AFIP desactivó una banda que evadía impuestos en el sector pesquero

La investigación arrojó que los implicados actuaban en nombre de personas indigentes.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó 23 allanamientos para desbaratar a una asociación ilícita fiscal del sector pesquero que utilizaba usinas de facturas apócrifas para evadir impuestos. Ya hay una orden de detención sobre un contador que sería integrante de la banda.
     La maniobra consistía en crear empresas y facturar en nombre de personas de bajos recursos económicos, quienes eran reclutados y que oficiaban de “prestanombre”, tanto como personas físicas como para crear empresas.
   La AFIP solicitó el embargo sobre cuentas bancarias y prohibición de moverhacienda de un feed lot, que es donde se invertirían las ganancias de estas maniobras, sobre las 7 personas que integrarían la asociación ilícita fiscal.
     Interviene el Juzgado Federal de Mar del Plata, que a su vez trabajó con un exhorto del Juzgado Federal de Concepcion del Uruguay.

 

ARBA instrumentará un nuevo índice de evasión

Durante un encuentro de trabajo realizado en la Casa de Gobierno bonaerense, que reunió a 500 agentes de ARBA, el director del organismo, Gastón Fossati, adelantó que “estamos desarrollando una nueva metodología para instrumentar un índice de evasión fehaciente, que nos permitirá conocer el nivel de incumplimiento real en Ingresos Brutos en cada uno de los sectores de la economía”.

El titular de la Agencia de Recaudación resaltó que “a partir de esos datos podremos reorientar nuestros controles sobre las actividades con mayor grado de informalidad, de manera de combatir la evasión y ampliar la base de contribuyentes”, y destacó que “formalizar la economía es el único camino posible para seguir bajando la presión tributaria”.

En la jornada de trabajo denominada “ARBA CAMBIA”, que se llevó a cabo en la ciudad de La Plata, Fossati y los subdirectores del organismo repasaron el proceso de transformación iniciado en el ente recaudador a comienzos de 2016 y expusieron los ejes del plan operativo para este año, detallando aspectos de la planificación y los proyectos de gestión que serán implementados.

Según explicaron los funcionarios, las principales líneas de acción durante 2017 estarán enfocadas en mejorar los servicios al contribuyente, tanto en la atención presencial como digital, a través de nuevo equipamiento y soluciones informáticas que simplifiquen y agilicen los trámites.

A la vez, se apuntará a optimizar los sistemas de recaudación, profundizar el proceso de modernización en las diferentes áreas del organismo y avanzar en mecanismos para alcanzar mayor equidad tributaria.

Fossati instó a los agentes de ARBA “a trabajar en equipo, con esfuerzo y responsabilidad, para lograr el desafío de recaudar $200.000 millones”, que es el monto de ingresos propios previsto en la pauta presupuestaria anual. Además, subrayó que “para fortalecer los recursos genuinos de la Provincia y contribuir a que todos los bonaerenses puedan vivir mejor, tenemos que comprometernos a ser cada día más eficientes”.

Entre otros proyectos de la Agencia que se encuentran en fase de implementación para este año, se destaca la plataforma única de atención al ciudadano contribuyente, que prevé homogeneizar y centralizar en un mismo sistema web la administración de todos los trámites, para mejorar la calidad de respuesta.

También el desarrollo de la cuenta corriente integral de contribuyentes, que vinculará la información fiscal, facilitará su visualización y potenciará las gestiones por internet; la ampliación del sistema de fiscalización remota, con el que ya se controla de manera electrónica a los contribuyentes con inconsistencias; el monitoreo de comportamiento tributario, que sistematizará la detección de desvíos e irregularidades; la digitalización de trámites catastrales; la modernización documental del organismo y la mejora edilicia de los puntos de atención al público, entre otras iniciativas.

De la presentación del plan operativo de ARBA participaron, junto a Gastón Fossati, el jefe de Gabinete del organismo, Juan Luis Catuogno; el subdirector de Recaudación y Catastro, Walter D’Angela; el subdirector de Acciones Territoriales y Servicios, Sebastián Brusa; el subdirector de Administración y Tecnología, Luis Colmegna; y el subdirector de Asuntos Jurídicos, Juan Ignacio Tuero.

Solicitaron indagatorias a los dueños de Sobremonte por evasión

La titular de la Fiscalía Federal n°1 de Mar del Plata, Laura Elena Mazzaferri, conjuntamente con el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, solicitaron al titular del Juzgado Federal N° 1 de Mar del Plata, a cargo de Alejandro Castellanos, que se cite a prestar declaración indagatoria a los once imputados en una causa donde se investigan delitos tributarios vinculados a la explotación económica del complejo Sobremonte, uno de los más tradicionales de esta ciudad de la costa atlántica.

Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, dicha explotación se llevó a cabo –al menos desde 2003 a la actualidad- a través de una cuidadosa ingeniería compuesta por sociedades y personas físicas que actuaron como testaferros con el único propósito de encubrir a los dueños, quienes son los verdaderos beneficiarios del funcionamiento del lugar, evitando de este modo el cumplimiento de sus obligaciones impositivas.

El Complejo Sobremonte es un multiespacio que engloba pistas de baile, restaurantes y lugares de esparcimiento desde hace casi 40 años, habiendo aumentado considerablemente su dimensión con el transcurso del tiempo.

Justamente, los organizadores de la operatoria colocaron delante de cada una de las unidades que integran el complejo –confiterías, bocas de expendio de bebidas, restaurantes, discotecas- a diversas sociedades creadas con el objetivo de separar su funcionamiento de los verdaderos titulares.

Así las cosas, el accionar de los fiscales –entre los que se destaca el trabajo conjunto del área de Delitos Tributarios y Contrabando de la Procelac, a cargo de Mariela Palese y de la Fiscalía Federal de Mar del Plata, puntualmente con Luciana Aguirre Sánchez- apuntó esencialmente a desentrañar la “comunión de intereses” entre quienes figuran a cargo de las concesiones y los señalados como propietarios del Complejo Sobremonte.

En este sentido, los resultados de los allanamientos llevados a cabo en Sobremonte y en el estudio contable (a cargo del asesoramiento), sumado a los coincidentes testimonios brindados por ex empleados –entre otros elementos del abundante caudal probatorio- permitieron establecer esa conexión existente entre los reales beneficiarios del complejo y las personas jurídicas que se interpusieron ante los organismos fiscales.

Los representantes del MPF solicitaron la declaración indagatoria a tres personas físicas por los delitos de evasión simple tributaria (ejercicios anuales 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012); evasión agravada tributaria (ejercicios anuales 2013 y 2014) y asociación ilícita fiscal por los mismos períodos.

Asimismo, pidieron la indagatoria a otras ocho personas físicas por el delito de asociación ilícita fiscal ocurrida por lo menos desde el año 2008. Respecto a este último delito, los fiscales destacaron la “habitualidad” de las conductas analizadas, elemento tipificado en el inciso c) del artículo 15 de la ley penal tributaria n° 24.769, y que agravaría la situación procesal de los imputados.

Locales clausurados y dueños denunciados por evasión

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) clausuró preventivamente el local de venta de ropa “Positivo” y el restaurante “Ronny Steak House & Bar”, de Mar del Plata, por incumplir con sus obligaciones fiscales y previsionales.

Si bien se trata de dos locales de rubros diferentes, los comercios tienen los mismos titulares y en ambos casos se encontraban ocultos ante el fisco.

Tras la clausura, la AFIP realizó una denuncia penal y solicitó que se investigue a los empresarios relacionados con esos comercios por evadir millonarias sumas en concepto de impuestos nacionales, conformar una asociación ilícita destinada a defraudar al Fisco Nacional mediante la interposición de personas carentes de toda solvencia -como ficticios titulares de explotación-, operar con CUIT inactiva y haber realizado maniobras fraudulentas tendientes a incumplir con sus obligaciones previsionales; eludiendo de tal modo el pago íntegro de los aportes y contribuciones al Sistema Único de la Seguridad Social de sus empleados.

Cabe destacar que el monto total facturado por este grupo de empresas ha superado los 25 millones, siendo prácticamente nulo el monto tributado (0,1%).

En tanto, personal de la Aduana, realizó un operativo simultáneo en 4 locales de “Positivo” y secuestró más de mil bultos de mercadería sin la documentación respaldatoria que justifique su tenencia, por un valor al público de $ 134.000 aproximadamente. Entre los productos secuestrados se destacan juguetes, indumentaria para bebé, peluches y ropa de chicos.

Los verdaderos dueños de estas firmas distorsionaban la real percepción de los importes a ingresar y mentían en la declaración de remuneraciones, ya que eran menores a las dispuestas por el Convenio Colectivo correspondiente.

La maniobra incluía la utilización de nombres, personas físicas y jurídicas, para ocultar a un pequeño grupo de empresarios que resultan los verdaderos responsables y beneficiarios de una operatoria por grandes montos anuales que perjudicaban al fisco. Como se dijo, los “falsos dueños” que figuran son insolventes e informaron domicilios fiscales donde fue imposible su localización.

Las maniobras también incluían la omisión de depositar los aportes retenidos de sus empleados en el tiempo correcto y todo su accionar era dirigido por un asesor contable, quien repetía las mismas figuras en diferentes empresas.

Un ejemplo claro de esta asociación ilícita, compuesta por un matrimonio y sus hijos, fue que generaron un perjuicio previsional que asciende a más de $130.000, sólo en el mes de diciembre de 2014 y en otras dos firmas: Dulce Amor SA y Gutieste SA. Allí, sus 41 empleados cobraban remuneraciones significativamente inferiores a las del Convenio Colectivo de Trabajo. Además, los Aportes de Seguridad Social, en el mismo período, se presentaban impagos y ascienden a un total de $ 27.960.

Los trabajadores que prestaban servicio a estas firmas no tenían derecho a pedir un crédito, ni a tener una cobertura médica ya que todo estaba sujeto a la voluntad de sus empleadores, que cabe recordar, no son los que figuraban en los papeles.

Desde la AFIP se solicitó que se analicen los libros rubricados, documentación contable, extracontable, legajos de personal, recibos de sueldos, planillas de control de ingreso y egreso de empleados, elementos respaldatorios, los archivos que se encuentren en los sistemas informáticos y PCs, servidores que hubiere en estas direcciones y que guarden relación con los hechos que se investigan y así poder verificar el verdadero perjuicio fiscal y previsional y el no cumplimiento a los derechos de los trabajadores.

Construcción: AFIP determinó una millonaria evasión en aportes previsionales

La AFIP determinó una evasión de 436 millones de pesos a 6.183 empleadores de la construcción.

La acción, llevada a cabo a través de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, se centró en relevar la situación laboral de más de medio millón de trabajadores que prestaron servicios a empresas constructoras.

La evasión detectada por la AFIP deriva de la falta de aporte del 5% del régimen previsional diferencial que gozan los trabajadores del sector, lo que les permite jubilarse a los 55 años si poseen 25 de servicios con aportes computables en función al régimen previsional diferencial previsto en la ley 26.494.

Además la AFIP realizó controles en obras en construcción de todo el país donde detectó que el 65% de los empleadores inspeccionados no tenían a todos sus trabajadores correctamente registrados.

Las infracciones más frecuentes fueron: no informar el alta temprana del trabajador y no incluirlos en las declaraciones juradas mensuales de aportes y contribuciones al Régimen Nacional de la Seguridad Social.

A su vez, se relevaron más de 3.019 trabajadores donde detectó que el 26% de los operarios no estaban debidamente registrados por sus empleadores.