En 20 años, se duplicó la cantidad de jubilados y empleados públicos

Se pasó de 5,5 millones a 10,5 millones, una de las razones que impide mejorar los haberes en el largo plazo, según un estudio privado.

Los intentos por mejorar los salarios de empleados públicos y las jubilaciones en términos reales en el largo plazo chocan con una realidad que impide llevar a cabo ese propósito, ya que en los últimos veinte años se duplicó la cantidad de beneficiarios.

De acuerdo con un análisis de la Fundación Mediterránea del 2000 al 2020 se pasó de 2,2 millones a 3,6 millones de agentes públicos en los tres niveles (nacional, provincial y municipal) en tanto la cantidad de jubilados subió de 3,3 millones a 6,8 millones, totalizando entre ambos un alza de 5,5 millones a 10,6 millones de personas.

Ese aumento en la dotación de personal y beneficiarios del sistema previsional generó un gasto acumulado extra de 1,2 billón de dólares entre 2002 y 2020, casi diez veces más que lo que se recaudó en el mismo período por retenciones (US$ 137.202 millones) o por el impuesto al cheque, creado “en forma transitoria” en 2001 (US$ 126.498 millones).

El trabajo de la Fundación asevera que el gasto en personal de la Argentina es el mayor en América Latina: en 2019 representó el 11,5% del Producto Interno Bruto, considerando los tres niveles de gobierno.

Brasil es el país que lo sigue, con un gasto en personal de 9,6% del PIB, también en tres niveles de gobierno, en tanto Chile, Uruguay y Perú (unitarios) y México (federal) gastan en personal en el sector público el equivalente a entre 5,8 y 7,2% del PIB.

“Podría decirse que se puede tener una cantidad exagerada de empleados públicos con salarios reales relativamente bajos, o una cantidad ajustada de agentes públicos con buenos salarios, pero a largo plazo resulta imposible tener un exceso de empleados estatales con salarios también altos. Algo similar puede decirse para el caso del sistema previsional”, se sostuvo en el estudio realizado por los economistas Marcelo Capello y Jonás Alvarado.

En el informe, se consideró que “por un aumento exagerado en la cantidad de agentes públicos y jubilados/pensionados ocurrido entre 2003 y 2015, la suma del gasto en salarios y jubilaciones subió hasta niveles difíciles de sostener a largo plazo”.

“De hecho luego de 2015 sobrevino un proceso de ajuste en salarios y desde 2017 en los haberes jubilatorios, en términos reales, que se prolongó hasta el año 2020, y perdura aun en los primeros meses de 2021”, añadieron los autores.

Al respecto, precisaron que entre 2003 y 2017 el gasto real (no los haberes) de jubilaciones y empleo público aumentó un 190%, hasta que la imposibilidad de sostenerlo derivó en los últimos tres años en un ajuste del 12%. Para los economistas, el “punto de inflexión” de este proceso “estuvo dado tras la fuerte suba del déficit fiscal hacia el final del segundo período de (Cristina) Fernández de Kirchner”, en el que el l déficit primario pasó de 0,2% en 2011 a 3,8% en 2015.

Ese alto desbalance se mantuvo alto en los dos primeros años de la administración Macri (-4,2% en 2016 y -3,8% en 2017), pero “una vez que ese déficit y el consecuente endeudamiento se volvieron insostenibles, comienza un fuerte ajuste fiscal implícito desde 2018, que se prolonga hasta 2020 y los primeros meses de 2021”.

Capello y Alvarado realizaron un análisis de la situación partiendo de la ecuación básica de la economía “P x Q” (precio por cantidad): “dado que ‘Q’ es inflexible a la baja, cuando las cantidades suben excesivamente, por ejemplo, amparado en un favorable contexto internacional, luego el ajuste vendrá por ‘P’, en el caso que nos ocupa, por los salarios públicos y los haberes jubilatorios reales, dado que los nominales también resultan inflexibles a la baja”. La conclusión de ese proceso, aseguraron, es que “la inflación termina licuando salarios y jubilaciones”. (NA)

La Secretaría General capacitó a más de 30 mil empleados públicos

Más de 30 mil empleados estatales fueron capacitados por la Secretaría General de la Gobernación en el marco de los programas de formación destinados a agentes provinciales y municipales que el Instituto Provincial para la Administración Pública (IPAP) llevó a cabo durante todo el año.

“La capacitación permanente de los trabajadores de la administración pública es decisiva para tener un Estado moderno y eficiente como lo es el de la Provincia de Buenos Aires ya que la profesionalización de los recursos humanos permite brindar mejores servicios a los ciudadanos”, explicó el secretario general de la Gobernación, Martín Ferré.

Destacó en tal sentido el trabajo conjunto realizado con otros organismos e indicó que “esta labor articulada permite conocer los requerimientos en materia de formación de cada una de las áreas y así diseñar un plan de capacitación acorde con las necesidades puntuales”.

Según se informó desde el IPAP –que depende de la subsecretaría para la Modernización del Estado a cargo de Santiago Cafiero-, durante 2014 se brindó capacitación a 31.059 empleados.

Del total, 22.257 lo hicieron a través del programa Organismos Provinciales, diseñado a partir de las necesidades específicas de cada jurisdicción; 5.706 con el plan para Organismos Municipales, realizado junto a las comunas para mejorar su capacidad de organización y de gestión; y 3.096, en los cursos Agentes del Estado, adaptados a las demandas de los propios trabajadores.

En este marco se realizaron 130 actividades en 116 municipios y 436, en organismos de la administración provincial a las que se sumaron 89 abiertas para todos los agentes, 82 de las cuales estaban enmarcadas en la Diplomatura en Gestión que puso en marcha la Secretaría General.

“Promovemos las instancias de capacitación e interacción, convencidos de que es el camino más efectivo para tener trabajadores de excelencia y un Estado cada vez más fuerte, eficiente y activo”, concluyó Ferré.

Salud y Administración: las orientaciones más elegidas por empleados públicos

Los temas vinculados con las políticas sanitarias y la administración son los más elegidos por los empleados estatales que cursan la Diplomatura en Gestión Pública que, a partir de este año, lleva a cabo la Secretaría General de la Gobernación, a través del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP).

“Apostamos a la capacitación permanente y a la profesionalización de los trabajadores de la Provincia y los municipios porque estamos convencidos de que ese es el camino para hacer más eficiente la prestación de los servicios que presta el Estado”, sostuvo el secretario general, Martín Ferré.

Tras destacar la importancia de que los agentes públicos “tengan el derecho y la posibilidad de crecer profesionalmente de acuerdo a sus propios intereses”, Ferré aseguró que “sin lugar a dudas ello favorece una gestión pública de calidad y comprometida con los ciudadanos”.

Según se indicó desde el IPAP -que funciona bajo la órbita de la subsecretaría de Modernización del Estado, a cargo de Santiago Cafiero-, de los 895 agentes que participan de la Diplomatura, 311 optaron por la orientación en Políticas Sanitarias; 211, por la de Administración; 132, por la de Gobierno; 103, por la de Tecnologías de Información; 73, por Asuntos Jurídicos y 65, por Calidad.

La Diplomatura en Gestión Pública está destinada a personal de planta temporaria, permanente o contratado de la administración pública provincial o municipal que acredite título secundario y consta de un ciclo básico, 6 orientaciones y 3 especializaciones. Las clases se dictan tanto en La Plata como en la Casa de la Provincia, en la ciudad de Buenos Aires, para facilitar la concurrencia de los inscriptos.

“Estamos orgullosos de ser pioneros en la profesionalización y jerarquización del personal estatal y, sobre todo, de esta carrera que es parte del proceso transformador que desde un principio ha encabezado el gobernador Daniel Scioli para tener órganos estatales eficaces, integradores y en contacto directo con las necesidades de la gente”, concluyó Ferré.