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El criterio generalizado entre los magistrados sería el de disponer del nuevo instrumento legal, pero aplicarlo con mesura para no echar más leña al fuego
El debate que tuvo lugar en el Tribunal Constitucional concluyó que la tesis de que la institución puede y debe asumir las nuevas competencias que le otorgó la reforma de sus atribuciones –porque nada hay en ellas que se oponga a la Constitución– pero, a la vez, se tuvo en cuenta que la asunción de estas competencias reforzadas no tiene por qué significar que las nuevas funciones vayan a ejercerse de manera inmediata. Así, los magistrados no evidencian voluntad de proceder a corto plazo contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.
En otras palabras, el organismo superior mantiene la voluntad de actuar ante el proceso soberanista en Catalunya con firmeza pero también con mesura, sin introducir elementos que proporcionen mayor complejidad a la evolución del debate y al enfrentamiento político entre las instituciones catalanas y las del Estado. Los jueces creen que no hay motivos constitucionales para no asumir las competencias que la reforma legal impulsada por el Gobierno depositó en sus manos, pero a la vez preocupa que pueda creerse que si se resuelve la cuestión en este sentido es porque se está pensando en proceder ya contra cargos públicos de las fuerzas soberanistas.
En el Constitucional no se ignora que el Gobierno y el PP promovieron a finales de 2015 la regulación de las nuevas competencias coercitivas y sancionadoras de la institución como resultado de la preocupación que les generaban los planes e iniciativas presentadas en las instituciones catalanas para la ruptura con España. Existen pocas dudas, por no decir ninguna, de que ése es el origen de la mencionada reforma legal.
En la discusión dentro del Tribunal Constitucional, sin embargo, se privilegió la idea de que el análisis sobre la constitucionalidad de las medidas aprobadas debe hacerse en abstracto. Es decir, sin juzgar si la atribución al TC de la posibilidad de suspender a un cargo público debe considerarse acorde o no con la Constitución en relación directa o indirecta con el riesgo que los planes soberanistas puedan suponer para la unidad del país. El Gobierno pudo actuar movido por ese estímulo, e incluso con ese objetivo –el de crear nuevos diques para los planes de secesión–, pero el Constitucional se mueve en otro plano. Dicho de otro modo, la mayoría del TC hubiera avalado la posibilidad de suspender a cargos públicos si tal medida se hubiera aprobado en otro contexto político, de mayor sintonía entre las instituciones catalanas y el Ejecutivo.
En todo caso, como la realidad es la que es, y no se caracteriza por la armonía y coincidencia de criterios entre dichas instituciones, el criterio dominante en el Constitucional es que no debe actuarse con precipitación alguna para la eventual aplicación de las nuevas competencias a casos concretos. Es decir, al de Catalunya y la presidenta del Parlament.-
Madrid (INCAT).-