Prorrogan hasta fin de año la prohibición de despidos sin justa causa

Mediante un nuevo DNU, se extiende la medida cuya finalización estaba prevista este miércoles.

El Gobierno resolvió extender hasta fin de año la prohibición de los despidos sin justa causa y el pago de una indemnización adicional hasta un tope de medio millón de pesos, ante el inminente vencimiento de la vigencia del decreto 345 el próximo 30 de junio.

La medida se plasmó en el decreto de necesidad y urgencia 413/21, que suscribió el presidente Alberto Fernández y los ministros de su gabinete y será publicada este lunes en el Boletín Oficial.

El nuevo DNU es una nueva prórroga de la norma original dispuesta en el decreto 34/19, por el que se declaró la Emergencia Pública Ocupacional y que fuera prorrogado seis veces en cuanto al plazo de vigencia y modificado en otras oportunidades para variar el tope indemnizatorio, que en un principio implicaba duplicar el establecido por ley.

Al igual que en las prórrogas anteriores, el nuevo DNU establece que la prohibición no abarca a las contrataciones realizadas luego del 22 de diciembre de 2019, cuando entró en vigencia el primer decreto.

Asimismo, mantiene la excepción para los trabajadores comprendidos en el régimen legal de trabajo para el personal de la industria de la construcción regulado por la ley 22.250.

En los considerandos de la norma, se indicó que “el Estado Nacional ha adoptado medidas de contención que tienen como objetivo ayudar a las empresas a sobrellevar los efectos de la emergencia”.

Asimismo, se señaló que “la segunda ola de COVID-19 que azota al país debe ser acompañada por medidas acordes que contemplen la protección de la salud de la población y coadyuven a morigerar el impacto de las medidas sanitarias sobre el empleo”

“La protección preferente de las trabajadoras y los trabajadores es una garantía que la CONSTITUCIÓN NACIONAL incluye en el artículo 14 bis y que, en idéntico sentido, normas internacionales incorporadas en el artículo 75, inciso 22, obligan a adoptar medidas robustas de mayor intensidad en contextos excepcionales que ponen en riesgo el propio tejido del sistema de relaciones laborales”, se agregó en los fundamentos de la medida.

Por tales razones, el Gobierno consideró que “es necesario acompañar las medidas de emergencia prorrogando la adopción de aquellas que resguardan los puestos de trabajo, como herramientas de política laboral necesarias para la protección de las trabajadoras y los trabajadores, asegurándoles que esta crisis excepcional no les hará perder sus puestos de trabajo”.

La prórroga se establece días después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara que en el primer trimestre el desempleo fue del 10,2% de la Población Económicamente Activa, dos décimas de punto porcentual menos que en el mismo período de 2020.

La prórroga de la prohibición de despidos era reclamada por diferentes sectores sindicales, pero a su vez cuestionada por las entidades empresarias, que sostienen que en la actual situación de emergencia por la pandemia y, en algunos casos, las restricciones a la actividad, se torna más dificultoso el mantenimiento de la plantilla laboral. (NA)

Reclamo y conflicto en la fábrica Havanna

A partir de la denuncia realizada por el sindicato de Pasteleros, se realizó una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Provincia. La empresa rechazó la posibilidad de reincorporar al personal desmantelado.

A partir de la denuncia realizada por el sindicato de Pasteleros, se realizó una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Provincia. Allí, se contó con la presencia de delegados de la fábrica Havanna y la CGT Mar del Plata.

«Frente a la negativa de la empresa de acceder a reincorporar a los trabajadores injustamente suspendidos, las autoridades del Ministerio dictaron la
Conciliación obligatoria», expresaron desde el gremio.

De este modo, a partir de la acción sindical, se logró revertir de forma inmediata las arbitrarias suspensiones, a la vez que se dejó asentado el requerimiento gremial de que la empresa se abstenga de llevar adelante acciones que impliquen represalias a los legítimos reclamos.

Por su parte, el reclamo salarial sigue vigente y se tramita en el Ministerio de Trabajo de Nación, con participación de los delegados.

«Desde STARPYH seguiremos llevando adelante en todo momento las acciones gremiales que garanticen la continuidad laboral, salarios dignos y condiciones de trabajo seguras», expresaron.

Cierran Jardín de Infantes y dejan en la calle a nueve docentes

Sadop denunció que las propietarias de “El país de los sueños” no les pagaron a los docentes las indemnizaciones, el mes de diciembre y el aguinaldo.

Con el argumento de una caída en la matrícula y supuestas dificultadas para el sostén de los costos las propietarias del Jardín de infantes “El país de los sueños” decidieron a fines de diciembre cerrar de manera sorpresiva la sede ubicada en Castelli entre Salta y Jujuy y despedir sin indemnización a los nueve docentes a los que también les adeudan el sueldo y el aguinaldo.

Desde la delegación Mar del Plata del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) se trabajó para lograr el cobro de los salarios y  llegar a un acuerdo que permita a los docentes ver reconocidos sus derechos. Sin embargo, el compromiso de las empleadoras María Cecilia González y Viviana Quiroga de afrontar sus obligaciones, no se hizo efectivo.

«Es muy penoso el cierre de cualquier institución y sobre todo en casos como este, conociendo la calidad del servicio que brindaba. Lamentablemente es una historia que se repite, sobre todo, en el nivel inicial. Precarización e inestabilidad para los docentes, incertidumbre para las familias que han confiado en determinado jardín, son la constante,» sostuvieron desde  SADOP.

«Los y las docentes del nivel inicial están sumamente expuestos a vivir estas situaciones. Por eso insistimos en la necesidad de mayor presencia del estado en este nivel, que también es parte del sistema educativo pero frente al cual las autoridades han mirado para otro lado. Es preciso mayor control y acompañamiento desde el inicio. Es inadmisible que estos jardines estén en manos de personas que son incapaces de afrontar las responsabilidades que implica un emprendimiento de esta naturaleza», sostuvo Adriana Donzelli, secretaria general de SADOP Mar del Plata.

Para Donzelli “es inadmisible que de la noche a la mañana decidan cerrar la institución sin pensar qué sucederá con los niños y niñas que asisten a él y en qué situación quedan los docentes, sin ninguna  indemnización. Nosotros rechazamos esa postura de decidir no pagar nada de lo que corresponde y de manera intempestiva cesar las actividades” agregó.

El sindicato ha promovido la suspensión de las habilitaciones y la creación de una mesa de trabajo para consensuar una ordenanza para el sector que reemplace la actual, de 1984.

«Necesitamos una ordenanza que esté en línea con la ley de educación nacional y la provincial, que priorice, por un lado, el derecho de los más pequeños a la educación, y por otro, el derecho de los y las docentes a trabajo digno y a la estabilidad laboral» concluyó Adriana Donzelli.

Docentes privados denuncian despidos arbitrarios

Es en el marco de una campaña provincial de SADOP. Revirtieron pedidos de renuncia y bajas que no correspondían y exigen que la aprobación de la ley antidespidos.

La delegación Mar del Plata del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) denunció que varias instituciones educativas despidieron a docentes durante fin de año y reiteraron su pedido de que se apruebe el proyecto de Ley Antidespidos para la actividad docente en el ámbito de las escuelas de gestión privada.

Más allá de que el accionar de los dirigentes y delegados permitió revertir pedidos de renuncia y bajas que no corresponden, desde el Sindicato indicaron que se registraron despidos en los colegios San Jerónimo y Santa María del Buen Ayre, en el instituto Peralta Ramos y en los jardines de infantes Nueva Pompeya y “Mi Jardín”.

Tras recordar que las acciones que se llevan cabo están en el marco de una campaña provincial, la secretaria general de SADOP Mar del Plata Adriana Donzelli sostuvo que es necesario que algunos dueños de establecimientos terminen con esta práctica abusiva y que entiendan que los y las docentes no son descartables.

“Es sabido por todos, pero hay que repetirles una y otra vez que el contrato a término es ilegal en la enseñanza privada” y agregó que en los casos denunciados los despidos fueron arbitrarios.

“Por eso es tan necesario que se apruebe el proyecto de Ley Antidespidos que cuenta con el aval de varios Concejos Deliberantes de la provincia, incluyendo el de General Pueyrredón”, concluyó.

Establecen la doble indemnización para los despidos sin causa

Apuntando a la decisión del Gobierno anterior de no contener la desocupación.

El Gobierno oficializará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a través del cual se declara la emergencia pública en materia ocupacional por el término de 180 días, se informó oficialmente.

   En caso de despido sin justa causa durante la vigencia del decreto, los trabajadores afectados tendrán derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad a la legislación vigente.

   En los considerandos del decreto, el Ejecutivo remarca que la tasa de desempleo se ha incrementado hasta el 10,6 % en el segundo trimestre de 2019, un punto porcentual superior a un año atrás, con tasas que en el caso de los jóvenes superan el 18 % en los varones y el 23 % entre las mujeres.

   En este sentido, la norma sostiene que la dinámica del empleo asalariado registrado privado durante el último año muestra un marcado descenso que indica que 139 mil trabajadores y trabajadoras han quedado fuera del mercado laboral en el periodo septiembre 2018-2019.

   Y recuerda que ya en el año 2016 el Congreso advirtió sobre el incremento de despidos y sancionó el proyecto de Ley N° 27.251 que contenía la prohibición de los despidos sin causa, que fue vetado por el Gobierno anterior provocando hasta la fecha la perdida de 111 mil puestos de trabajo registrado.

   Por decisión del presidente Alberto Fernández se declara la emergencia pública en materia ocupacional ante la necesidad de detener el agravamiento de la crisis laboral.

   La norma estipula que la medida no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia. (Télam)