Cuevas financieras: sostienen los procesamientos de los 25 acusados

Tras una audiencia maratónica de casi seis horas, donde se escuchó la palabra de 12 abogados defensores y del Ministerio Público Fiscal de la Nación –representado por el fiscal Daniel Adler, acompañado por la fiscal del caso, Laura Mazzaferri-, los jueces que integran la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata deberán resolver, por un lado, los procesamientos de los 25 acusados en el marco de la megacausa por cuevas financieras, y por otro, deberán expedirse sobre el recurso fiscal sobre la no fijación de aquellas prisiones preventivas solicitadas.

Los magistrados Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Bernardo Bibel escucharon en primer lugar a todos los abogados defensores.

Durante cada exposición las defensas cuestionaron los procesamientos de sus defendidos, pidieron la revocatoria y el sobreseimiento. Cuestionaron las escuchas telefónicas como pruebas y hablaron de vínculos entre los imputados “no probados”.

La mayoría negó la intervención de su o sus clientes en la asociación ilícita, también adujeron que no se describió la misma ni cómo afectó al orden público; y cuestionaron la aplicación de la figura de intermediación financiera. Adujeron que los millones encontrados eran fondo propio y coincidieron algunos en que se afectaron garantías constitucionales. Hablaron dos de ellos de informes ideológicamente falsos de la Gendarmería Nacional a cargo de las tareas de inteligencia y casi todos repararon en una falta de precisiones en los hechos imputados.

Estamos frente a una estructura criminal aceitada que ha estado oculta, porque no había antes normativa que permita la intervención de la Justicia. Son delitos de cuello blanco”, sostuvo a su turno el fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones, Daniel Adler, acompañado por la fiscal del caso, Laura Mazzaferri.

Esta causa –recordó el representante del MPF- se inició a través de una presentación de representantes del Banco Central ante la Procelac, donde revelaron no sólo posibles irregularidades en el régimen penal cambiario sino también la comisión de delitos federales como la intermediación financiera.

En este sentido, marcó que la ley N°26733 de delitos financieros “viene a reprimir a las cuevas o las bancas de hecho, que tanto perjudican a los ahorristas y al desarrollo monetario de los pueblos”. “Es toda la sociedad la que se perjudica con este delito”, apuntó para contrariar la idea de que no tiene víctimas, y ejemplificó con la película “Plata Dulce” con el personaje de Federico Luppi, recordando a Arteche. Enseguida, recordó los vínculos con paraísos fiscales, y los viajes recurrentes de uno de los principales acusados a Andorra.

Adler planteó más adelante que las casas de cambio involucradas no tenían autorización del Banco Central para las operaciones de intermediación financiera que realizaban ni las operaciones de cambio, que se realizaron –entonces- “al margen de la ley”

Apoyado en un cuadro, el fiscal general habló de la estructura que sostenía la asociación ilícita que se les imputa a los acusados en esta causa. Marcó en una primera instancia a las agencias que “bajo fachadas legales, realizaban actividades ilegales”, como Transcambio, Jonestur y Eurocity/Intercambio, cuyos directivos quedaron implicados. En un segundo rol, dijo, están aquellas personas que llevaban dinero entre las empresas: “Había una provisión común de la masa monetaria”, señaló. En el tercer eslabón del gráfico estaban los denominados “arbolitos”, quienes actuarían con tenencia de armas y connivencia policial, de acuerdo a la investigación del MPF. “Estamos frente a una estructura perfectamente organizada”, afirmó el fiscal.

A su vez, el fiscal ante la Cámara de Apelaciones mostró a los jueces y abogados defensores una serie de imágenes, que constan en el expediente, y que dieron sustento a su presentación. Se mostró la zona de avenida Luro entre Independencia y Catamarca, allí donde los “arbolitos” tenían dominio territorial, ofrecían cambio y los autos en doble fila eran parte del paisaje, ante la inactiva presencia policial. El mismo lugar donde el día de los primeros allanamientos, el 19 de septiembre de 2016, se secuestraron casi dos millones de pesos, 75 mil dólares, unos 6 mil euros, y gran cantidad de armas que custodiaban esta cifra de dinero. También, se exhibieron las libretas secuestradas que evidenciaban el pago de coimas a personal policial que ya ha sido llamado a prestar declaración indagatoria, o los tres millones de dólares encontrados en la caja de uno de los principales imputados.

Continuaron los operativos en casas de cambio, cuevas y la vía pública

Se investiga la comisión del delito de intermediación financiera y/o lavado de dinero y la realización de operaciones de cambio marginal.

Una gran cantidad de allanamientos se realizaron durante lunes y martes en distintos puntos de Mar del Plata, en el marco de una investigación por intermediación financiera y/o lavado de dinero proveniente de ese delito como de otros delitos, que lleva adelante la Fiscalía Federal N°1, a cargo de Laura Mazzaferri, y en la que coadyuva la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.

La causa tramita en la jurisdicción desde septiembre de 2014, por una denuncia que realizó la Procelac en su momento ante la Fiscalía de Cámara, y entonces se dio intervención a la Fiscalía Federal N°1.

Los operativos fueron realizados por la Gendarmería Nacional, se desarrollaron en casas de cambio, cuevas financieras y operaciones de arbolitos, en relación al objeto de la causa. Se concretaron en forma simultánea con allanamientos en casas de cambio de la Ciudad de Buenos Aires, y también se incluyó requisa de automotores.

Se realizaron alrededor de una treintena de allanamientos y, hasta el momento, derivaron en el secuestro de una importante cantidad de dinero en efectivo, tanto en moneda local como en divisas extranjeras: 37.572 reales; 144.000 pesos chilenos; 12.900 euros; 415.268 dólares y 6.066.484,23 pesos.

También se secuestraron ocho vehículos; distintos elementos de oro (24 monedas de diversos tamaños, tres barras doradas, bijoux y seis sobres que contenían trozos de ese metal precioso) y armas (tres pistolas Bersa 9 mm, algunas de ellas cargadas, un revólver calibre 38 Smith & Wesson, cartuchos y municiones).

Entre otros elementos de interés para la causa, se logró dar con un importante volumen de documentación, aparatos informáticos, servidores y teléfonos celulares. Se trata de resultados parciales ya que aún existen procedimientos en curso.

Actualmente, hay ocho personas detenidas.

En octubre de 2014, se habían realizado una serie de allanamientos. A partir de la hipótesis inicial que se formuló, sumada a los resultados de la investigación y los procedimientos, se profundizó la investigación por la posible comisión del delito de intermediación financiera y/o lavado de dinero proveniente de ese delito como de otros delitos, sin perjuicio de las operaciones de cambio marginal que también formaban parte del objeto procesal.

Luego, en noviembre de 2014, se pidieron nuevos y numerosos allanamientos sobre la base de estas pesquisas, que fueron denegados por el juez federal que entonces intervenía, Alejandro Castellanos; y en diciembre de 2015, la Cámara Federal de Apelaciones dio vuelta la resolución de primera instancia.

En función de ello y la necesidad de constatar la vigencia de las operaciones oportunamente determinadas, y de los domicilios y personas oportunamente individualizados, se realizaron numerosas medidas de investigación que culminaron en el nuevo pedido de los procedimientos al juez federal, actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado Federal N°1, Santiago Inchausti.