El Consejo Local de Niñez le vuelve a decir NO a la baja de edad de punibilidad

Ante los reiterados pronunciamientos del Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, en cuanto propone bajar la edad de punibilidad en el marco de la necesaria reforma a la Ley Penal Juvenil, sancionada por la última dictadura cívico-militar.

Desde el Consejo Local de Niñez de Gral. Pueyrredón, por decisión unánime de sus miembros en la asamblea ordinaria del mes de junio, tomando la iniciativa que presentó el Colegio de Trabajadores Sociales, manifestaron su preocupación por los reiterados pronunciamientos del Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, en cuanto propone bajar la edad de punibilidad en  el  marco  de la necesaria reforma a la Ley  Penal Juvenil, sancionada por la última dictadura cívico-militar.  

«Bajar la edad no solo es inconstitucional por el principio de no regresividad, sino porque entendemos  que las situaciones que llevan a los jóvenes a acciones  reprochables penalmente son complejas y  multicausales, y no se soluciona abriendo el paraguas  de la punibilidad ni del punitivismo, sino ampliando y  reforzando las políticas de derechos, respetando las normas internacionales y constitucionales, garantizando los mecanismos o dispositivos para  acceder a ellos», fundamentalmente su postura.

Desde la mencionada Comisión considraron que resulta imprescindible una discusión amplia y seria, donde se conozcan las diversas propuestas que den respuestas humanizadas a este problema social.

«Y dicha reforma debe sobre todo garantizar el acceso a los derechos a la  alimentación, la vivienda digna, la educación, la salud, la cultura, ponderando la vida en comunidad, donde la solidaridad y la otredad guíen nuestras acciones», destacaron.

Consejo Local de Niñez: “En la educación pública no se cae”

El Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes  del Partido de General Pueyrredon  reafirma y ratifica, ante las declaraciones presidenciales de público conocimiento, que la educación pública es un derecho consagrado y debe ser el Estado el garante de su cumplimiento, regulación y funcionamiento; dotándolo de los recursos imprescindibles para su desarrollo.

Mediante un comunicado, los integrantes del Consejo señalaron que, “más allá del desprecio que conllevan estos dichos, como Organismo Público, cuyo sentido es velar por el cumplimiento de las leyes de Promoción y Protección de los Derechos de los niños/as y adolescentes, nos vemos obligados a puntualizar algunas cuestiones:”.

–         según la Ley NACIONAL DE EDUCACIÓN N 26.061/06 TODAS Las escuelas son de carácter público, sólo que algunas son de “gestión privada”, en consecuencia el Estado debe ejercer una regulación basada en acuerdos y consensos en todas ellas y velar por el cumplimiento de las leyes que la sostienen.

–          el carácter de público, gratuito y laico de la tradición de la Educación pública Argentina  garantizó desde sus etapas fundacionales la inclusión de amplios sectores de la población.

–         la ley nacional de educación N 26.061/ 06 tiene como uno de sus pilares fundamentales la ley de promoción y protección de los niños/as y adolescentes.

Desde este Consejo Local entienden que los niños niñas y adolescente  “caigan en  la educación pública”, lejos de constituir una desgracia, significa que  quienes habitan la escuela están protegidos por un corpus legal que los sostendrá ante la potencial vulneración de sus derechos (maltrato/ abuso sexual/ trata/ discriminación por condición sexual, etnia, religión, etc.) ( Ley nacional de Educación 26.206/ Ley 23.849/90 Convención  sobre los Derechos del niño/ Ley 26.061/06 de Protección Integral  de los Derechos de niñas/niños y adolescentes/ Ley d26150/06 de Educación Sexual Integral/ Ley 26l.390/08 de Prohibición del trabajo infantil y adolescente/ Ley 26.634/08 sobre Prevención y Sanción de la trata de Personas y asistencia a sus víctimas)

La existencia de este marco legal  implica e impone la obligación y disposición permanente de los actores educativos a una escucha y mirada atenta y cuidadosa de lo que ocurre  tanto en el  ámbito escolar  como de aquellas situaciones extraescolares que potencialmente estarían vulnerando derechos.

La responsabilidad como docentes (funcionarios públicos)  es intervenir no solo por razones éticas y sociales, sino también  legales (Ley 26.0614, artículos 9 y 30)

La escuela, en tanto se trata de una institución pública tiene un papel central a la hora de hacer valer los derechos de los niños, niñas y jóvenes y desarrolla una política de cuidado.

En este sentido es importante destacar la función indelegable que cumple el sistema educativo en el marco de Sistema de Promoción y Protección de derechos de los  niños, niños y adolescentes, función que lleva adelante junto a otros organismos del estado y de la sociedad civil.

Por lo expuesto es que este organismo considera de suma gravedad los dichos expresados por el Jefe de Estado nacional que denotan un desconocimiento de lo que significa el alcance de la Educación Pública no solo como garante de inclusión sino también como parte del sistema de proyección de derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Al mismo tiempo estas consideraciones no excluyen el papel fundamental del sistema  educativo en su dimensión inclusiva  promoviendo  la ampliación de los horizontes simbólicos de quienes la habitan.

Rechazan acusaciones del Consejo de Niñez y los vinculan con el kirchnerismo

El Municipio rechazó los términos y acusaciones que formularon miembros del Consejo Local de la Niñez.

El subsecretario de Legal y Técnica de la Municipalidad, Gustavo Gil de Muro se refirió a las acusaciones vertidas en las últimas horas por el Consejo Local de la Niñez.

“El Municipio rechaza los términos y acusaciones que en el día de ayer han formulado por diferentes medios los autodenominados coordinadores y autoridades del Consejo Local de la Niñez, desmintiendo, a su vez, haber llevado adelante acciones intimidatorias y antidemocráticas”, aseguró.

“Una vez más –continuó Gil de Muro- , sectores estrechamente vinculados al kirchnerismo demuestran un profundo rechazo a la figura y gestión de quien fuera legítima y masivamente ungido como Intendente por el voto popular, y se escudan en la defensa de derechos sociales para intentar imponer políticas públicas que son resorte exclusivo del Departamento Ejecutivo”.

Asimismo, el subsecretario de Legal y Técnica manifestó que “así se ha sostenido desde el comienzo, cuando hicimos la defensa jurídica en el amparo judicial que careciendo de legitimación se instara en contra del Intendente Municipal. Ello es así, pues estamos convencidos que la planificación de las políticas públicas es una cuestión y decisión política no sujeta a revisión judicial, mientras no se afecten derechos ni se transgredan normas legales. La justicia puede controlar el accionar del Estado, pero no suplir su actuación en materia de definición de acciones de gobierno”.

“En este caso, los derechos de los niños son universales, irrenunciables e indelegables, no hay mayor garante de los mismos que el Estado Nacional, Provincial y Municipal, pero lamentablemente quienes detentan el Consejo Local de la Niñez se escudan en la noble causa para intentar recuperar prebendas y beneficios económicos que de manera irregular obtuvieran en la anterior gestión de gobierno municipal, al margen de las necesarias previsiones presupuestarias”, agregó.

Por otra parte, Gil d eMuro expresó que “esta administración municipal no se apartará jamás del procedimiento de designación de autoridades del Consejo Local de la Niñez, regulada por la Ordenanza 18.897 sancionada en el año 2009; por ello hemos comenzado hace más de 1 mes a cursar las invitaciones a distintas instituciones, organizaciones y actores sociales, educativos y culturales (colegios profesionales, universidades, gobierno provincial, organizaciones sociales, H.C.D., etc.), con el propósito de que designen a sus representantes para poder conformar regular y legalmente el referido cuerpo para darle el marco de de legalidad y así elevar la terna al Departamento Ejecutivo para que el Sr. Intendente Municipal designe al coordinador general”.

“Sin embargo, las personas que convocaron a la asamblea realizada el pasado día 20 de septiembre de 2016 carecen de legitimidad para ello, por cuanto no fueron designadas en el marco del procedimiento previsto por la propia ordenanza”, añadió.

Por último, el funcionario precisó que “en razón de ello, y en la necesidad ajustar la integración del Consejo Local de la Niñez al marco regulatorio vigente,el gobierno municipal rechazo la carta documento recibida por los autoproclamados coordinadores, y respondió la misma desconociendo su legitimidad y potestad para llevar adelante la irregular convocatoria y la posteriores anulables designaciones”.

“Lamentamos así que quienes deben actuar como asesores y colaboradores del Ejecutivo, dentro de la órbita municipal, pretendan transitar el camino de la autogestión de políticas públicas e imposición de medidas y acciones de indudable índole gubernamental. Invitamos a estos sectores al debate democrático, a transitar el camino de la tolerancia, el respeto de las normas legales y a la defensa de las instituciones democráticas, siempre en el marco del Estado de Derecho”, concluyó Gil de Muro.

Rechazo a persecución policial contra estudiantes que tomaron el Consejo Escolar

El Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de General Pueyrredon manifestó un profundo rechazo al accionar policial que, tras la toma del Consejo Escolar que realizaran estudiantes secundarios en pos de genuinos reclamos- recorrieron las escuelas del distrito con la finalidad de conocer las identidades de los jóvenes que participaron de la medida.

Esto sucede a partir de la denuncia penal que radicara Amalia Rey, presidenta del Consejo Escolar.

A través de un comunicado, los integrantes del Consejo de Niñez señalaron que “el Estado tiene el deber de garantizar el pleno goce de derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

“Por este motivo exigimos a las autoridades que adopten las medidas necesarias para impedir este accionar intimidatorio, y que se contemplen todas las garantías que marca la Ley en pos de proteger y amparar a los jóvenes”, agregaron.

Por lo expuesto, este Consejo Local “manifestamos nuestra oposición a toda acción, por parte de organismos estatales, que criminalice la protesta social; sobre todo aquella que estigmatice a la juventud e intente silenciar sus reclamos”.

“Instamos a las autoridades a la reflexión y al dialogo, sensibilizados por los hechos acaecidos y por la proximidad de cumplirse 40 años de una de las tantas noches tristes de nuestra historia reciente, la Noche de los lápices”, remarcaron.

Paraje San Francisco: “una nueva vulneración de derechos”

El Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de General Pueyrredon se refirió al cierre de la casa de abrigo que funcionó hasta el pasado lunes en el predio ubicado en Paraje San Francisco.

A través de un comunicado indicó que el cierre “es la consecuencia del desgaste que se produjo en el predio, en el personal y en los niños y adolescentes que pasaron por él y que finalizó, ni más ni menos, que en una nueva vulneración de derechos seguida de al menos dos más en 48 horas”.

Desde el Consejo describieron el padecimiento que cuatro pibes sufrieron esta semana. “Primero fueron expulsados del Paraje y su ciudad, luego expulsados de su nuevo destino de abrigo (en Ayacucho) y finalmente alojados en dos dispositivos de nuestra ciudad después de haber pasado una noche en calle”, precisaron.

Sobre el funcionamiento de este establecimiento que dependía del municipio y la Provincia, los miembros del Consejo afirmaron que “desde su inicio aparecía poco clara su finalidad, sus características y el perfil de niños y adolescentes que alojaría hasta que poco a poco se definió como una Casa de Abrigo Especializada que abordaría la cuestión de la transgresión como obstáculo del devenir del sujeto en sus posibilidades de inclusión y disfrute de sus derechos que garantiza al más alto nivel la Convención sobre los derechos de Niño”.

“Niños con serios padecimientos en sus afiliaciones familiares, sociales, económicas y culturales. Que transitando el desamparo, que causa la toma de una medida de abrigo, vuelven a ser víctimas del mismo desamparo, esta vez por parte de Estado Provincial”, resaltaron.

Este lugar estaba preparado para recibir 12 niños y adolescentes, “cupo que nunca pudo ser alcanzado por deficiencias operativas que incluyen la falta de personal necesario para trabajar con ese número de pibes alojados; situación que se dio desde la apertura y que, lejos de resolverse se fue agudizando hasta quedarse casi sin operadores contratados”.

En el mes de octubre de 2014, luego de varias visitas consecutivas realizadas por este Consejo, se alertó, en el marco de una reunión en la que estuvieron presentes todos los responsables del dispositivo, acerca de cuestiones que consideraron preocupantes en el funcionamiento.

Sin embargo, “cada una de las cuestiones planteadas fueron desestimadas bajo justificaciones rayanas a lo absurdo”, recordaron.

“Desde este consejo local solicitamos, a la máxima brevedad posible, la apertura de un dispositivo capaz de dar efectivo abrigo a los niños y adolescentes de General Pueyrredón. Con recursos humanos capacitados para la tarea, recursos económicos indispensables para el funcionamiento, equipos técnicos interdisciplinarios para abordar cada situación desde la integralidad que la ley 13.298 exige; provisto (ya sea en sede propia o en articulación) con oferta de actividades culturales, educativas y de recreación, con una especial atención en relación a la salud, entendida como bienestar biopsicosocial de los niños; un espacio donde la restitución de derechos aparezca como prioridad. (Arts. 1, 2,3,4,9,12, 19,27 y c.c. de la Convención sobre los Derechos del Niño), finalizaron.