“La Diada Catalana tiene este año mucho de desenlace o, si se quiere, de comienzo de desenlace”

Noticias de Cataluña

Por Ramón Cotarelo

 

Cuando las historias se acercan a su desenlace las crisis se agudizan, las posiciones se hacen más radicales, los personajes abandonan las medias tintas, las cuestiones se aclaran y cada uno aparece en el lugar que le corresponde. La Diada tiene este año mucho de desenlace o, si se quiere, de comienzo de desenlace. Será el inicio de un curso que, según cómo se desarrollen los acontecimientos, dilucidará el destino inmediato de Cataluña: independencia o conservación del autonomismo en alguna de sus ya casi infinitas variantes.

En el campo independentista y en la rampa a la convocatoria del 11 de septiembre próximo parece hervir cierto desánimo y cansancio. Aunque se repitiera el acto simbólico año tras año y por mucho que fuera el entusiasmo de la gente, el armatoste del conjunto podría cambiar y las esperanzas de asistir al nacimiento de un Estado catalán disminuye. O tal vez no sería un ánimo (o desánimo) colectivo original, sino el resultado de una campaña de propaganda de los adversarios, interesados en que el desánimo cuajado a base de sembrarla desde sus numerosos medios. O las dos cosas.

Por eso es tan importante la reciente decisión de la CUP de aclarar posiciones y avanzar su SI a la cuestión de confianza de Puigdemont sin condicionarlo a ninguna exigencia presupuestaria o referendaria. Es lo más eficaz y rotundo que ha hecho la CUP en mucho tiempo y un aporte sustancial a la unidad y fuerza del independentismo. La ANC puede seguir adelante en la preparación de la Diada en el bien entendido que será el prefacio de la confirmación de la hoja de ruta del gobierno de la Generalitat y el preparativo a una DUI o un RUI en el orden que las circunstancias lo pidan.

Ante esta decisión las otras fuerzas políticas no independentistas también han tomado sus decisiones teniendo en cuenta sobre todo la Fiesta y su importancia movilizadora. Las organizaciones llamadas “constitucionalistas” o unionistas más o menos robustamente españolas, PP, Ciudadanos y PSC, no acompañarán la melodía de los independentistas. Esto es sabido. Lo interesante este año es la posición de las fuerzas intermedias, del “tercer género” o tercera vía, las “nuevas izquierdas”, en común-Podemos, EUiA y la señora Colau, una fuerza en sí misma. Su posición en el tablero político catalán, hasta ahora ambigua, confusa y tan llena de matices que era casi incomprensible, se aclara por momentos. Si hasta la fecha pasaban por ser la versión catalana de la izquierda española y la versión española de la izquierda catalana, han acabado revelándose como la picardía tradicional de la “verdadera” izquierda en España y en Cataluña.

El premio en el concurso para iniciados y avisados se la lleva el señor Pisarello. Para justificar que En Común Podemos haya contraprogramado una manifestación el 11 de septiembre para hacer sombra a la Diada independentista, arguye y recontra arguye las similitudes y diferencias entre el independentismo nacionalista y el internacionalismo independiente. Nada de independencia en el vacío y la soledad del corredor de fondo, sino una confluencia entre el alzado pueblo catalán y sus hermanos españoles que sólo están esperando una razón para apoyar, con su gobierno a la cabeza, el derecho a decidir los catalanes. Es incomprensible cómo la realidad se empeña en ignorar el refinamiento de las sorprendentes distinciones del concejal barcelonés nacido en Tucumán, Argentina.

Por supuesto, la señora Colau, teniendo su alma municipalmente dividida entre sus seguidores y sus críticos, ha decidido complacer a ambos, yendo a los dos actos, no al mismo tiempo –que para la ubicuidad todavía le falta algún tiempo– sino consecutivamente, como una humilde mortal. La ciudadanía entenderá la generosidad de su posición y tomará buena nota cuando lo que haya en juego sean destinos de mayor ascendencia, como la presidencia de la Generalitat.

A su vez, EUiA, fiel al espíritu bolchevique de quien templó el acero, con un discurso directo, sin ceremonias, irá a su propia celebración. De lo que se trata es de no contribuir a la habitual amalgama nacionalista que, ya se sabe, “siendo nacionalista no puede ser buena a menos que la hayamos cocinado nosotros”.

Queda así claro que la Diada de este año tiene el valor de una prueba de fuego y una importancia que supera las de los años anteriores. El avance del proceso independentista, liderado por la determinación de un presidente de la Generalitat, que nadie sospechaba hace unos meses, no sólo ha sembrado la inquietud en las filas del nacionalismo español, sino que la ha embarrado con peleas, el simple relato de las que avergüenza a un habitante del siglo XXI.

También ha suscitado temores y reservas en sus primas hermanas, las izquierdas catalanas, que han de picar piedra en un territorio muy hostil, compuesto por adversarios de clase y de nación. De ahí el ataque concentrado en las últimas fechas de esta convocatoria. Y como suele suceder en los juegos de azar, la suma de la última apuesta es la más alta de todas.-

Barcelona (INCAT-Palinuro).-

Y ahora, ¿qué?: Las cuestiones más candentes del proceso de desconexión de Cataluña

Noticias de España y Cataluña

 

Tras el anuncio soberanista del Parlament catalán, la vicepresidenta del Gobierno de España compareció con carácter urgente en el Congreso de los Diputados para explicar que la maquinaria del Estado se pondrá en marcha de inmediato.

 

Los partidos independentistas catalanes del Parlament autonómico, Junts pel Sí y CUPhan logrado este miércoles que se apruebe por mayoría absoluta, entre un fuerte ambiente de división y oposición en la cámara, la vía unilateral que fija los pasos a seguir para la desconexión de Cataluña respecto de España, desafiando así al Tribunal Constitucional (que declaró inconstitucional la consulta soberanista).

¿Qué puede hacer el Gobierno de España?

Tras la decisión adoptada en el Parlament, la vicepresidenta en funciones del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, compareció con carácter urgente en el Congreso de los Diputados para explicar que la maquinaria del Estado se pondrá en marcha de inmediato, informa el portal Economía Digital. De esta forma, ha informado de que este viernes el Consejo de Ministros aprobará un acuerdo para autorizar a la Abogacía del Estado a que presente ante el Tribunal Constitucional un incidente de ejecución de sentencia contra la resolución para no permitir que el proceso secesionista siga adelante.

Sáenz de Santamaría considera que la decisión del Parlament supone la vulneración del derecho de los españoles a decidir cuál es su marco constitucional y la ha calificado de «paso contumaz y grave».

Reuters

¿Quién es el responsable?

Asimismo, lo que Madrid podría hacer frente a la decisión de los partidos independentistas puede implicar sanciones económicas y políticas, pero estas dependen de a quién se considere responsable directo.

La presidenta de la Mesa de la cámara catalana, Carme Forcadell, insiste en que no tiene responsabilidad en la iniciativa ya que, apunta, fueron los portavoces de Junts pel Sí y la CUP, Jordi Turull y Anna Gabriel respectivamente, los que forzaron que se incluyera en el orden del día del pleno esa votación. La Mesa la había desestimado, pero el pleno es soberano sobre las decisiones de la Mesa.

Xavier Arbós, catedrático de derecho constitucional, considera que el Constitucional se podría dirigir contra ellos y que además los diputados que votaron no pueden ser objeto de esas medidas coercitivas porque actuaron en virtud de su libertad de expresión.

¿Cuál sería el ‘castigo’?

El artículo 87 de la ley orgánica del Constitucional sostiene que «los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que (este órgano) resuelva» y el artículo 92 establece que se pueden aplicar medidas sancionadoras, que van desde «una multa coercitiva de 3.000 a 30.000 euros a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplieran las resoluciones del Tribunal».

Este último artículo contempla que se puede «reiterar la multa hasta el cumplimiento íntegro de lo mandado» o «acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal». Asimismo, indica que se puede «deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder».

Reuters

«Saltárse un semáforo en rojo»

Arbós asegura que la decisión del Parlament supone «saltarse un semafóro en rojo» y que, ante esa cuestión, «no cabe una rectificación, porque ya se ha saltado».

El portal indica que el problema al que se enfrenta el Tribunal Constitucional, a pesar de que los partidos independentistas lo circunscriban a una cuestión política, tiene un matiz y una envergadura jurídica.

¿Qué implica la desconexión catalana de España?

El documento sobre la desconexión catalana critica que el marco jurídico y constitucional español no deja «margen de acción para el reconocimiento del derecho a decidir» de los catalanes, por lo que insta a «la activación de un proceso constituyente propio» y a la inclusión de «un mecanismo unilateral de ejercicio democrático», informa ‘El Mundo’.

Para aprobar una Constitución catalana y alcanzar la independencia, el documento ve necesarias tres fases:

  • Un proceso participativo entre la ciudadanía para elaborar las bases de la futura Constitución.
  • Aprobar las tres leyes de desconexión (la de la Seguridad Social, la de la Hacienda propia y la de transitoriedad jurídica) y celebración del referéndum unilateral.
  • Ratificar la Constitución popularmente mediante otro referéndum.

Reuters

En los últimos años el deseo independentista ha aumentado significativamente en la comunidad autónoma española. El pasado 29 de junio, el presidente catalán llamó a acelerar el proceso de independencia mientras denunciaba la decisión de juzgar al expresidente Artur Mas por organizar la consulta sobre la independencia de Cataluña en noviembre de 2014. En ella, 2,3 millones de personas fueron preguntadas si deseaban un Estado catalán y, en caso de que así fuera, si querían que este fuera independiente: el 80,76% dio una respuesta afirmativa a ambas cuestiones.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional español declaró inconstitucional la consulta a posteriori.

 

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