El Gobierno publicó en el Boletín Oficial el decreto que reglamenta la ley de los 1000 días

Así se reglamentó la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocida también como de los 1000 días (ley 27611/2020).

El Gobierno publicó esta medianoche en el Boletín Oficial el decreto 515/2021, a través del cual reglamentó la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocida también como de los 1000 días (ley 27611/2020).

El decreto fue publicado con la firma del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y los ministros Carla Vizzotti (Salud), Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad), Claudio Moroni (Trabajo) y Eduardo «Wado» De Pedro (Interior).

En el decreto 515 se establece que «a los fines de garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones establecidos» en la ley de los 1000 días «resulta necesario el diseño del modelo de atención y cuidado integral por parte de la Autoridad de Aplicación», que en este caso corresponde, al igual que en la ley IVE, al Ministerio de Salud.

En ese sentido, el decreto también dispone que la cartera sanitaria -en tanto autoridad de aplicación- deberá «establecer las prestaciones que brindará el sistema, definir su cobertura y/o su inclusión en el Programa Médico Obligatorio», y que también tendrá que elaborar «un Plan Nacional de Implementación» con un cronograma público a cumplir.

En el anexo al decreto, suscripto por la secretaria de Acceso a la Salud Sandra Tirado, se precisan montos y competencias para cumplir con los distintos artículos de la ley 27611/2020, que en uno de sus apartados fundamentales creó la Asignación por Cuidado de Salud Integral y la incorporó al Régimen de Asignaciones Familiares.

En este último caso, se trata de un pago una vez por año de «una suma a las personas por cada niño o niña menor de tres años que se encuentre a su cargo, siempre que hayan tenido derecho al cobro de la AUH para protección social dentro del año calendario, y acrediten el cumplimiento del plan de vacunación y control sanitario». (Telam)

A través de un decreto, oficializan el reconocimiento a mujeres de aportes jubilatorios por hijo

El Gobierno nacional estableció, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, que las mujeres podrán sumar de uno a tres años de servicios computables para su jubilación por cada hijo, tal como lo había anunciado la semana pasada el presidente Alberto Fernández.

El Gobierno nacional estableció, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, que las mujeres podrán sumar de uno a tres años de servicios computables para su jubilación por cada hijo, tal como lo había anunciado la semana pasada el presidente Alberto Fernández.

A través del Decreto 475/21 publicado en el Boletín Oficial, que incorpora artículos a la ley 24.241, que rige el sistema de jubilaciones y pensiones, se dispone que “al único fin de acreditar el mínimo de servicios necesarios para el logro de la Prestación Básica Universal (PBU), las mujeres y/o personas gestantes podrán computar un año de servicio por cada hijo y/o hija que haya nacido con vida”.

Asimismo, la norma aclara también que “en caso de adopción de personas menores de edad, la mujer adoptante computará dos años de servicios por cada hijo y/o hija adoptado y/o adoptada”.

El decreto establece asimismo que “se reconocerá un año de servicio adicional por cada hijo y/o hija con discapacidad, que haya nacido con vida o haya sido adoptado y/o adoptada que sea menor de edad”.

La norma extiende el beneficio a “aquellas personas que hayan accedido a la Asignación Universal por Hijo para Protección Social por el período de, al menos, doce meses continuos o discontinuos”, quienes “podrán computar, además, otros dos años adicionales de servicio por cada hijo y/o hija que haya nacido con vida o haya sido adoptado y/o adoptada que sea menor de edad, en la medida en que por este se haya computado el tiempo previsto en el presente apartado”.

En otro articulo que se suma a la ley de jubilaciones, se incluye el período de licencia por maternidad para el cómputo de “las prestaciones de retiro transitorio por invalidez o de la pensión por fallecimiento del afiliado o de la afiliada en actividad».

Asimismo, en el decreto se aclara que los beneficios regirán “sólo para las prestaciones que se soliciten a partir de la vigencia del mismo”.

El decreto entra en vigencia desde hoy y cuenta con la firma del presidente Alberto Fernández y todos los ministros del gabinete nacional.

El Decreto 475/21 publicado en la edición de hoy del Boletín Oficial lleva la firma del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y todos los ministros y ministras que integran el Gabinete nacional.

Oficializan prórroga hasta el 31 de mayo de prohibición de despidos y suspensiones

El Gobierno nacional oficializó la prórroga hasta el 31 de mayo de la prohibición de despidos o suspensiones «sin justa causa» o por «fuerza mayor», ante la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 266/2021.

El Gobierno nacional oficializó la prórroga hasta el 31 de mayo de la prohibición de despidos o suspensiones «sin justa causa» o por «fuerza mayor», ante la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 266/2021.

La norma, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández y de la totalidad del Gabinete nacional, también estableció la prórroga hasta la misma fecha de la prohibición de efectuar suspensiones por las causales de «fuerza mayor o falta o disminución de trabajo».

En tanto, el artículo 4 de la norma indica que «los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto «no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales».

Asimismo se puntualiza que la prohibición «no» será aplicable «a las contrataciones celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto N° 34/19 ni al Sector Público Nacional definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, con independencia del régimen jurídico al que se encuentre sujeto el personal de los organismos, ni a sociedades, empresas o entidades que lo integran».

«Quedan, asimismo, exceptuados o exceptuadas de las prohibiciones quienes se encuentren comprendidos o comprendidas en el régimen legal de trabajo para el personal de la industria de la construcción de la Ley Nº 22.250», añade el texto.

La prórroga rige también para los trabajadores «dependientes incluidas e incluidos en el ámbito de aplicación personal de la Ley N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y que hayan prestado efectivamente tareas en sus lugares habituales, fuera de su domicilio particular».

El financiamiento de estas prestaciones será imputado al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales creado mediante el Decreto N° 590/97 , y deberá garantizarse el mantenimiento de una reserva mínima equivalente 10 % de los recursos, con el objeto de asistir el costo de cobertura prestacional de otras posibles enfermedades profesionales, según se determine en el futuro.

Por último, las autoridades dan cuenta de la medida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso. (Telam)

Finaliza la vigencia del decreto que congela los alquileres y suspende desalojos

El decreto de congelamiento de alquileres y prohibición de desalojos, que estuvo vigente durante un año, concluirá este miércoles, por lo cual el Gobierno puso en marcha esta semana un protocolo para asistir a las familias con problemas habitacionales.

El decreto de congelamiento de alquileres y prohibición de desalojos, que estuvo vigente durante un año, concluirá este miércoles, por lo cual el Gobierno puso en marcha esta semana un protocolo para asistir a las familias con problemas habitacionales.

De esta forma, tras un año de congelamiento de los alquileres, medida que se tomó en el marco de las medidas económicas de emergencia por el coronavirus, a partir del 1 de abril los contratos podrán actualizarse y las familias que hayan acumulado deuda deberán acordar planes de pago de hasta 12 cuotas contemplados en la normativa o enfrentar juicios de desalojo.

El referente de Inquilinos Agrupados Gervasio Muñoz dijo -en declaraciones radiales- que «la única herramienta para que las familias no queden en la calle es extender el decreto».

«Llegamos a esta situación preocupados porque hay un montón de familias que sencillamente el día de mañana no saben a dónde van a ir a vivir porque, o acumulan deuda o tienen imposibilidad de pagar nuevos alquileres o de juntar todo el dinero para entrar a un departamento nuevo; es una situación muy complicada», detalló.

Ayer, la Federación de Inquilinos Nacional realizó un «ruidazo inquilino» en distintos puntos del país «para denunciar el abuso del mercado inmobiliario por los aumentos de precios y las condiciones cada vez restrictivas para poder acceder a una vivienda en alquiler».

Asimismo, la manifestación apuntó a «pedirle al Gobierno que extienda el decreto que suspende los desalojos para evitar una crisis habitacional, social y humanitaria en el medio de la segunda ola».

Por otra parte, sostienen que es necesario implementar un «plan de desendeudamiento de las familias inquilinas» y el «control para el cumplimiento efectivo de la ley de alquileres vigente desde hace 10 meses».

A principios de marzo, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, anticipó a Télam la no extensión del decreto y afirmó que a partir de abril «no habrá posibilidad de desalojos sin mediación», una instancia que se creó en la nueva Ley de Alquileres.

Además, el Gobierno implementó la obligatoriedad de registrar los contratos de alquiler en AFIP, lo cual de no cumplirse es un impedimento para el propietario en caso de querer avanzar en un desalojo.

Por otra parte, esta semana se creó el «protocolo de riesgo temprano de desalojo» con el objetivo de asistir a las familias que se encuentren en situación de desalojo ante el inminente vencimiento del decreto.

A través de la Resolución 88/2021, se instruyó la elaboración y aprobación del Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales.

Se establecerán los criterios de priorización de las personas, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, remarcó a Télam que “esta decisión representa un Estado sensible que no mira para el costado ante una circunstancia que todos deseamos que no se produzca, que tiene que ver con el desalojo de familias”.

“Vamos a trabajar en articular el esfuerzo del Estado en revertir esta situación habitacional a partir de una oferta de viviendas, y mientras tanto tener una respuesta, con un protocolo con pasos concretos, para atender la situación de cada familia y dar una solución habitacional a partir del financiamiento que el Estado hace de los programas de viviendas”, señaló Scatolini.

Explicó que se hará “un relevamiento de información fehaciente de sentencias que se podrían llegar a ejecutar, con un criterio de prioridad de situaciones de mayor vulnerabilidad”, y agregó que “también vamos a realizar un relevamiento con las unidades ejecutoras de soluciones habitacionales de todo el país que arman el listado de adjudicatarios de viviendas para que dentro de esos listados se priorice a personas en situación de desalojo”. (Telam)

El Presidente anuló decreto migratorio del macrismo

El decreto derogado «modificó aspectos sustanciales» de esa ley, según explican las autoridades en los considerandos de la norma, y agregan que como resultado de esas modificaciones se observan violaciones a los derechos humanos.

El Gobierno nacional derogó un decreto de la gestión del expresidente Mauricio Macri sobre política migratoria, al entender que los cambios efectuados bajo el Gobierno anterior «resultan irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos».

Así lo establece el Decreto 138/2021 publicado en el Boletín Oficial bajo la firma del presidente Alberto Fernández y los ministros que integran el Gabinete nacional, que deroga el decreto 70/2017, que modificó aspectos de la Ley N° 25.871 que establece el régimen de la política migratoria argentina.

Del mismo modo, la norma restituye «la vigencia de las normas modificadas, sustituidas o derogadas por el Decreto N° 70 del 27 de enero de 2017» y dispone la creación de una «Comisión Asesora de Política Migratoria» que deberá «proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones N° 25.871».

La ley establece que el régimen de política migratoria argentina, dispone reglas de admisión, ingreso, permanencia y egreso de personas, así como los derechos y obligaciones de los extranjeros y las extranjeras que desean habitar en el país.

El decreto derogado «modificó aspectos sustanciales» de esa ley, según explican las autoridades en los considerandos de la norma, y agregan que como resultado de esas modificaciones se observan violaciones a los derechos humanos.

Entre ellas se citan «la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias».

En tanto, las autoridades nacionales añaden en el decreto de derogación que los cambios a la ley migratoria, agravaron «exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria».

Sobre este punto señalan que «distintas sentencias judiciales declararon la inconstitucionalidad de diversos aspectos del decreto» y que el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura, dependientes de las ONU «han expresado su profunda preocupación y han instado al Estado Argentino a derogar dicho decreto».

En el mismo sentido, se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos que «ha sido enfática con relación a la protección de los y las migrantes, señalando que los Estados deben respetar sus derechos humanos y garantizar su ejercicio».

En el momento de la aplicación del decreto en 2017, Amnistía Internacional (AI) había advertido que esa norma introducía «impedimentos concretos para el ingreso y permanencia de migrantes en el país, acelera los trámites de expulsión reduciendo las garantías procesales de las personas, vulnerando el derecho de defensa; elimina la unidad familiar como condición para evitar la expulsión y restringe el acceso a la nacionalidad argentina».

«El decreto está dirigido mayormente a evitar el ingreso de migrantes y facilitar los mecanismos de expulsión de aquellos que cuenten con antecedentes penales ampliando la posibilidad de hacerlo sin tener en cuenta la realidad de los migrantes, sus lazos con el país, el arraigo en la Argentina, los contextos familiares y la posibilidad de desmembrar una familia», señaló AI en aquella oportunidad, e indicó que la normativa «amplia el concepto de antecedentes penales vulnerando los derechos de los migrantes». (Télam)