 2 mil millones de pesos) y refuerzos en los programas de Parques Nacionales (302 millones) a raíz de «las necesidades operativas y de inversión originadas en las nuevas áreas protegidas».

  También, se amplió el Presupuesto de la Secretaría de Gobierno de Energía para atender «las necesidades operativas del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER)», como «prever las transferencias a la empresa Integración Energética Argentina (IEASA).

  Otras áreas beneficiadas son la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, la Procuración del Tesoro, los Ministerios de Seguridad y de Defensa y la Secretaría de Gobierno de Cultura.

  La anterior ampliación del gasto se había oficializado el 14 de este mes a través de un decreto de necesidad y urgencia: en ese caso, fueron 34.758 millones de pesos, para atender el aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH), transferencias a las provincias y al Poder Judicial y mayores subsidios al transporte público. (NA)

La deuda pública: ¿Consecuencia o causa del déficit fiscal?

Muy pocos portavoces del establishment reconocen el problema de la deuda pública argentina – y ahora, dentro de la misma, el del fuerte crecimiento de la  deuda externa oficial – pero quienes lo hacen suelen plantear que la cuestión de la deuda es grave (en realidad, gravísima) mas la atribuyen al elevado déficit fiscal producto, a su vez, del alto gasto público.

Este planteo es parcialmente falso y en gran medida engañoso porque soslaya que la Deuda – presentada como una consecuencia o resultante del gasto público general – es precisamente uno de los factores determinantes de ese gasto y de ese déficit estatal, porque no sólo es un pasivo que se retro-alimenta sino que sigue creciendo sin solución de continuidad y en condiciones cada vez más gravosas que pesan sobre el cuadro financiero fiscal.

La falta de comprensión de este problema empieza quizás con el hecho que el Presupuesto Nacional no computa como Gasto Público la amortización de los vencimientos de capital de la Deuda Pública.

Este año los vencimientos totales por concepto de capital o principal de la deuda – tomando todas sus diferentes formas o instrumentos – suman según el Presupuesto 2017 (Ley 27.341) 1.042.500 M$ (equivalentes a 58.200 MD).[1]

La totalidad de este monto no se paga o cancela definitivamente sino que se refinancia íntegramente a medida que van cayendo los vencimientos respectivos, esto es, que se paga deuda con deuda vía novación total de las obligaciones – con el mismo acreedor o con terceros – y además se toma más deuda nueva.

Así, durante el año en curso están previstas operaciones de Endeudamiento Público por un total de 1.727.200 M$ (≡ a 96.400 MD), que se usarán para refinanciar totalmente los vencimientos del ejercicio y agregar 684.700 M$ (≡  38.200 MD) por aumento de  deuda.

Ello significa que el gobierno argentino, frente a un quantum de deuda pública sin capacidad alguna de repago, prevé la renovación total de los vencimientos de capital y la toma de más deuda; y que ambas se llevan a cabo bajo la misma modalidad de deuda impagable con refinanciación total.

Esto es importante resaltarlo porque cuando en el Presupuesto se habla del gasto por Deuda Pública no se incluye aquí esta masa de capital sino sólo el pago de los intereses de la Deuda, que son gasto corriente del Estado y que este año suman unos 247.600 M$ (≡ 13.800 MD): un promedio de 680 M$ por día (≡ 38 MD).

De esta manera, el problema financiero insoluble de mantenerse dentro de un esquema de deuda impagable no sólo no se resuelve sino que se agrava sistemáticamente, contribuye a aumentar el gasto público por intereses y, consecuentemente, a incrementar el déficit fiscal.

La evolución rápida y fuertemente creciente de estos intereses de la Deuda constituye uno de los principales factores explicativos del empeoramiento de las cuentas fiscales de la Argentina.

En el corriente año el Presupuesto 2017 prevé el pago de intereses por los 247.600 M$ antes citados mientras que el año pasado éstos habrían sido de 186.500 M$; es decir, que el aumento del rubro de gastos por Intereses fue del 32.3 %, superior al aumento promedio general del gasto publico del 2016, que fue del 22.1 %.

Peor aún, si se tomaran las cifras originales del Presupuesto 2016 el aumento inter-anual habría sido mucho mayor todavía – del 138 % – porque allí los intereses a pagar estaban previstos en 104.100 M$ pero durante el ejercicio – primer año de la gestión Macri – se agregaron unos 83.000 M$ más (en gran medida producto del arreglo con los holdouts y la toma de nueva deuda a tasas más caras).[2]

EL ENMASCARAMIENTO DE LA DEUDA.

Desde un punto de vista técnico el inicio de este problema en cuanto a la presentación de los datos financiero-fiscales parte de un planteo discutible.

La Argentina, desde la década de 1980, sigue la Metodología fijada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que instauró la denominada cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento (AIF), según la cual el Ejercicio Presupuestario no considera como Gasto las Amortizaciones de Deuda del período ni como Ingresos las fuentes provenientes del Endeudamiento Público, que se consignan ambas por separado (“debajo de la línea” según la terminología tradicional) para determinar el Resultado Financiero o resultado final real del año.

Esta presentación es conceptualmente confusa y prácticamente engañosa porque establece una  separación de los movimientos financieros más importantes del presupuesto anual dentro de los gastos y recursos generales del ejercicio – gastos corrientes y de capital – y muestra aparte las amortizaciones y financiaciones del período, derivando el tratamiento de la Deuda del Estado a una proyección de cumplimiento incierto o conjetural, es decir, un cuadro de obligaciones financieras sujeto a negociaciones que se delegan al Poder Ejecutivo.

Otrora no era así: en los viejos manuales de Finanzas Públicas los vencimientos de la Deuda Pública se mostraban – como corresponde – como Gasto Público directo y concreto del ejercicio; y de ello resultaba la necesidad lógica de tener que demostrar cómo se preveía cubrirlos con Recursos del Ejercicio y en qué condiciones precisas.

Ahora, en cambio, se asume que tales vencimientos de deuda no tendrán amortizaciones netas, con extinción de las obligaciones de capital, sino que las mismas quedan sujetas a refinanciación – en el caso argentino, por refinanciación total, hasta el último centavo – dado que se sobrentiende que tales compromisos se cubrirán pagando las deudas con nuevas deudas.

Y esto es así porque se sigue una premisa ideológica o dogmática que sostiene que no hay problema en tomar deuda sin capacidad de repago en forma indefinida – como la que toma la Argentina – mientras haya fondos suficientes para poder vivir pagando los intereses (que son Gasto Público Corriente) y refinanciar entonces permanentemente el capital o principal; a la vez que tomando deuda adicional con el mismo criterio.

Este principio, lógica y financieramente irracional, es la clave del Sistema de Deuda Pública Perpetua que rige en la Argentina desde hace 40 años y que nos mantiene dentro de un esquema inexorable de deuda impagable.

LA DEUDA COMO CAUSA.

Una de las claves del funcionamiento impune de este mecanismo de re-endeudamiento permanente es la complicidad de los gobiernos de turno, de la oposición política y de los portavoces del establishment financiero en el ocultamiento a la opinión pública de la deuda como principal factor causal del déficit fiscal.

El Sistema de la Deuda introduce y sostiene una distorsión en la estructura de gastos y de financiamiento del Estado:

  1. a) En primer lugar, se soslaya la gravedad del peso del monto de la Deuda Pública y el altísimo costo de los Intereses a Pagar por la misma. Este año, los intereses son el 10.4 % del Gasto Total pero constituyen el 20.5 % del Gasto de la Administración Central (247.300 M$ / 1.205.000 M$), ya que los otros dos grandes sectores de la Administración Nacional – Organismos Nacionales e Instituciones de la Seguridad Social – no tienen deuda o bien sus montos son irrelevantes. Esto significa que 1 de cada 5 $ del Gasto Público de la Administración Central se destina a pagar servicios por intereses.
  2. b) Igualmente se omite comparar el peso relativo por superioridad del gasto público por Intereses de la Deuda con respecto al de los otros rubros más importantes del Gasto Total: 500 M$ de Seguridad, 94.000 M$ de Defensa, 131.000 M$ de Educación, 14.000 M$ de Ciencia/Tecnología, 46.300 M$ de Salud y 153.600 M$ de Energía/Minería, entre otros.
  3. c) La Ley de Presupuesto – que emite el Congreso – hace una delegación cuasi-irrestricta de las facultades de endeudamiento al Poder Ejecutivo que le permite cualquier cosa en materia de aceptación de costos, honorarios y gastos en la ejecución de la política de endeudamiento del Estado; y de cuyos montos nadie sabe o pide informaciones ni mucho menos explicaciones.
  4. d) El gasto por la Deuda Pública y el costo de sus Intereses también aumenta el déficit fiscal por la aceptación de condiciones gravosas de endeudamiento y, sobre todo, por la política actual de conversión de Deuda intra-Estado en nueva Deuda Externa oficial, que conlleva la aceptación de altísimas tasas en moneda extranjera y la vulnerabilidad por riesgo cambiario de las nuevas obligaciones.
  5. e) Para poder garantizar el pago de los nuevos y crecientes servicios de intereses en moneda extranjera – los correspondientes a la deuda actual y los que se prevé requerir como deuda futura – el gobierno Macri, a través del Banco Central (BCRA) mantiene una política de retraso cambiario, porque el Estado recauda en pesos pero los intereses se pagan mayoritariamente en dólares.
  6. f) Tal atraso cambiario – combinado con las altas tasas de interés que promueve el BCRA – genera recesión económica, con sus secuelas directas de menor actividad y empleo; y con ello se afecta la Recaudación Impositiva y Previsional, que contribuyen también al Déficit Fiscal en forma complementaria al mayor aumento del gasto por intereses y gastos conexos del servicio de la Deuda.
  7. g) Más aún, el aumento de las tasas de interés que pagan el Tesoro y el BCRA fijan un piso cada vez mayor no sólo al gasto público por este concepto (fiscal y cuasi-fiscal) sino que además su efecto se transmite a toda la Economía en su conjunto, porque la Tasa de Interés también es un factor de Inflación y, como tal, erosiona los recursos del Estado y eleva el Gasto Público.
  8. h) La combinación oficial deliberada de retraso cambiario y altas tasas de interés locales induce hoy – a niveles históricos récord – el negocio financiero-especulativo que no sólo des-estimula las inversiones directas sino que contribuye a desviar el crédito con destino productivo porque es el gobierno el que absorbe la mayor cantidad de recursos para sostener así el costo del endeudamiento público.

Sintetizando lo dicho hasta aquí (porque la lista de causas y efectos podría seguir): que quienes se rasgan las vestiduras lamentándose de los altos costos reales de las remuneraciones del sector público, de la presión tributaria o de los costos logísticos y laborales existentes en la Argentina, notablemente soslayan incluir este macro-problema o problema fundamental en las finanzas públicas y en la economía nacional que es el de la deuda impagable del Estado y sus consecuencias.

Paradójica, o sintomáticamente, las autoridades gubernamentales y los portavoces del establishment se lamentan así de los costos distorsivos que pesan tanto en la Economía como en las Finanzas Públicas y Privadas pero omiten ostensiblemente mencionar el costo del Sistema de la Deuda Impagable como factor causal y no solamente como consecuencia retro-alimentaria del déficit del Estado.

Lic. Héctor L. Giuliano