Privados de la libertad repararon mobiliario para escuelas de General Pueyrredón

Personas privadas de libertad de la Alcaidía de Batán (Unidad 44) repararon y acondicionaron 12 pupitres y 64 sillas para escuelas del partido de General Pueyrredón luego de poner en práctica los conocimientos adquiridos en carpintería y herrería.

Personas privadas de libertad de la Alcaidía de Batán (Unidad 44) repararon y acondicionaron 12 pupitres y 64 sillas para escuelas del partido de General Pueyrredón luego de poner en práctica los conocimientos adquiridos en carpintería y herrería.

La experiencia se enmarca en el programa “Más Trabajo, menos Reincidencia”, que impulsa el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, desde donde se fomentan acuerdos con los municipios con el fin de vincular a las personas privadas de libertad con entidades comunitarias.

La entrega del mobiliario escolar se efectuó este martes en la Alcaidía Batán, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), donde se presentaron autoridades de la Secretaría de Educación del municipio de General Pueyrredón. Se trató de la entrega de la primera de varias reparaciones.

Cabe destacar que la mano de obra de los internos fue a modo de donación para este proyecto educativo y en esta instancia es donde los internos ponen en práctica sus conocimientos y formación realizada en los cursos de herrería y carpintería que se dictan en el establecimiento.

El director de la Alcaidía Penitenciaria Batán, Roberto Astete, expresó su contento con este trabajo que colabora con el sector educativo de la ciudad.Este proyecto fue supervisado por la Subdirección General de Trabajo Penitenciario que depende de la Dirección General de Asistencia y Tratamiento del SPB, y contó con el aporte de quien fuera jefe de la Sección Talleres, Ramiro Schmal, Hernán Fontana, a cargo de la Sección Talleres en la actualidad, el oficial Martín Murcia, el Coordinador de Trabajo y Capacitación Laboral, Hernán Núñez  y con la coordinación del jefe del Departamento Regional de Cultura Laboral del Complejo Penitenciario Zona Este, David Villarreal.

Desde el municipio acompañaron el secretario de Educación, Sebastián Puglisi, el Subsecretario, Marcelo López y el director general de Infraestructura, Víctor Paredes, los que se encargaron de establecer los vínculos, la entrega de materiales y la logística para que pudieran efectuar el trabajo en el establecimiento penitenciario.

Más de 500 reclusos tienen su DNI para votar

Se entregarán el miércoles 27,  562 Documentos Nacional de Identidad en el complejo penitenciario de Batán. La actividad se da en el marco del primer fallo en la Provincia que autoriza a los condenados a votar.

Este acto es el resultado de un gran trabajo de la Mesa Contra la Violencia Institucional, que incluyó una encuesta a cada persona privada de su libertad y la realización del trámite en los lugares de encierro en coordinación el Registro Nacional de las Personas (Renaper).

Aseguran desde la Mesa que la campaña tiene por fin garantizar la tenencia del DNI de las personas privadas de libertad, debido a que el acceso al mismo reviste la calidad de derecho humano y a su vez opera materialmente como vehículo  habilitante al efectivo ejercicio de derechos sociales, económicos y culturales.

En este sentido, agregaron que “la mayoría de los detenidos que accedieron a realizar la encuesta,  no contaba con su DNI ya sea por haber sido retenido por la policía al momento de la detención o por haberlo ‘extraviado’ en traslados dentro del mismo circuito penitenciario. A su vez un número importante de detenidos manifestó que su DNI se encontraba en posesión la Jefatura del penal con demás elementos personales”.

Finalmente, con la excusa del relevamiento,  desde la Mesa Contra la Violencia Institucional notaron que “los privados de la libertad se encuentran en condiciones de detención inhumanas y degradantes, inmersos en pabellones carentes de luz y agua, condiciones edilicias precarias, carentes de ámbitos higiénicos de habitabilidad  y en el caso de máxima seguridad en situación de aislamiento sin justificativo aparente”, concluyeron.

Es necesario aclarar que la entrega de DNI se da en el marco del  primer fallo en la Provincia de Buenos Aires por el que se autoriza a los condenados a votar. Así lo determinó el juez Juan Galarreta, quien declaró inconstitucional el artículo de la ley electoral que prohibía el voto a condenados.

El magistrado dispuso su incorporación al padrón electoral a los fines del ejercicio del voto en las próximas elecciones municipales, provinciales y de consejeros escolares, conforme a su último domicilio previo a la detención.

Alarman las muertes en la Unidad Penal 15 de Batán

Desde la Mesa contra la Violencia Institucional emitieron un comunicado tras la muerte de otro joven privado de su libertad. Peritos de la Suprema Corte bonaerense habían evidenciado el año pasado “el peligro de vida” que corrían los detenidos.

El 10 de marzo murió electrocutado Horacio Flores, de 30 años, cuando salía de bañarse. Cables, conexiones clandestinas, duchas comunes, paredes húmedas. Todo parecía listo como para que alguien en algún momento perdiese la vida.

Pero no fue la primera muerte en la Unidad Penal XV de Batán, y puede no ser la última si desde el Estado no se toman las medidas para revertir las situaciones “crueles, inhumanas y degradantes que padecen diariamente los privados y privadas de libertad”.

Desde la Mesa contra la Violencia Institucional de Mar del Plata se emitió un documento para visibilizar lo que sucede tras los muros de las cárceles ubicadas en el predio del complejo Batán.

“Tanto el Poder Ejecutivo, como el Legislativo y Judicial poseen las herramientas jurídicas y políticas para transformar tan apremiante realidad”, señalaron, y recordaron que es necesario regirse bajo lo que prescribe la Constitución Nacional, que en su artículo 18 establece que las cárceles deben ser sanas y limpias y no para castigo de los detenidos. “Sin embargo nuestras cárceles matan y lo hacen en forma sistemática”, alertaron.

El año pasado el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, junto a integrantes de esta Mesa contra la Violencia Institucional interpuso un Habeas Corpus solicitando entre otras medidas la clausura de un pabellón y de algunas celdas.

El recurso se resolvió favorablemente por el Juez de Garantías Juan Tapia, y en este marco se realizó una pericia –llevada adelante por un ingeniero y un arquitecto pertenecientes al cuerpo de peritos de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires-, que puso de manifiesto “el peligro de vida que corrían los detenidos por riesgo de electrocutación”.

Asimismo, repararon desde la Mesa, quedó manifiesta “la peligrosidad de morir incendiados por la falta de posibilidad de salir en forma urgente de las celdas debido al estado en que se encontraban las salidas de emergencia como así también los candados que encierran a los presos, llegando a concluir que la Unidad Penal 15 no se encontraba apta para alojar detenidos, por incumplir con las normas mínimas que prevén los Tratados Internacionales en la materia”.

“No debemos olvidar que es obligación del Estado garantizar la vida de las personas que se encuentran detenidas a su cargo al perder su libertad”, añadieron.

Ante la grave situación, se generó una Mesa de Trabajo integrada por altos funcionarios de la Justicia local y del Poder Ejecutivo provincial, a fin de abordar la “siniestra realidad en que viven nuestros detenidos del Complejo de Batán”.

“Esperamos que esa mesa permanente de trabajo creada por el ministro de Justicia, Ricardo Casal, para el Complejo Batán se expida al respecto”, reclamaron a través del documento.

Solo en el Departamento Judicial de Mar del Plata se han interpuesto más de treinta denuncias penales por incumplimiento de resoluciones judiciales derivadas de Habeas Corpus correctivos. Esas peticiones buscan “modificar aquellas situaciones que configuran un agravamiento en las condiciones de detención, como falta de atención médica, alimentación deficiente, torturas y malos tratos, condiciones de habitabilidad denigrante e indigna”.

Es por ello que se hizo un llamado a los fiscales de la Provincia de Buenos Aires, como encargados de llevar adelante la instrucción de las causas penales, para “que instruyan las causas en las que se denuncian estas situaciones que atentan contra el estado democrático de derecho”.

Crédito fotos: Juzgado de Garantías N°4

Unos 140 internos tramitaron su DNI en la cárcel de Batán

En una nueva acción de la Mesa contra la Violencia Institucional, en coordinación con el Registro Nacional de las Personas y el Ministerio de Justicia bonaerense, se replicó el derecho al documento de identidad.

La iniciativa de la Mesa contra la Violencia Institucional de Mar del Plata que apuesta facilitar el trámite del Documento Nacional de Identidad a personas privadas de su libertad llegó este miércoles a la Unidad Penal 15 de Batán, donde 140 varones pudieron hacer el trámite en el mismo lugar y de manera gratuita. El martes, unas 40 mujeres habían hecho lo mismo.

Se trata de las primeras experiencias que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) desarrolla en unidades penitenciarias, y que contó con la activa participación del Ministerio de Justicia de la provincia.

En este marco, el fiscal federal de Distrito, Daniel Adler estuvo presente en la unidad 15 de Batán y resaltó la importancia de la actividad.

“Tener acceso a un documento nacional, no es sólo el acceso a la identidad, sino que permite romper el primer círculo de exclusión a derechos básicos como educación, salud y beneficios sociales”, destacó el representante del Ministerio Público Fiscal.

Privadas de la libertad accedieron al DNI

Por iniciativa de la Mesa contra la Violencia Institucional más de 40 mujeres privadas de su libertad pudieron hacer o renovar su documento nacional de identidad, en coordinación con el Registro Nacional de las Personas y el Ministerio de Justicia bonaerense.

Bajo la premisa de que el acceso al Documento Nacional de Identidad es un derecho básico de cualquier persona, y que permite el acceso a beneficios sociales, salud y educación, desde la Mesa contra la Violencia Institucional de Mar del Plata se programaron dos jornadas de documentación en las unidades penales 50 y 15 de Batán, en coordinación con el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y el Ministerio de Justicia bonaerense.

Lucía Ivorra, como representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación, acudió a la Unidad Penal 50, destinada a mujeres, donde se realizó la primera jornada, junto a integrantes de la Fiscalía Federal; Roberto Falcone, director provincial de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia; y representantes de la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad.

Allí lograron hacer el trámite más de 40 mujeres, algunas de ellas carecían de cualquier tipo de documentación personal.

En marzo se realizó un relevamiento voluntario tanto en la Unidad Penal 15, como en la 50, “pabellón por pabellón”.

De 1094 personas encuestadas, 304 no tenían DNI, y 165 no lo actualizaron a los 16 años. A raíz de eso, se coordinó tanto con el Registro Nacional de las Personas como con el Ministerio de Justicia, y se acordó la toma de trámite del DNI”, detalló Ivorra.

Uno de los puntos de la encuesta, en caso de que la persona manifestara no tener su DNI, consultaba el motivo. Y las respuestas fueron diversas: “Un porcentaje nunca había tenido DNI, otro tanto lo había perdido en traslados de unidad a unidad, y había quienes dijeron que lo tenía retenido la policía desde el momento de la detención”, mencionó la abogada.

Enseguida, mencionó que “la propuesta es no quedarnos en esta acción sino avanzar”.

La intención, dijo, es diagramar un proyecto para la implementación de un mecanismo que facilite en todas las unidades penales una delegación que haga el trámite del DNI, y que también en cada juzgado los magistrados tomen nota de esta situación “y hagan las gestiones necesarias y arbitren los medios para garantizar la tenencia de los DNI, ya que es una herramienta que habilita muchos derechos”.

Es un derecho humano porque garantiza materialmente el acceso a la identidad, y también es un derecho llave, porque también permite acceder al derecho de la educación, de la salud y a los beneficios de la seguridad social”, destacó la joven abogada.