Cuevas financieras: sostienen los procesamientos de los 25 acusados

Tras una audiencia maratónica de casi seis horas, donde se escuchó la palabra de 12 abogados defensores y del Ministerio Público Fiscal de la Nación –representado por el fiscal Daniel Adler, acompañado por la fiscal del caso, Laura Mazzaferri-, los jueces que integran la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata deberán resolver, por un lado, los procesamientos de los 25 acusados en el marco de la megacausa por cuevas financieras, y por otro, deberán expedirse sobre el recurso fiscal sobre la no fijación de aquellas prisiones preventivas solicitadas.

Los magistrados Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Bernardo Bibel escucharon en primer lugar a todos los abogados defensores.

Durante cada exposición las defensas cuestionaron los procesamientos de sus defendidos, pidieron la revocatoria y el sobreseimiento. Cuestionaron las escuchas telefónicas como pruebas y hablaron de vínculos entre los imputados “no probados”.

La mayoría negó la intervención de su o sus clientes en la asociación ilícita, también adujeron que no se describió la misma ni cómo afectó al orden público; y cuestionaron la aplicación de la figura de intermediación financiera. Adujeron que los millones encontrados eran fondo propio y coincidieron algunos en que se afectaron garantías constitucionales. Hablaron dos de ellos de informes ideológicamente falsos de la Gendarmería Nacional a cargo de las tareas de inteligencia y casi todos repararon en una falta de precisiones en los hechos imputados.

Estamos frente a una estructura criminal aceitada que ha estado oculta, porque no había antes normativa que permita la intervención de la Justicia. Son delitos de cuello blanco”, sostuvo a su turno el fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones, Daniel Adler, acompañado por la fiscal del caso, Laura Mazzaferri.

Esta causa –recordó el representante del MPF- se inició a través de una presentación de representantes del Banco Central ante la Procelac, donde revelaron no sólo posibles irregularidades en el régimen penal cambiario sino también la comisión de delitos federales como la intermediación financiera.

En este sentido, marcó que la ley N°26733 de delitos financieros “viene a reprimir a las cuevas o las bancas de hecho, que tanto perjudican a los ahorristas y al desarrollo monetario de los pueblos”. “Es toda la sociedad la que se perjudica con este delito”, apuntó para contrariar la idea de que no tiene víctimas, y ejemplificó con la película “Plata Dulce” con el personaje de Federico Luppi, recordando a Arteche. Enseguida, recordó los vínculos con paraísos fiscales, y los viajes recurrentes de uno de los principales acusados a Andorra.

Adler planteó más adelante que las casas de cambio involucradas no tenían autorización del Banco Central para las operaciones de intermediación financiera que realizaban ni las operaciones de cambio, que se realizaron –entonces- “al margen de la ley”

Apoyado en un cuadro, el fiscal general habló de la estructura que sostenía la asociación ilícita que se les imputa a los acusados en esta causa. Marcó en una primera instancia a las agencias que “bajo fachadas legales, realizaban actividades ilegales”, como Transcambio, Jonestur y Eurocity/Intercambio, cuyos directivos quedaron implicados. En un segundo rol, dijo, están aquellas personas que llevaban dinero entre las empresas: “Había una provisión común de la masa monetaria”, señaló. En el tercer eslabón del gráfico estaban los denominados “arbolitos”, quienes actuarían con tenencia de armas y connivencia policial, de acuerdo a la investigación del MPF. “Estamos frente a una estructura perfectamente organizada”, afirmó el fiscal.

A su vez, el fiscal ante la Cámara de Apelaciones mostró a los jueces y abogados defensores una serie de imágenes, que constan en el expediente, y que dieron sustento a su presentación. Se mostró la zona de avenida Luro entre Independencia y Catamarca, allí donde los “arbolitos” tenían dominio territorial, ofrecían cambio y los autos en doble fila eran parte del paisaje, ante la inactiva presencia policial. El mismo lugar donde el día de los primeros allanamientos, el 19 de septiembre de 2016, se secuestraron casi dos millones de pesos, 75 mil dólares, unos 6 mil euros, y gran cantidad de armas que custodiaban esta cifra de dinero. También, se exhibieron las libretas secuestradas que evidenciaban el pago de coimas a personal policial que ya ha sido llamado a prestar declaración indagatoria, o los tres millones de dólares encontrados en la caja de uno de los principales imputados.

La justicia dispuso retirar documentación de áreas municipales

En el marco de la Investigación Penal Preparatoria que sigue adelante la Fiscalía de Derechos Económicos N° 10 a cargo del fiscal Dr. Roberto Javier Pizzo, contra la anterior gestión municipal del exintendente Gustavo Pulti, se ordenaron medidas de prueba en la Agencia de Desarrollo Social, con respecto a la Expoindustria, y la oficina “Mejor Vivir”, relacionado al PRIS (Proyectos Regionales Integrados).

Desde el gobierno municipal aclararon que no se trató de un allanamiento a ninguna dependencia, sino de una orden de presentación en la que la justicia solicitó que se pusiera a la vista la documentación correspondiente.

De las testimoniales llevadas a cabo la semana anterior, surgió la necesidad de recabar mayor información y, en consecuencia, personal de la Fiscalía de Derechos Económicos N° 10 concurrió a las mencionadas áreas a cotejar documentación y ampliar pedidos de informes.

El personal del Municipio puso a disposición la información y este martes será suministrada el resto de la documentación solicitada.

En las próximas horas se ordenarán otras medidas tendientes a continuar con la investigación de las irregularidades detectadas en la administración de Gustavo Pulti.

Presentan más documentación en la causa contra Pulti

A requerimiento de la Fiscalía de Delitos Económicos Nº 10, a cargo del Dr. Roberto Javier Pizzo, el Municipio dio cumplimiento con el requerimiento judicial acompañando la documentación respaldatoria de los hechos denunciados y que son materia de investigación.

La documentación agregada incluye decretos firmados por el exintendente Gustavo Pulti, ordenanzas, comprobantes de transferencias bancarias, informes de Tesorería y los convenios con empresas privadas por el cobro adelantado de Tasas, entre otros elementos de prueba que son analizados por la Justicia para impulsar el proceso de investigación.

Vale recordar que tras la imputación del exintendente Pulti, el Municipio se presentó en la causa como particular damnificado, por cuanto en caso de determinarse la comisión de delitos, el erario público municipal sería el afectado.

Licencias: único detenido recibiría excarcelación por problemas de salud

La abogada Patricia Perelló afirmó que todavía no pudo tomar contacto con las pruebas que incriminan a su defendido que permanece como el único detenido de los 17 agentes municipales imputados, en la Unidad Penal 44 del complejo carcelario de Batán.

«El fiscal consideró que Juan Carlos Belmonte es el jefe de la asociación ilícita que supuestamente se está investigando», precisó la abogada.

Sin embargo, para la letrada «me parece una imputación que no corresponde, para la obtención de los registros de conducir son necesarias varias firmas y no hay ningún elemento que pruebe que una firma vale más que otra».

De todas maneras, la doctora Perelló señaló que la denegatoria del juez de la libertad de Belmonte fue provisoria, ya que consideró que por el momento no están reunidos los elementos.

La abogada planteó que Belmonte tiene un problema intestinal serio desde hace varios años, «además se va a hacer una pericia psicológica y un informe socio mental que muy probablemente posibiliten su excarcelación extraordinaria», algo que podría suceder en los próximos días.

«De todas manera junto con la co defensora Noelia Agüero apelamos la denegación del juez»,agregó.

Con respecto a la imputación que recae sobre su cliente, la abogada sostuvo que «Belmonte es el subdirector donde más allá de las jerarquias dentro de Tránsito, creo que no hay ningún elemento para hacer una imputación diferente que la del resto de los que firman y de alguna manera es una actitud de la fiscalía como para dejar alguien detenido en una causa que tiene una trascendencia pública».