La gestión de CEAMSE fue auditada por una empresa internacional

La auditoría, que comprende el cumplimiento de las norma nacionales e internacionales ISO 14001 y 9001, fue realizada por un equipo calificado de la firma TÜV RHEINLAND, de amplia experiencia internacional.

En el marco de los controles de calidad que CEAMSE realiza con respecto al tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos, la empresa fue evaluada en sus distintos procesos, que comprenden las Plantas de Transferencia, los transportes, los Complejos Ambientales, las plantas de Tratamiento Mecánico Biológico, la gestión y tratamiento de biogás, la generación de energía y la tarea de sus oficinas centrales.

 

La auditoría, que comprende el cumplimiento de las norma nacionales e internacionales ISO 14001 y 9001, fue realizada por un equipo calificado de la firma TÜV RHEINLAND, de amplia experiencia internacional.

 

Ceamse, empresa líder en Latinoamérica en el tratamiento y disposición de los RSU, recibió la certificación satisfactoria en la implementación de políticas efectivas de gestión y en el cumplimiento de las normas ambientales establecidas para alcanzar los objetivos legales y reglamentarios.

 

Un compromiso de CEAMSE y sus trabajadores para mejorar la calidad socioambiental de la comunidad.

 

743.494.531 pesos

Es el déficit consolidado del municipio de General Pueyrredon al 30 de noviembre de 2015, lo que representa el 26 por ciento de lo que la Administración Central recaudó.

Así se desprende del resumen de la auditoria Económica-Financiera, administrativa y de gestión dado a conocer en las últimas horas.

Este informe fue un pedido expreso del intendente Carlos Fernando Arroyo con la coordinación del secretario de Hacienda, Contador José Reynaldo Cano y la colaboración de todo el equipo de gestión que está en funciones.

Esta constituye hechos y situaciones concretas aportadas por la documentación municipal y será entregada a los organismos de control como a la Justicia.

«Estos datos son obtenidos a partir de los estados contables de las distintas dependencias municipales y reflejan de manera categórica que no es verdad que el déficit se deba a las obras realizadas como expresó el exintendente y sus funcionarios«, indicaron en el informe.

Al mismo tiempo, se recordó que con fecha del pasado 17 de diciembre se solicitó por intermedio del intendente Municipal el pedido de auditoria para la secretaría de Seguridad (situación confirmada en rueda de prensa por el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente) y que se hará de manera continuada con los entes descentralizados de EMVIAL Y ENOSUR cumpliendo con el deber y el compromiso con los vecinos.

Vicente: “La auditoría fue pedida antes de la renuncia”

En relación al alejamiento de Julio Razona, el titular de Gobierno, Alejandro Vicente, señaló este viernes en rueda de prensa que “la auditoría a la Secretaría de Seguridad fue pedida antes de la renuncia del funcionario”. De esta manera, Vicente respondió a declaraciones periodísticas del secretario saliente.

“El nuevo Gobierno Municipal asumió hace 8 días”, señaló el funcionario. “En ese lapso se hicieron dos reuniones de Gabinete en las cuales el doctor Razona estuvo presente y donde el mensaje del intendente Arroyo fue claro: hacer un estudio exhaustivo de cada área para identificar falencias, situación económica, irregularidades y otros ítems, con el objetivo de mejorar el servicio que se le brinda al vecino”, agregó.

“Así es como -por ejemplo-, con la coordinación del Secretario de Hacienda, este Gobierno presentó, como prometimos, la auditoría económica financiera del Municipio, la cual hicimos pública y presentaremos a los organismos de control y también en la Justicia. Ello, para que se investigue el motivo por el cual el Municipio se encuentra con un déficit de casi 800 millones de pesos y millonarios fondos desviados de su imputación original”, continuó.

En otro tramo de su alocución, Vicente remarcó que “el jueves 17, en horas del mediodía, el doctor Razona se reunió con el Intendente Municipal, a fin de transmitirle algunas de las irregularidades observadas en la semana de gestión al frente de la Secretaría de Seguridad. Con motivo de ello y de manera inmediata, el jefe comunal ordenó -mediante un Decreto firmado anteriormente a la renuncia- llevar a cabo una auditoría en dicha Secretaría con el propósito de conocer fehacientemente lo informado por Razona. De ese modo, queda debidamente claro que se brindó expreso apoyo a las tareas necesarias para transparentar la gestión del funcionario saliente”, afirmó.

“Sin embargo, y ante el pedido del jefe comunal para que Razona encabezara la gestión con el doctor Massaccesi y no con ciertas personas de su entorno -que no gozaban del carácter de funcionarios nombrados ni con la confianza del Intendente-, el propio Razona decidió dar un paso al costado”.

Por último, Vicente afirmó: “Lo que queremos dejar en claro es que la auditoría que solicitó el Intendente en el área de Seguridad ya está en marcha, dado que fue pedida antes de la renuncia del funcionario. Será comunicada una vez que se finalice, tal cual prometimos y cumplimos con la auditoría económica financiera del Municipio”.

Analizan declarar la emergencia económica en el municipio

La Secretaría de Hacienda presentó la auditoría con el estado de las finanzas del Municipio, el cual será enviado al Concejo Deliberante para su análisis.

El titular de la dependencia, José Cano, reconoció que el gobierno municipal no descarta la posibilidad de declarar la emergencia económica.

Además, el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, se confirmó que se presentará una denuncia sobre la posible comisión de malversación de fondos de la gestión saliente. “Enviaremos a la justicia las observaciones que ha hecho el Tribunal de Cuentas”, dijeron.

Al mismo tiempo, se anunció que la deuda mantenida con los Guardavidas ya fue saldada y que las horas extras y productividad de los empleados municipales correspondientes a octubre serán pagadas este viernes.

Cano precisó que la auditoria será elevada oportunamente al Concejo Deliberante para que sea analizado, “formando parte, probablemente, de una ordenanza declarando la Emergencia Económica. Aquí no hay una expresión de subjetividad”, sentenció.

En el mismo marco de la presentación, José Cano manifestó que “que, finalmente, el descubierto es de $ 115.832.548 y a esto se le agrega lamentablemente por primera vez en la historia y no sé si sucedió en algún otro Municipio, dos cheques fueron rechazados por falta de fondos. Estos cheques pertenecen al ENOSUR por un monto de $ 4.101.000- y el otro es del EMDER, por $340.000”.

“La irresponsabilidad de la gestión saliente ha puesto en apuros a dos funcionarios de ley que son los que acompañan con la firma al funcionario político que también firma los cheques. Si no cubrimos estos cheques, estos funcionarios de ley estarían en problemas en lo personal por haber firmado un cheque sin el respaldo suficiente”, agregó.

Cobro anticipado de tasas municipales

Desde la Secretaría de Economía y Hacienda se informó que el gobierno saliente cobró por anticipado tasas municipales por un $50.709.975, de los cuales $27.170.099 corresponden que tendrían que haber correspondido cobrar a la gestión entrante.

Al mismo tiempo, el titular del área expresó que “la gestión saliente afirmó que las deudas era por la cantidad de obras realizadas, sin embargo, se han realizado –desde EMVIAL y ENOSUR- obras por 114 millones de pesos, lo cual representa solo el 15 por ciento del déficit actual”.

Denuncia judicial por malversación de fondos públicos

En este sentido, el secretario de Gobierno Alejandro Vicente expresó que se presentará una denuncia de posible comisión del delito de malversación de fondos públicos.

“De acuerdo a las cifras y los hechos que hemos advertido a partir de la asunción del doctor Arroyo es que, en función de la documentación que obra en nuestro poder, y partiendo de los informes que el Tribunal de Cuentas ha realizado -como órgano de control de los Municipios y entes provinciales-, estos informes ponen de resalto un montón de hechos y conductas que deben ser analizadas a la luz de las leyes. Estas posibles conductas tienen que ser analizadas a fin de poder radicar algún tipo de denuncia”, afirmó.

Resultados de auditoría del Consejo Escolar no sorprendió a Suteba

El Suteba General Pueyredon no se mostró sorprendido de las conclusiones a la que arribó la Auditoría realizada al Consejo Escolar de General Pueyrredon, ya que en forma constante hizo pública sus demandas que tenían que ver con el funcionamiento de este organismo de gestión y control descentralizado como así también el de su presidenta Claudia Piccolo. Incluso aportó documentación a los auditores que se hicieron presentes en el mes de junio.

“No sólo demandamos una mayor disponibilidad presupuestaria provincial y la gestión correcta de los fondos recibidos por este Consejo Escolar, sino también un plan -que involucraba incluso al edificio donde cumple sus tareas este Consejo- de infraestructura y de articulación de todos los actores involucrados: DPIE Regional, Cuadrilla de mantenimiento y Consejo Escolar, sin que esto se haya logrado. No hubo nunca la decisión política para resolverlo”, señalaron.

Desde la conducción sindical consignaron que también fue público el reclamo en relación a los Contralores que garanticen el cobro del salario en tiempo y forma de los trabajadores de la educación: “la respuesta fue enviar los mismos fuera de término a la ciudad de La Plata”.

Tampoco hubo tratamiento público en relación a los comedores escolares y al transporte escolar, que fueron objeto de importantísimas observaciones por parte de los auditores”, agregaron.

Por ello, el Suteba solicitará el uso de la Banca 11 donde exigirá a la Presidenta del Consejo Escolar que presente en forma urgente un plan de trabajo que permita que las escuelas y sus comunidades encuentren respuestas a las problemáticas aquí planteadas para transitar un segundo semestre donde el derecho a la educación se garantice en condiciones dignas.

En ese sentido, Suteba reclama más recursos presupuestarios a través de una nueva Ley Nacional de Financiamiento Educativo que eleve el monto actual al 8% del PIB; mayores fondos provinciales y específicos para infraestructura escolar y un compromiso del municipio, a través de personal especializado y con fondos necesarios, para garantizar ese derecho social a la educación.