Se reunió la Conducción Nacional de la CTA Autónoma

En el día de ayer se reunió la Comisión de la Mesa Ejecutiva Nacional de la CTA Autónoma con la presencia de compañeras y compañeros de distintas provincias y gremios nacionales.

En ella dejaron de manifiesto la avanzada del gobierno contra los derechos de las trabajadoras y trabajadores de la mano de los despidos que no cesan, el plan de flexibilización laboral, los tarifazos, la situación de nulas posibilidades para los jóvenes, cómo así también la de los jubilados, en un contexto donde los magros salarios quedan por debajo de la línea de la pobreza.

En este sentido, Pablo Micheli, Secretario General  y de la CTA-A, hizo hincapié en la urgente necesidad de “confluir las tres Centrales en una medida de acción conjunta a nivel nacional”, al tiempo que afirmó que llevar acciones todos por separados “es hacerle el juego al gobierno que busca dividir para debilitar”.

En esta misma línea, la conducción nacional de la CTA-A expresó su preocupación ante el atropello del gobierno a la libertad y la democracia sindical.

La intervención de la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de Mendoza, la intromisión en las elecciones del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Ledesma (SOEAIL),  la determinación tomada con el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas (SIVENDIA), la embestida contra los abogados laboralista señalados de “mafiosos” por el propio presidente de la Nación Mauricio Macri, dan cuenta del objetivo planteado por el gobierno a lo largo y ancho del país.

José Rigane, Secretario Adjunto de la CTA-A remarcó que  “el gobierno de Macri está convencido de que el mejor sindicato es el que no existe, por eso hay 6 intervenciones en gremios y algunas más en proyecto”.  Además, remarcó que las empresas, el poder económico, la justicia y el Gobierno quieren un trabajador que no se sepa “defender”

“Es importante caminar hacia medidas contundentes de todo el movimiento obrero organizado, como un nuevo paro general y movilizaciones para confrontar esta y otras políticas neoliberales del gobierno de Macri”, cerró Rigane.

Consejo del Salario: Rotundo rechazo de las centrales sindicales a la propuesta del gobierno

Las centrales sindicales rechazaron la propuesta de aumento del Consejo del Salario para el Salario Mínimo Vital y Móvil en una reunión realizada hoy en el Ministerio de Trabajo.

En un hecho histórico, por primera vez desde el 2004 que se reúne el Consejo del Salario, las centrales sindicales rechazaron unánimemente la propuesta del aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil que realizaron los empresarios para llevar este salario a 10 mil pesos, dividido en tres cuotas.

Desde la CTA-Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la CGT le exigieron al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que el Salario Mínimo Vital y Móvil sea de 14.600 pesos, equivalente a una canasta básica de alimentos.

La propuesta de los empresarios consistía en un incremento en tres tramos que llevaría el piso salarial de los actuales 8.060 pesos a 8.800 a partir de julio, 9.200 pesos a partir del 1º de enero de 2018 y 9.800 pesos a partir del 1º de julio del año que viene.

El Gobierno de Mauricio Macri dispondrá por decreto que el sueldo mínimo sea de 8.860 pesos en julio, 9.500 pesos en enero y 10.000 pesos en julio de 2018.

En el encuentro, que se desarrolló desde esta mañana en la cartera laboral de Avenida Leandro Alem 650, en Capital Federal, participaron el secretario General de la CTA-A, Pablo Micheli, el Adjunto, José Rigane, representantes de la CTA-T y de la CGT.

José Rigane dijo a la salida del encuentro que terminó con el histórico rechazo, que “por primera vez desde el 2004, el movimiento obrero, absolutamente unificado en la posición, no aceptó la propuesta del empresariado”.

Pablo Micheli, dijo “que es hora de evaluar una protesta nacional de todos los sindicatos”.

La CTA Autónoma denunció ante la OIT al gobierno de Argentina por su sistemática presión a la Justicia Laboral

El Gobierno desarrolla una política sistemática de presión y descalificación contra jueces, abogados y hasta normas protectorias del trabajo, para quitar derechos a los trabajadores.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo sentenció a principios de 2017 que se cumpliera la negociación colectiva suscripta entre trabajadores y empleadores bancarios (aumento por encima del ilegal tope impuesto por el Ministerio de Trabajo), por ese motivo el mismo Ministerio a fines de febrero de 2017 promovió el juicio politico para la destitución de los jueces E. Arias Gibert y G. Marino que habían firmado la sentencia.

En mayo de 2017 otros jueces del mismo Tribunal, Luis Rafaghelli y Diana Cañal fueron denunciados, mediante el mismo procedimiento, por haber dispuesto la reincorporación a sus puestos de trabajo de empleados estatales que habían sido despedidos de forma manifiestamente discriminatoria.
El Gobierno impulsó a fines de 2016 la modificación parlamentaria de la ley de riesgos del trabajo creando obstáculos inconstitucionales para el reclamo por los trabajadores de las reparaciones por daños sufridos a causa del trabajo. La ley se sancionó en marzo de 2017.
Durante los días que corren del mes de junio de 2017, ya comenzada esta 106 Conferencia, el Presidente de la Nación insistió en expresiones públicas denostando a los abogados que defienden los derechos de los trabajadores, las que se suman a otras anteriores formuladas contra los jueces que fallan de acuerdo al principio Protectorio del Derecho Laboral.
Tales reiteradas conductas del Presidente de la Nación tienen el efecto inmediato de intimidar a los jueces laborales en su conjunto, y desalentar los justos reclamos de quienes ven avasallados sus derechos como trabajadores.
Así resultan violadas la independencia del Poder Judicial, la division de poderes, el principio protectorio del Derecho del Trabajo, todo con grave menoscabo del Estado de Derecho y el orden constitucional argentino.
Los jueces acusados no han hecho otra cosa que aplicar las normas del derecho interno, y especialmente en los casos señalados, los Convenios y Recomendaciones de la OIT.
Todo lo expuesto se produce en el marco de ataques del Gobierno a los sindicatos, los derechos sindicales y en particular el derecho de huelga. Que en Argentina esta garantizado constitucionalmente y también a través de los Convenios 98 y 87 de la OIT.
Dejamos reclamado el cese inmediato de tales conductas contrarias a los derechos de los trabajadores, sin perjucio de proseguir los procedimientos de la OIT para que se pronuncien sus órganos competentes.
Por la Delegación de la CTA A ante la 106 CIT – OIT, Ginebra, Suiza, 8-6-2017

José RIGANE, sec. adjunto de la CTA-A
Hugo BLASCO, sec. Derechos Humanos
Ruben GARRIDO, Director de Relaciones Internacionales
Horacio CATENA, sec. Gral. CTA A Tierra del Fuego
Jaime NUGUER, asesor Juridico Nacional CTA-A

Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA A)

  1. La ley de Asociaciones Sindicales de Trabajadores (1988) confiere privilegios al sindicato con mayor número de afiliados.

La Comisión de expertos «desde hace numerosos años» viene señalando -ante nuestras quejas- que esa norma no está de conformidad con el Convenio 87.

Ambas CTA venimos reclamando desde hace 16 años que se nos reconozca la personería gremial.

El Ministerio de Trabajo prometió a la Comisión el último año que esa cuestión sería tratada en una Mesa de Diálogo Tripartito. Esa Mesa de Diálogo duró pocas semanas, ya no existe, y cuando el Ministerio «dialoga» lo hace principalmente con los empleadores y en caso de convocar trabajadores incluye solamente a la CGT.

La discriminación y la exclusión de las dos CTA por parte del Ministerio de Trabajo se sigue agravando cada vez más.

Denunciamos que desde que asumió el nuevo gobierno en diciembre de 2015, no solo no se nos reconoció la personería gremial, sino que no se inscribió a ningún sindicato de los que reclaman su registro desde hace años y aumentó la intervención del Ministerio de Trabajo en las elecciones sindicales.

  1. La Federación de Trabajadores de la Energía (FeTERA) -entidad de segundo grado afiliada a esta CTA A- también reclama su personería gremial desde hace 16 años.

El Ministerio de Trabajo pone obstáculos, inclusive para frenar el trámite judicial que la obligue a reconocerla.

  1. El Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina (S.U.T.E.F.) presentó queja ante el Comité de Libertad Sindical en junio de 2016 por diversas violaciones especialmente de los Convenios 87 y 98 contra el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, en su doble carácter de empleador y autoridad gubernamental.

El conflicto se desató a partir de una reforma del régimen previsional que defrauda los compromisos asumidos históricamente por el Gobierno de la Provincia frente a los aportes al sistema por parte de los trabajadores.

La protesta de los trabajadores es reprimida y sus dirigentes y militantes sometidos a procesos penales.

El Sindicato declaró una huelga por tiempo indeterminado, el Gobierno la declaró ilegal y además sustituyó a los trabajadores en huelga por otros.

Los dirigentes del sindicato son perseguidos en el marco de la criminalización de la protesta social y se intenta exonerarlos de sus puestos de trabajo, siendo especialmente relevante la situación del Secretario General Horacio Catena.

  1. La Federación Judicial Argentina (FJA) reclama desde hace años por el derecho a la negociación colectiva que se le niega a los trabajadores judiciales, salvo la excepción de algunas pocas provincias.

El Informe de la Comisión de Expertos refleja la falta de respuesta estatal a la violación denunciada.

En el caso del sindicato federado de la Provincia de Mendoza el Ministerio de

Trabajo anuló recientemente las elecciones de autoridades sindicales realizadas con la conformidad de todas las listas participantes y designó un interventor.

Mientras tanto la acción judicial iniciada por el Sindicato para recuperar su autonomía es obstaculizada por el Ministerio de Trabajo, que en estos días niega el envío de los expedientes administrativos para que los jueces puedan volver a poner las cosas en su lugar.

  1. La Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA), sindicato que

agrupa a los choferes de vehículos de transporte de pasajeros, cuenta con inscripción gremial.

No obstante los empleadores no le reconocen ninguna representatividad y para ello cuentan con la complicidad del Ministerio de Trabajo que reconoce con exclusividad al sindicato con mayor número de afiliados a nivel nacional.

  1. El Sindicato que agrupa a trabajadores docentes de la Provincia de Misiones (MPL) tramita su pedido de inscripción gremial desde setiembre de 2011, pero el Ministerio de Trabajo no se la otorga.

El Secretario General del sindicato Rubén Darío Ortiz, dirigente social constructor de múltiples movimientos populares en la Provincia, es víctima de amenazas armadas y de persecuciones policiales y judiciales por su conducta en defensa del movimiento social.

  1. Desde hace muy pocos días, el 29 de mayo de 2017 el Secretario General de la CTA Autónoma de la Provincia de Río Negro (también Sec. Gral. de la ATE provincial) y su Adjunto, Cros. Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti, están presos acusados arbitrariamente de “coacción agravada” por haber encabezado una protesta pública en oposición a un proyecto de ley que perjudica los derechos de los trabajadores estatales provinciales.

La CTA Autónoma exige su libertad y reclama el cese de toda persecución gremial.

Estos son solo algunos ejemplos de los muchos que se están repitiendo en todo el país en contra de la libertad sindical, la negociación colectiva y la libertad de las personas, al criminalizarse la protesta social.

José Rigane                                   Pablo Micheli

Secretario Adjunto de la CTA-A             Secretario General de la CTA-A