La Defensoría investiga la muerte de un paciente en el Interzonal

La muerte de un paciente por falta de profesionales en un hospital público de Mar del Plata, motivó la intervención de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que anunció la puesta en marcha de una investigación que apunta a conocer en profundidad todos los detalles que desencadenaron el trágico episodio.

Se trata del caso de un hombre que llegó al Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Oscar Alende” con una hemorragia digestiva alta y, por la falta de atención adecuada debido a la ausencia de especialistas en gastroenterología, falleció ante la complejidad del cuadro que presentaba.

Frente a ese escenario, médicos de la institución reconocieron que esta situación puede repetirse, ya que no cuentan con profesionales que realicen endoscopías, una práctica muy común para llevar adelante este tipo de análisis.

Por otro lado, se señaló que faltan medios para tratar a los pacientes, lo que produce demoras de dos a tres meses en lo que se refiere a atención y diagnóstico, lo que agrava aún más esta problemática.

Al confirmar que se iniciará una investigación de oficio sobre el caso, el secretario General a cargo de la Defensoría, Marcelo Honores, explicó que “los ciudadanos que recurren al hospital público son en su mayoría población sin otra cobertura de salud, por lo que las dificultades de acceso podrían generar mayores riesgo de enfermedades y de mortalidad”.

En esa línea, reconoció que esta disposición se apoya en muchas normas elementales, ya que “el derecho a la salud, como derecho humano básico, está relacionado con el derecho a la vida, la integridad física y el bienestar de la familia”.

Harán un censo de las personas en situación de calle en Mar del Plata

Con el objetivo de poner en marcha del primer censo para relevar a personas en situación de calle en la ciudad de Mar del Plata, el secretario general a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, Marcelo Honores, y el secretario de Desarrollo de la Municipalidad de General Pueyrredón, Martín Aiello, oficializaron el inicio de este programa.

Gracias al acuerdo, personal de la Defensoría y del municipio, más la colaboración de la ONG «Nada es imposible», realizarán encuestas confeccionadas por el organismo provincial en esta ciudad para luego sistematizar y conocer la cantidad de personas que están en situación de vulnerabilidad social.

En ese sentido, Honores desatacó que «la implementación de acciones conjuntas con los municipios logra que los objetivos institucionales dejen de ser individuales para convertirse en colectivos y compartidos«.

Del encuentro también participaron el coordinador de la Casa de Derechos de Mar del Plata, Edgardo Alabart; personal del Área de Gestión e Inclusión Social de la Defensoría; autoridades de Municipio de General Pueyrredón, y Florencia Toledo, de la ONG «Nada es imposible».

La Defensoría del Pueblo es observadora de la elección en Mar del Plata

Un operativo de observación del circuito de recepción de sobres que contienen las actas con los resultados de cada mesa de votación, y el sistema de escaneo y trasmisión de datos al centro de cómputos que tendrá a su cargo el escrutinio de la elección, se realiza en nueve distritos de la Provincia, la Defensoría del Pueblo bonaerense.

La tarea de la Defensoría consiste en monitorear trece Centros de Transmisión Digitalizada (CTD), donde se recibirán los telegramas confeccionados por las autoridades de mesa de la elección que definirá al próximo presidente, gobernador, intendentes y legisladores en los tres niveles, además de parlamentarios del Mercosur.

Los municipios que estarán bajo la lupa de la treintena de observadores de la Defensoría son La Plata, Ituzaingó, San Isidro, Bahía Blanca, Mar del Plata, Junín, Mercedes, Pergamino y San Nicolás.

En el caso de Mar del Plata, el defensor del pueblo Walter Rodríguez y su asesor Leonardo Rozas cumplen con esta tarea en la sede central del Correo Argentino.

Específicamente, los observadores deberán verificar que los sobres remitidos por las autoridades de las mesas electorales lleguen cerrados y firmados a los CTD y que el acta contenida en su interior sea escaneada y trasmitida al centro de cómputos que realizará el escrutinio.

Según el procedimiento habitual, el correo llevará los sobres cerrados -firmados por las autoridades de mesas- con las copias de las actas de escrutinio al punto de Transmisión de Datos, donde los veedores supervisarán que lleguen cerrados y en buen estado, lo que se irá asentando en planillas.

Una vez abiertos, se observará el proceso de escaneo y transmisión. Las copias de los telegramas recibidos serán enviados digitalmente al Centro de Cómputos Nacional.

Nuestro eje de trabajo es la transparencia en cuanto al control de la recepción de los telegramas del escrutinio realizados por autoridades de mesa que se recepcionarán en el Centro de Transmisión Digitalizada», explicó Rodríguez.

El monitoreo electoral que realizarán la Defensoría de la Provincia se inscribe en el convenio celebrado entre la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina y la Dirección Nacional Electoral, por el cual se acordó que todas las instituciones nucleadas en ADPRA lleven adelante la observación de los comicios en todo el país.

La Defensoría se suma a la ley de cupo laboral para trans

Luego de que la Legislatura bonaerense sancionara la ley que establece un cupo laboral mínimo en el sector público provincial para personas trans, travestis y transgénero, la Defensoría del Pueblo bonaerense se transformó en uno de los primeros organismos en sumarse a la nueva norma, al incluir dentro de su plantilla a personal que forma parte de este colectivo.

El secretario general a cargo de la Defensoría, Marcelo Honores, celebró esta iniciativa a la que consideró “un paso adelante en la concepción de igualdad laboral para un grupo de personas que, si bien de a poco va ganando reivindicaciones, en este terreno se encontraba en desventaja”, y confirmó que el organismo que dirige “ya cuenta con personal para cumplir con el cupo que estipula la nueva ley”.

La normativa, que tuvo origen en un proyecto de la diputada provincial del Frente para la Victoria Karina Nazábal, establece que “el sector público de la Provincia debe ocupar, en una proporción no inferior al uno por ciento de la totalidad de su personal, a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo, y establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas”.

La ley pone el foco en “promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público” y a luchar contra la discriminación, al entender que “toda persona tiene derecho al trabajo digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de su identidad de género”.

Violencia obstétrica: la Defensoría se suma a la semana del parto respetado

La violencia obstétrica es una de las modalidades más invisibilizadas de violencia y atenta contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y su entorno familiar, subrayó en un comunicado la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, al manifestar su adhesión a la “Semana mundial por un parto respetado”.

Este tipo de violencia se define esencialmente como aquella que ejerce el personal de la salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, tal como lo define la ley nacional de protección, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres sancionada en 2009.

Esta forma de violencia, que sucede en hospitales y clínicas tanto en el ámbito público como privado, se manifiesta principalmente en situaciones de post aborto – sea espontáneo o provocado- y en los procesos médicos involucrados en el embarazo y el parto, según lo expresa la ley de parto humanizado al establecer los derechos de las mujeres en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y posparto.

La falta de anestesia en determinadas prácticas, el ocultamiento de información a la paciente que le permita decidir sobre su cuerpo y su salud, la vulneración de su intimidad y la no consideración de las pautas culturales, son quejas concretas recibidas en la Defensoría, a través del Observatorio de Violencia de Género (OVG), que configuran violencia obstétrica.

En ese sentido, el OVG y la cartera de Salud bonaerense están abocados a ajustar un mecanismo de recepción y gestión de denuncias sobre esta problemática, que no respeta y violenta los procesos naturales del embarazo, parto y puerperio.

Asimismo, la Defensoría manifestó la necesidad de considerar las situaciones de violencia obstétrica e institucional que sufren las mujeres encarceladas en unidades penitenciarias de la Provincia.

“Las mujeres embarazadas y en situaciones de parto sufren una especial vulneración de sus derechos”, amplió el Observatorio y detalló que en esa situación son “obligadas a permanecer con grilletes o esposas en los pies” en los hospitales públicos.

El OVG concluyó que también configura violencia obstétrica el impedimento de las mujeres encarceladas de mantener contacto con sus hijos recién nacidos, mientras ellas son trasladas a las unidades penales y sus hijos recién nacidos permanecen en los hospitales.