Proponen extender los beneficios impositivos a la Industria del Software

La diputada provincial Alejandra Martínez (FpV-PJ) presentó un proyecto de ley para ampliar el plazo de 10 a 20 años para los beneficiarios incluidos en el Régimen de Promoción de la Industria del Software.

La iniciativa propuesta por la legisladora modifica el artículo quinto de la Ley 13.649 al dejar establecido que los beneficiarios del Régimen de Promoción de la Industria del Software “gozarán de estabilidad fiscal por el término de veinte (20) años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley. Se entiende por estabilidad fiscal el principio de que la carga tributaria provincial total no podrá verse incrementada por el período estipulado desde el momento de la incorporación de la empresa al presente marco normativo general”.

En los fundamentos del proyecto la diputada sostiene que “la industria del software representa hoy en día para todo país la llave con la que se resuelven muchos de los desafíos que impone el nuevo mundo globalizado. Es un sector trasversal a toda la economía, sumamente dinamizante de la productividad y el empleo y se erigió como uno de los menos afectados por las crisis económicas y financieras que sufrimos a nivel mundial en las últimas décadas”.

Alejandra Martínez afirma que “en el año 2004 se sancionó en Argentina la Ley Nacional 25.922, que creó el Régimen de Promoción de la Industria del Software, la cual estableció un tratamiento fiscal especial para las empresas del sector”.

Más de 300 empresas se han adherido al Régimen en estos 10 años. En febrero de 2014, se operativizó la Ley N° 26.692 de 2011, que introdujo modificaciones al Régimen original, fundamentalmente en su extensión, que ahora es hasta el 31 de diciembre de 2019″, agregó.

La legisladora marplatense expresó que “desde la sanción de la primera de estas leyes se vienen operando diferentes efectos positivos que han contribuido al crecimiento y desarrollo económico, y que se ven reflejados tanto en lo que respecta a la creación de empleo calificado como en el desarrollo de actividades de investigación y desarrollo, aumento de las exportaciones y obtención por parte de las beneficiarias de certificaciones de calidad”.

“Dentro de este panorama general la provincia de Buenos Aires juega un papel preponderante, por ser generadora del 36 por ciento del producto bruto nacional, casi el 50 por ciento del valor agregado industrial y más del 40 por ciento de los puestos de trabajo ocupados en el sector”, según afirmó la legisladora.

En el año 2007 Buenos Aires adhirió a la Ley de Software nacional lo que impulsó el sector y lo transformó en un pilar de la Provincia con un alto impacto en la generación de empleo calificado joven, sector que en la actualidad cuenta con pleno empleo y demanda puestos de trabajo incesantemente.

Beneficios impositivos por tener personas con discapacidad y liberados

En la última sesión, recibió media sanción en Diputados el proyecto del legislador sciolista Rodolfo Manino Iriart que dispone una reducción en el pago de ingresos brutos equivalente al 50 % del salario que se pague a trabajadores con capacidades diferentes y a liberados según el artículo 161 de la Ley Nº 12.256.

Entre los objetivos de esta ley provincial se busca reinsertar en la sociedad a los liberados e incluir a aquellos con capacidades diferentes.

“Los empleadores de personas con capacidades diferentes y/o de quienes revisten en la categoría de tutelados o liberados según artículo 161 de la Ley Nº 12.256 podrán imputar, en la forma y condiciones que establezca la Autoridad de Aplicación, el equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las remuneraciones nominales que éstas perciban, como pago a cuenta del impuesto sobre los Ingresos Brutos”, dice la iniciativa impulsada por el diputado de Mar del Plata.

“Dicha deducción –continúa- se efectuará en oportunidad de practicarse las liquidaciones de acuerdo a lo establecido en el capítulo asignado a la Determinación, Liquidación y Pago. En ningún caso, el monto a deducir sobrepasará el impuesto determinado para el período que se liquida, ni tampoco originará saldos a favor del contribuyente. Este artículo resulta aplicable cuando la persona empleada realice trabajos a domicilio”.

Entre los fundamentos se menciona que “con el objeto de incentivar una mayor captación de empleos en el ámbito privado, el artículo 17 de la manda legal indicada facultó a los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que empleen a personas con capacidades diferentes, a imputar como pago a cuenta del tributo, el equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las remuneraciones nominales que perciban aquellas”.

“El beneficio regulado resulta aplicable con relación a aquellos contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que incorporen personas con capacidades diferentes, incentivando de esta manera una mayor generación de empleos en el ámbito privado”, señala.

Se afirma además que “las técnicas laborales han cambiado por aplicación de nuevas formas y por la aparición de la informática así como de Internet, entre otras innovaciones, siendo propicia la ocasión para efectuar trabajos en el domicilio o en otros lugares con adaptaciones más propicias que las instalaciones del empleador, con el fin de elaborar productos o prestar servicios, conforme a la especificaciones del empleador”.

La Ley Nacional 22.431 (Sistema Integral de Protección de los Discapacitados) en el artículo 23 establece los beneficios impositivos que se otorgarán a los empleadores que contraten personas discapacitadas, manifestando en su último párrafo: “…A los efectos de la deducción a que se refiere el párrafo anterior, también se considerará las personas que realicen trabajos a domicilio…”. De esta manera, con el proyecto impulsado por Manino Iriart se busca concordancia legal entre el corpus Provincial y el de la Nación.

La ley también establece este beneficio para empleadores de trabajadores liberados que estén bajo tutela, asistencia y tratamiento del Patronato de Liberados Bonaerense.