El Defensor pidió que la Justicia prohíba que el gobierno cobre impuestos en las boletas

Solicitó que se declaren inconstitucionales los cargos impositivos o tributarios de las facturas de los servicios públicos esenciales.

El Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, se presentó ante la Justicia Federal y solicitó que se declaren inconstitucionales los cargos impositivos o tributarios de las facturas de los servicios públicos esenciales.

Entre los fundamentos de la presentación, se argumenta que “los impuestos que se pagan en las facturas resultan confiscatorios”, y agrega que “el servicio de gas debe ser accesible para todas las personas, constituye el derecho a una vida digna y a la vivienda”.

Nuestra postura contra los aumentos tiene que ver con la función de la Defensoría del Pueblo, que es la de garantizar los derechos de todos los bonaerenses. Pedir un crédito para pagar las facturas, que le interrumpan el servicio a gente con graves problemas de salud, son hechos totalmente inaceptables”, indicó Lorenzino.

Otras de las medidas que solicitó el Defensor a la Justicia, es  la prohibición de liquidar de manera conjunta en la misma factura de gas, los consumos específicos de los usuarios y las cargas tributarias.

Advierten que peligra el servicio de transporte para 400 alumnos

Con las lluvias de la semana pasada, las calles quedaron intransitables y hubo dos días sin servicio. En 2017 estuvieron dos meses sin colectivo.

El defensor del Pueblo, Walter Rodríguez, mantuvo una reunión con la directora de la EES N º 34 del barrio Antártida Argentina, Lorena Mariel Airoldi, y un representante de la CTA. Por el estado de las calles, el colectivo deja de pasar y 400 chicos se quedan sin transporte.

La situación afecta también a la escuela primaria Nº 44, el jardín de Infantes Nº 930 y el Centro de Atención primaria de la Salud Antártida Argentina. Un polo educativo que cuenta con una matrícula de 400 alumnos entre los turnos mañana y tarde.

La línea 501 que utilizan vecinos de Antártida Argentina, San Patricio, Serena, Quebradas de Peralta Ramos, Parque Independencia, Santa Rosa del Mar, tiene frecuencias demasiado espaciadas y es el único medio en la zona sur. Sin embargo, cada vez que llueve los vecinos temen que se interrumpa el servicio como ocurrió entre miércoles y jueves de la semana pasada.

La Delegación Puerto no dio ninguna respuesta a este problema más allá del pedido que elevó la directora para que arreglen las calles. Entre el 13 de julio y el 27 de agosto pasados, el 501 también dejó de pasar y los chicos dejaron de ir a la escuela y al comedor.

Desde la secretaría de Transporte de la ciudad, la respuesta es siempre la misma: el colectivo no puede circular cuando las condiciones climáticas son adversas. “La situación es siempre límite y siempre golpea a los más necesitados”, escribió la directora en una nota enviada a la delegación Puerto. A su vez comentó que el año pasado tras más de dos meses sin servicio, las autoridades dieron una respuesta cuando el tema salió en los medios.

En aquel momento recibí un llamado del intendente solo para ver si se había solucionado el problema. A lo que respondí que era una solución temporal y que lo sabían. Nunca más me respondió el teléfono”, contó.

Las calles más afectadas y que necesitan arreglo con las 431 y la 461. También hacen falta obras de recapado y asfaltado en la avenida 479 donde se ubican las tres escuelas y el centro de salud. Esta arteria se vio afectada, además, por el paso constante de cincuenta camiones con tierra para la obra del Haras.

Mar del Plata: interviene la Defensoría por el posible cierre de centro de diálisis

La falta de pagos por parte del programa federal Incluir Salud (ex Profe) dejaría a 15 pacientes sin su tratamiento.

El eventual cierre de un servicio de diálisis privado que atiende en la ciudad de Mar del Plata, como consecuencia de la falta de pagos por parte del programa federal Incluir Salud (ex Profe), motivó la preocupación de la Defensoría del Pueblo bonaerense, que requirió la intervención del área responsable a nivel provincial, para lograr “una rápida solución al conflicto que afecta el derecho a la salud de 15 personas”.

Así lo informó el Defensor del Pueblo Adjunto en Derechos Humanos y Salud, Marcelo Honores, al puntualizar que desde la semana pasada están trabajando con las autoridades de Incluir Salud, que en la estructura de la administración bonaerense depende del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), para lograr destrabar el tema.

Honores detalló que la secretaria de Salud de la Defensoría, Marcia Lázaro, está en contacto “directo y permanente” con el titular provincial de Incluir Salud, Nicolás Ginóbili, con la intención de subsanar a la brevedad posible este caso que “conmueve la vida de 15 familias marplatenses”.

Se sabe que el Centro de Nefrología y Diálisis Cendial podría cerrar sus puertas a fin de mes como consecuencia de la millonaria deuda que acumula el Estado por la prestación del servicio y desde distintos sectores de la sociedad marplatense manifestaron su inquietud.

Actualmente, son 15 los pacientes que reciben tratamiento de diálisis dos o tres veces por semana, a través de Incluir Salud, en la clínica ubicada en Jujuy 1217 de Mar del Plata.

Lázaro detalló que “está gestionando desde la semana pasada, cuando nos enteramos del caso, para que el programa federal Incluir Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad logren dar una urgente solución al conflicto que afecta a la comunidad marplatense”.

“Derechos Humanos funciona en una oficina donde descargan efluentes cloacales”

Los empleados denunciaron que no pueden trabajar en esas condiciones. El Defensor del Pueblo Rodríguez solicitó una pronta solución al problema.

El defensor del Pueblo Walter Rodríguez recorrió las instalaciones donde funciona la dirección de derechos Humanos de la municipalidad. Se trata de un lugar donde nadie puede trabajar por los malos olores y las condiciones edilicias.

La dirección que está a cargo de Sonia Rawicki funcionaba en la Plaza del Agua. Sin embargo el ejecutivo municipal tomó la decisión de trasladarla a un edificio perteneciente a Obras Sanitarias (OSSE) ubicado en Magallanes y Avenida de los Trabajadores.

Se trata de un lugar donde OSSE recibe efluentes y se descargan camiones atmosféricos”, dijo el defensor y agregó que “cualquiera puede imaginarse los olores con los que tienen que vivir día a día los trabajadores”.

Además, en el lugar tampoco tienen espacio para llevar adelante las instancias de mediación con las cuales trabaja la oficina ni para tomar las denuncias, una tarea que muchas veces debe hacerse en un espacio donde se le pueda asegurar intimidad al vecino por el tipo de tema que va a denunciar.

Tras mencionar que la puerta también está rota dado que donde debería ir un blindex hay una madera, Rodríguez manifestó que “no es una oficina de derechos humanos, es una oficina de derechos inhumanos. Los empleados no pueden trabajar en las condiciones en que está el edificio. Tampoco lo merecen. Por eso pedimos la pronta solución a este grave problema que han generado”.

Preocupación por el incumplimiento de la ley del boleto estudiantil

La preocupación por el incumplimiento de la ley del boleto estudiantil, y la necesidad de que el beneficio se aplique a todas las universidades nacionales en la Provincia, fueron algunos de los puntos destacados del encuentro que mantuvo el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, con representantes de la Federación Universitaria Argentina (FUA).

Puntualmente, durante la reunión se puso el foco sobre el reclamo para que la administración provincial reglamente la norma aprobada el año pasado, y de esa forma pueda ampliarse el alcance de la medida a miles de estudiantes universitarios en todo el territorio provincial.

En ese sentido, la FUA expresó su inquietud de que la ayuda tenga vigencia efectiva para todas las universidades nacionales que funcionan en la Provincia, ya que hoy este mecanismo sólo se aplica en La Plata.

A su vez, se estudió la posibilidad de que se revise el convenio que las universidades tienen que firmar con el Estado para que funcione el boleto, y que se ajusten los mecanismos de inscripción para que los estudiantes puedan sumarse sin dificultades al beneficio.

Además, se proyectó avanzar en una mesa de trabajo entre la Defensoría y la Federación, para que de esa forma se generen acciones que sirvan para fortalecer los derechos de los estudiantes.