Funcionarias, legisladoras, Amnistía Internacional, el Centro Ana Frank Argentina para América Latina y expertos en discursos de odio coincidieron en que el ataque a Cristina Fernández no es atribuible a un hecho aislado sino a manifestaciones públicas que «incitan a la violencia», y coincidieron en pedir responsabilidad a «líderes políticos y medios» que llevaron a la «demonización» de la figura de la vicepresidenta.