La reacción del Tribunal Constitucional contra la decisión del Parlamento catalán

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Las previsibles acciones del TC, presionado por el gobierno central, son obvias, pero se aguarda ahora la movida de fichas soberanista

Lo previsible es que el pleno del Tribunal Constitucional (TC) en poco tiempo tome la decisión de suspender la hoja de ruta de desconexión con España aprobada por el Parlamento el miércoles pasado. No cabe imaginar en esta primera fase largos debates porque las decisiones que se deben tomar vienen muy recargadas por todas las normas disponibles aplicables al caso y por la lógica presión que ejerce el gobierno en funciones.

El Gobierno central planteó su impugnación a la votación de la Cámara catalana como un incidente de ejecución de sentencia, y pidió que se suspendan la iniciativa y sus efectos. Si el TC admite a trámite el asunto, la suspensión es automática, por pura previsión legal. Pero ahí no se acabaría la cosa.

Lo más complejo vendrá después, porque todo hace suponer que el TC dará un plazo de dos o tres días al Parlamento para que formule alegaciones, y luego vendrán las decisiones más importantes sobre la anulación del plan soberanista y la posible comunicación a la Fiscalía General del Estado para que actúe penalmente contra la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell.

¿Cómo actuará el TC? ¿Anulará de cabo a rabo las conclusiones de la comisión de estudio sobre el Proceso Constituyente? ¿Habrá esta vez paños calientes o matices? ¿Derribarán los magistrados algunas paredes del plan de desconexión o creerán que llegó el momento de dinamitarlo por entero? Y, por último, ¿llevará el TC a Carme Forcadell a la justicia penal, como le pidió el Gobierno, o le contestará al Ejecutivo que si quiere mover a la Fiscalía debería hacerlo por su cuenta, aplicando los resortes que para ello le da la Constitución.

Son decisiones de mucho peso, sin duda, que van a marcar la historia y evolución del vigente modelo de Estado descentralizado y la propia trayectoria del TC, llamado por primera vez a aplicar las normas coercitivas que la reforma legal de hace un año puso en sus manos para garantizar la ejecución de sus sentencias. Al respecto, la pregunta más fácil de contestar es la relativa a la anulación del plan de desconexión. Sin duda, esta vez el TC no se quedará en la declaración de inconstitucionalidad de los planes de ruptura con España, sino que los anulará. No dejará ni una coma en pie. Esta vez, en contra de lo que ha pasado en ocasiones anteriores, no habrá anestesia para la amputación, ni llamamientos al diálogo ni homilías jurídicas. Esta vez el tema parece que será tratado con la sierra eléctrica.

La anulación llegará, por lo tanto, en un nuevo pleno, oídas las alegaciones del Parlamento, el Gobierno y el fiscal, el jueves o viernes próximos. Y con ello la probable comunicación a la Fiscalía para que analice si Carme Forcadell cometió un delito de desobediencia, aunque si el TC da este paso lo hará con poco entusiasmo. El último dato relevante es que no sólo los cargos políticos van a recibir el requerimiento de que se abstengan de promover los planes de dsconexión, sino también el secretario general del Parlamento. Por esta vía indirecta, los funcionarios recibirán también un claro aviso.

Hasta aquí, nada de lo descripto suena como una novedad si tenemos en cuenta los antecedentes en la materia y la absoluta negativa de Madrid a entablar algún tipo de negociaciones con el independentismo catalán, cualquiera sea el signo del gobierno de turno, PP o PSOE. Llegó el momento en que el sector soberanista del Parlamento, el Govern todo y las entidades que trabajan activamente por aplicar a rajatabla el Proceso Constituyente, muevan sus fichas. El volcán venía dejando ver columnas de humo; hoy se perciben temblores y no falta mucho para la primera gran  erupción.-

Madrid (INCAT).-