Crece el voto independentista en Cataluña, aunque aparecen bastantes indecisos

Noticias de Cataluña

En una encuesta del CEO el 31,5% votaría a Juntos por el Sí, más que todo el resto de partidos juntos, mientras que los dos partidos de derecha caen estrepitosamente

En caso de celebrarse elecciones al Parlamento -el presidente Puigdemont ya dijo que las convocaría si la CUP volvera a tumbar los presupuestos—, las consecuencias serían imprevisibles. Sin embargo, según la encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) sobre la cuestión de confianza hecha pública este viernes, las expectativas para Juntos por el Sí (en caso de que se reeditara la coalición entree ERC y PDC) podrían ser positivas. Y es que el sondeo apunta que un 31,5% de los catalanes afirma que tiene claro que votaría la formación independentista, mientras que la suma de los apoyos a todos los demás partidos parlamentarios se quedaría en el 29,9%.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos datos se refieren a la intención directa de voto, sin pasar por la cocina para evitar desviaciones fruto de la muestra, el voto oculto u otras variables, y por tanto, el CEO tampoco hizo proyección de voto. Sea como sea, en segundo lugar se sitúa Cataluña Sí se Puede, con el 10,3% de los votos, seguido del PSC (7,8%), Ciudadanos (6,4%), la CUP (3,1%) y el PP (2,3%). Asimismo, un 3% votaría otras opciones, un 2,8% lo haría en blanco, un 0,9% nulo, un 8,9% se abstendría, un 6% no contesta y hasta un 17,3% está indeciso.

De hecho, Juntos por el Sí es la candidatura que retiene más votos desde el 27-S (un 84,6%) y, además, ahora recibiría un 27% de los que fueron entonces hacia la CUP y un 8% de los que optaron por Cataluña Sí se Puede. Por otra parte, el PP sólo retendría el 48,5% de los apoyos y la CUP un 54,1%. Igualmente, el director del CEO, Jordi Argelaguet, destacó también que, aparte del trasvase de voto de la CUP a Juntos por el Sí, los sucesivos sondeos que elabora el ente también certifican una tendencia a la baja de los derechistas de Ciudadanos, en paralelo a un crecimiento sostenido de Cataluña Sí se Puede (en línea con los resultados de las últimas elecciones españolas, en los dos casos).

A estas buenas expectativas de Juntos por el Sí podría ayudar también la buena percepción de Puigdemont obtenida a raíz de la cuestión de confianza (un contundente 57,1% de los encuestados cree que el ganó y su intervención obtiene la mejor nota). De hecho, el presidente catalán ha afirmado que sólo se presentaría para seguir en el cargo si tuviera que volver a haber elecciones sin haber culminado el proceso. Por otra parte, en caso de no ser así y que los próximos comicios fueran las constituyentes, sería difícilmente imaginable que se repitiera la fórmula de Juntos por el Sí.-

“Construiremos un Estado de derecho con separación de Poderes, no como tristemente ocurre en España”

En la presentación de la memoria anual de la Comisión Jurídica Asesora, Carles Puigdemont aseguró “rigor, certeza y seguridad” en el camino hacia la independencia

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aseguró que en el camino hacia la república propia se trabajará con “rigor, certeza y seguridad, porque construiremos un Estado de derecho, con separación de Poderes, no como tristemente ocurre en el Estado español”. En el transcurso de la presentación de la memoria anual de la Comisión Jurídica Asesora, el alto órgano consultivo del Gobierno, el jefe del Ejecutivo denunció “la falta de independencia del judicial” en España y lo contrapuso al modelo de país que se quiere construir “jurídicamente sano, alejado de las malas praxis, riesgos o tentaciones que aún hoy podemos reconocer a nuestro entorno, donde se garantice que las decisiones de nuestras administraciones serán rectas, justas, limpias y transparentes”, sostuvo.

El presidente recordó que el Consejo de Europa ya puso en evidencia en su informe contra la corrupción el uso político de los tribunales en España, y lamentó que éstos no aplicaran ninguna de las once recomendaciones hechas por el organismo internacional. Y, en este mismo sentido, recordó que España ocupa el puesto 25 –sobre 28– en el ránking europeo en cuanto a la percepción de la independencia judicial.

Además, también denunció “la lentitud y la baja eficiencia del sistema judicial español”, que lo sitúa a la cola de los países a nivel internacional a la hora de resolver un litigio administrativo, civil o comercial. Ante esta situación, el jefe del Gobierno aseguró que “tenemos el deber ético de superarlo y hacer las cosas bien, con solvencia”.

Independencia del poder judicial

Insistiendo en la necesidad “de un poder judicial independiente del resto de Poderes del Estado” como uno de los pilares democráticos del Estado democrático y de derecho, el presidente recordó que la Constitución española ya recoge la independencia de jueces y magistrados como primera garantía de la jurisdicción, y que la Ley Orgánica del Poder Judicial la configura como uno de sus principales capitales. Pero lamentó que hoy “la imparcialidad legal está atacada”.

El presidente también aprovechó su intervención para agradecer a la Comisión “el compromiso y la calidad del trabajo hecho” y aseguró que su “guía es indispensable y a la vez garantía” tanto para el país como por el propio Gobierno, en el tránsito hacia la creación de un Estado propio para Cataluña. “Hacer las cosas con garantías es también una demanda creciente de cara al mundo, que cada día mira más este trozo de planeta, donde pasan y pasarán cosas maravillosas y extraordinarias y sus gobernantes y los responsables hemos adquirido un compromiso de hacerlo con las máximas garantías y rigor”, remató.-

El Pacto por el Derecho a Decidir se convertiría en la plataforma del Proceso Constituyente

“Es una opción que se está madurando”, aseguran fuentes conocedoras de las conversaciones entre Juntos por el Sí, la CUP y las entidades de la sociedad civil

El Pacto Nacional por el Derecho a Decidir (PNDD) se constituyó con gran solemnidad el 26 de junio de 2013. Hacía siete meses que Artur Mas y Oriol Junqueras habían firmado un pacto de estabilidad que debía desembocar en una consulta vinculante para decidir el futuro político del país. La persona elegida para presidirlo fue Joan Rigol, ex presidente del Parlamento y dirigente histórico de Unión que había virado hacia posiciones soberanistas en los últimos tiempos. Tres años después, el PNDD enfila su reconversión en una plataforma de partidos y entidades con el proceso constituyente como prioridad, según señalaron diversas fuentes consultadas por Nació Digital.

“Esta es una opción que se está madurando”, aseguraron los dirigentes consultados. “La idea es mantener el espíritu de pacto y unidad de los partidos y las entidades teniendo en cuenta la complejidad del momento”, señaló una voz implicada en las negociaciones. Este proyecto sólo se llevará a cabo, sostienen fuentes parlamentarias, en caso de que haya un “acuerdo político” y depende de la voluntad de Juntos por el Sí y la CUP, que a finales de la semana pasada trataban de poner manos a la obra.

Una de las opciones que se puso sobre la mesa durante los contactos discretos que mantuvieron dirigentes de Juntos por el Sí y la CUP con el espacio de los “comunes” es que fuera Òmnium Cultural la que capitaneara las iniciativas relacionadas con el proceso constituyente. Finalmente, esta vía se descartó y la intención es que sea el Parlamento –de nuevo– el centro de gravedad. Jordi Cuixart, presidente de Òmnium, tuvo una participación activa en todo este proceso.

Ampliar la base

El PNDD tenía 2.300 entidades adheridas y un mandato claro: comandar, desde el Parlamento, todas aquellas iniciativas relacionadas con la consulta. Esta vez, en caso de convertirse en una plataforma constituyente, no tendría esta función. El referéndum se convocaría desde la Cámara catalana a través de una ley específica después de aprobar las normas de desconexión, y la reformulación del Pacto serviría para tratar el modelo de país.

Un precedente de esta iniciativa es la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, que votó sus conclusiones en medio de una gran polémica el 27 de julio. Cataluña Sí Se Puede (CSQEP) se enfrentó con Juntos por el Sí y la CUP por el contenido de los debates hasta el punto de que la coalición de la izquierda alternativa votó en contra de aquellas conclusiones. “La voluntad es de acercar a los comunes hacia este espacio”, explicó un alto dirigente de Juntos por el Sí consultado.

Calendario fijado

El Gobierno, en principio, no se reserva ningún papel en esta reformulación del PNDD. “Buena parte del protagonismo del proceso la debe tener el Parlamento”, mantienen varias voces gubernamentales consultadas. Se espera que las entidades del soberanismo civil, especialmente Òmnium Cultural, que ha hecho mucho trabajo de puertas adentro para mantener los vínculos entre independentistas, jueguen un papel relevante en esta nueva etapa.

Las resoluciones aprobadas la semana pasada en el debate de política general se encargaron de fijar las próximas metas del proceso constituyente. La primera es la creación del Consejo Asesor del Proceso Constituyente, que deberá estar constituido antes de que termine 2016. Será tarea del organismo de nueva creación agendar el calendario previsto para el primer trimestre de 2017. Además, está prevista una comisión de seguimiento que debería ponerse en marcha durante las próximas semanas.

Si la independencia gana el referéndum de septiembre de 2017, habrá que convocar unas elecciones constituyentes para marzo del 2018. La previsión es que aquel Parlamento sea el que redacte la Constitución catalana, que debería surgir del trabajo que hiciera la plataforma que Juntos por el Sí y la CUP, con la voluntad de sumar apoyos dentro de los “comunes”, durante el primer semestre del año próximo.-

La CUP abre una web para fiscalizar el avance del proceso catalán

Se trata del Observatorio del Proceso, un proyecto periodístico de la agrupación junto con un equipo de periodistas independientes

Con el objetivo de verificar el cumplimiento de los acuerdos aprobados en el Parlament de Cataluña, la CUP acaba de abrir un portal (www.observatoriproces.cat) para controlar todo lo que esté vinculado con el proceso soberanista.

Con el nombre de Observatorio del Proceso, esta web se actualizará semanalmente para dar a conocer toda la información vinculada con la dinámica parlamentaria entre Junts pel Sí y la CUP. Esta iniciativa apunta a que los catalanes “pueden ayudar a entender con más claridad y transparencia el avance -o no- del proceso hacia la independencia”, según dice la CUP en un comunicado.

La web repasa el estado del proceso a partir del inicio del gobierno de Puigdemont y pone el énfasis en el hecho de que “se avanza a buen ritmo” en el desarrollo de “todo aquello que ya es posible” en un gobierno autonómico. Por otra parte, se lamentan que todavía existan algunos aspectos más propios de un estado independiente que “prácticamente ni siquiera se ha empezado a trabajar”.

La CUP también lamenta que no se haya completado la declaración del 9-N en el aspecto que especificaba que el Parlament no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional. “Esta desobediencia no se ha dado”, afirma el partido, “sino al contrario”, la cámara catalana ha dado respuesta a “una quincena” de requerimientos del TC.

Barcelona (INCAT-Nació Digital-por Oriol March).-

Artur Mas: “La sombra de Franco es muy larga”

Noticias de Cataluña

El ex-presidente catalán criticó al Estado español por juzgar a gente “demócrata y pacífica” y expresó su deseo de una mayor libertad en el territorio

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, afirmó que un Estado que juzga por la vía penal a quienes convocan a consultas democráticas demuestra que “la sombra de Franco es muy larga”.

Sus declaraciones vinieron luego de que participara en una ofrenda floral del PDECat al monumento de Lluís Companys en el Fossar de Santa Eulàlia del Castell de Montjuïc, lugar en el que fue fusilado el presidente catalán.

Mas aseguró que el Estado quiere juzgar a gente “demócrata y pacífica” que tiene el deseo de que los ciudadanos se expresen con libertad.

En el acto también estuvieron presentes el exalcalde de Barcelona y líder de CiU en el Ayuntamiento, Xavier Trias, la ganadora de las primarias del PDECat en Barcelona, Mercè Homs, y el secretario general de la JNC, Sergi Miquel.

 

Junts pel Sí y la CUP advierten que la judicialización de la política no detendrá el proceso soberanista

El proceso soberanista continuará adelante, pase lo que pase. Así lo han expresado esta mañana las formaciones independentistas, Junts pel Sí y la CUP. Las dos formaciones avisan de que la judicialización de la política no detendrá su compromiso con el mandato democrático que les han dado las urnas.

Una representación numerosa de los diputados de los grupos parlamentarios de JxSí y la CUP han comparecido juntos ante el Parlament catalán para que se visualice que, ante la presión del Estado español contra las instituciones catalanas, no se desviarán de la hoja de ruta.

Marta Rovira, en nombre de Junts pel Sí, hizo esta advertencia:

“Todo lo que ellos quieren convertir en un expediente judicial, nosotros lo volveremos a convertir en una cuestión política.”

Mireia Boya, de la CUP, dijo que se saquen de la cabeza en Madrid que las actuaciones judiciales puedan frenar las aspiraciones catalanas:

“Si creen que el anhelo de este pueblo morirá de agotamiento, de inanición, están muy equivocados. En cada denuncia estamos más unidos y con cada imputación somos más fuertes.”

Junts pel Sí y la CUP aseguran haber recibido muestras de apoyo de diputados de otros grupos parlamentarios, aunque hoy no se ha sumado ninguno a la comparecencia.

La ley que anula los consejos de guerra franquistas sale adelante en el Parlament catalán

El Parlamento de Cataluña aprobó que la proposición de ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo siga la tramitación. Ningún grupo presentó enmiendas a la totalidad. La iniciativa, presentada conjuntamente por Junts pel Sí (oficialismo), Catalunya Sí que es Pot (marca catalana de Podemos) y la Candidatura d’Unitat Popular (anticapitalistas e independentistas), declarar nulos y sin efecto jurídico todos los consejos de guerra sumarísimos y sus respectivas sentencias, instruidos por causas políticas en Cataluña por el régimen franquista. También prevé que la conselleria de Justicia emita una certificación de nulidad del procedimiento y su respectiva sentencia.

En el inicio del debate sobre la proposición de ley, la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, dio la bienvenida a los familiares de las víctimas del franquismo. Y todos los diputados del Parlamento se alzaron y aplaudieron a los familiares.

 

Barcelona (INCAT-Vilaweb-TVC).

El Tribunal Superior de Justicia envía a juicio a Mas, Ortega y Rigau por desobediencia grave por el 9-N

Noticias de Cataluña y España

Persecución a dirigentes catalanes: Reclamo del gobierno a la ONU y al Consejo de Europa

 

El magistrado los acusa de desobediencia grave y prevaricación.

 

El juez instructor del caso del 9-N ha abierto juicio oral contra el ex-presidente de la Generalitat, Artur Mas, la ex-vicepresidenta del gobierno Joana Ortega y el ex-consejera de educación, Irene Rigau, por delitos de desobediencia y prevaricación administrativa. En cambio, el juez denegó abrir juicio oral por un delito de malversación de fondos públicos, único que podía implicar penas de prisión. La fiscalía no los acusó de este delito y pidió diez años de inhabilitación para Mas y 9 para Ortega y Rigau por la organización del proceso participativo del 9-N. En cambio, la acusación popular pedía seis años de prisión por malversación, delito que fue denegado por el juez.

El ministerio público considera a Mas autor de los delitos de desobediencia grave y prevaricación administrativa, y a Ortega y Rigau las considera cooperadoras necesarias de los mismos delitos. Según los fiscales, los tres eran ‘conscientes’ que con las acciones preparatorias del proceso participativo ‘rompían el obligado cumplimiento de las decisiones del Tribunal Constitucional’, que el 4 de noviembre, cinco días antes de las votaciones, ordenó suspender el proceso.

El gobierno catalán denuncia en la ONU la persecución a los diputados independentistas

El Ejecutivo también acusa al Gobierno español de vulnerar derechos fundamentales

El gobierno de Carles Puigdemont pidió ayuda internacional para denunciar la ‘persecución de los representantes electos que apoyaron la resolución I / XI del Parlamento de Cataluña’. Este documento, aprobado por el pleno el 9 de noviembre del año pasado, señalaba el inicio del proceso político de creación de un Estado catalán en forma de república, resultado de las elecciones del 27 de septiembre, que dieron una mayoría parlamentaria partidaria de la independencia.

Manuel Manonelles       

Según ha informado La Vanguardia, el director general de Asuntos Multilaterales y Europeos del Departamento de Asuntos Exteriores de la Generalitat, Manuel Manonelles, envió a finales de agosto tres cartas a la ONU y al Consejo de Europa. Concretamente, en Zeid Ra’ad Al Hussein, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, a Gianni Magazzeni, el responsable del mismo comisionado para América, Europa y Asia Central, y Nils Muiznieks, el comisionado para a los derechos humanos del Consejo de Europa.

En estas cartas, la Generalitat denuncia la ‘persecución judicial’ de los diputados independentistas y anuncia las medidas que aplicará el gobierno catalán para preservar los derechos fundamentales afectados por las decisiones del Estado español. El texto se refiere a la suspensión de leyes catalanas de carácter social, como la ley de medidas urgentes para paliar situaciones de emergencia social, la ley de vivienda social o de pobreza energética.

Persecución de cargos electos y vulneración de derechos fundamentales

En cuanto a la primera cuestión, el gobierno traslada la decisión de la comisión de Justicia del 23 de junio, que instaba al gobierno a elevar a los organismos internacionales de derechos humanos el ‘carácter antidemocrático de las instituciones judiciales españolas’. Asimismo, comunica la reprobación del fiscal jefe de la Audiencia española, Javier Zaragoza, por haber dar la orden de ‘perseguir a los cargos electos catalanes’, y lamenta el uso de la justicia por parte del gobierno español, que ‘vulnera los derechos fundamentales y políticos de los representantes catalanes’.

Las cartas incluyen un anexo con nueve medidas para proteger los derechos fundamentales afectados por decisiones de España. El gobierno garantizará, dice el texto, ‘el acceso a la asistencia sanitaria pública y de calidad’ y mantendrá el sistema educativo de Cataluña. Asimismo, asegura que defenderá la autonomía de los gobiernos locales, la política de acogida de refugiados, el derecho de aborto, la financiación de la emergencia social y la gestión de la deuda.

 

Barcelona (INCAT-Vilaweb).

“Es indignante pertenecer a un Estado como España que considera delito consultar a la ciudadanía catalana”

Noticias de Cataluña y España

 

El cantautor y diputado Lluís Llach explotó contra España tras conocer la petición de la Fiscalía para inhabilitar a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau

Las reacciones a la insultante petición de inhabilitación de Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por parte de la Fiscalía siguen registrándose y cada vez con mayor indignación, tal como la que protagonizó el diputado por Girona Lluís Llach, quien sostuvo que es “indignante” pertenecer a un Estado que considera “delito” consultar a la ciudadanía. “En una democracia no se pueden desactivar las urnas, hacerlo es una vergüenza democrática”. Y agregó que “estamos ante una persecución judicial en toda la regla y un Estado alérgico a la democracia”.

Preguntado sobre si repetiría el mismo proceso, el célebre cantautor a cuyo talento se debe la emblemática canción La Estaca, aseguró sin dudarlo que “hoy repetiría todos los actos con la misma determinación”, refiriéndose a la consulta popular del 9N, por cuya convocatoria fuera sancionado el ex presidente y las dos consejeras mencionadas. “Tenemos más fuerza que nunca para cumplir el mandato democrático y seguiremos adelante”, remarcó Lluís Llach.-

Los diez años de inhabilitación que la Fiscalía pidió para Artur Mas


Reacción del ex presidente ante la injusta petición que se extendió a Joana Ortega e Irene Rigau por la convocatoria y realización de la consulta popular conocida como del 9N

                           

El ex presidente Artur Mas y la ex vicepresidenta Joana Ortega (Foto de archivo).

La Fiscalía ya se ha pronunciado y presentó el escrito de acusación contra el ex presidente Mas, Joana Ortega e Irene Rigau. Este escrito, presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pide 10 años de inhabilitación para Artur Mas por la convocatoria y realización de la consulta popular conocida como del 9N. Las peticiones hacia la ex-vicepresidenta Ortega y la ex-consejera Rigau son de 9 años de inhabilitación y los delitos de los que son acusados son desobediencia y prevaricación. El de malversación de fondos públicos fue descartado por la Fiscalía.

Tras conocerse la petición de la Fiscalía de inhabilitarlo, Artur Mas compareció ante los medios de comunicación para manifestar que “para un soberanista es un honor ser procesado por los poderes españoles por poner las urnas a la consideración del pueblo”. Además, acusó al gobierno español de estar detrás de un “gran aquelarre judicial y una salvajada judicial”.

Las declaraciones fueron pronunciadas en la sede del partido y con la compañía de Irene Rigau y Joana Ortega, donde el ex presidente también criticó y puso en duda “la separación de poderes en España”, ya que nueve fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no vieron ningún delito, pero presentaron después la querella a raíz de las presiones ejercidas por la Fiscalía General del Estado y del Gobierno español.-

Homs en el Supremo: “Actué siguiendo el mandato del Parlament”

El ex-conseller de la Presidència, Francesc Homs, pone de manifiesto que asumió los preparativos y que actuó por mandato parlamentario.

En su declaración ante el Tribunal Supremo por la consulta del 9N, Francesc Homs justificó en todo momento que la decisión de suspender la consulta es una maniobra del Gobierno Español para detener el proceso soberanista y que no había, desde la Generalitat, manera de detener la jornada participativa.

“En todo momento se actuó no sólo de foramen prudente sino razonable” argumentó Homs, poniendo de relieve el hecho de que tiene la “impresión de que este es un juicio más político que de debate jurídico”.

Ante las diferentes preguntas del magistrado, Homs nunca negó su implicación en los preparativos de la consulta. Es más, dijo en reiteradas ocasiones la misma expresión: “Soy el responsable”. Y argumentó que era “público y notorio” lo que se estaba preparando desde el Govern de la Generalitat.

La defensa del alegato del ex-conseller pasó por muchos momentos de ataque al Gobierno español. Homs remarcó que el ejecutivo estaba desesperado para frenar la consulta, que en aquel momento era para el ejecutivo de Rajoy el icono del procés.

“La obsesión del Gobierno español era neutralizar fácticamente lo que se hacía en Cataluña e intimidar”, señaló Homs. Y agregó: “Claro, se montó lo que se montó de buena manera, 2.350.000 personas, y a partir de aquí en vez de actuar políticamente que es como creo que gente sensata de cualquier signo piensa que se tendría que haber actuado, pues no, forzó a la Fiscalía incluso con la dimisión del fiscal general del Estado, cambiando de posición y humillando a la Fiscalía de Cataluña”.

Indignados por la persecución, líderes europeos reclaman solución política al proceso catalán

Eurodiputados ingleses, lituanos, belgas y escoceses, entre otros, alzaron su voz en abierta oposición a la actitud del gobierno español que busca inhabilitar a líderes democráticos

                           Ian Duncan.

La decisión de la Fiscalía de inhabilitar a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por el “grave delito” de convocar a los ciudadanos de Cataluña a las urnas el 9 de noviembre de 2014 (conocido como el 9N), no pasó desapercibida en Europa ya que se oyeron quejas por doquier, a la vez que reclamaron “diálogo” y “soluciones políticas” a Mariano Rajoy. “¿Qué tipo de democracia es ésta? No se puede decidir el futuro de una nación en los juzgados”, se quejó el tory británico Ian Duncan.

 

 

“Si realmente quieres resolver el tema, los procedimientos legales pueden estorbar y es mejor encontrar soluciones políticas”, manifestó también la belga Kathleen van Brempt, vicepresidenta del grupo socialdemócrata en la Eurocámara.

“Hay una solución política y no se deberían utilizar amenazas legales para arrinconar a los políticos, porque esto generará resultados totalmente opuestos”, advirtió también el vicepresidente de los liberales europeos, el lituano Petras Austrevicius.

“Es muy sorprendente que se lleve a los juzgados a un presidente que fue elegido democráticamente y que ha dado al pueblo catalán la oportunidad de expresarse”, se escandalizó desde el grupo de los Verdes Ian Hudgton, del Scotland National Party escocés.

Incluso los eurófobos británicos del UKIP exigen al gobierno español que “encuentre una solución en las urnas” al problema catalán, en vez “de utilizar un proceso judicial contra un líder elegido democráticamente”, tal como manifestó Jonathan Arnott, en declaraciones a la agencia catalana ACN, como los otros cuatro eurodiputados.-

 

Barcelona (INCAT-Per Catalunya).-

La guerra sucia del Estado español abre una importante crisis política en Andorra

Noticias de Andorra

Los partidos de la oposición piden la dimisión del jefe de gobierno por no haber defendido la soberanía del país contra las presiones españolas

Las amenazas de la embajada española en Andorra contra los propietarios de la Banca Privada d’Andorra (BPA) han desatado una crisis política en el pequeño país pirenaico, con los partidos de la oposición pidiendo, incluso la dimisión del jefe de gobierno, Antoni Martí. Tanto Socialdemocracia y Progreso (SDP) como los liberales se indignaron por el hecho de que el Ejecutivo andorrano supiera que había presiones de la diplomacia española contra el banco y no hicieran nada al respecto. Los liberales han pedido la dimisión del jefe de gobierno y el SDP ha exigido primero explicaciones, dejando entrever que también podría pedirla.

El ex-presidente de BPA, Higini Cierco, denunció la semana pasada las amenazas y extorsiones de autoridades españolas para que el banco andorrano entregara información sobre Jordi Pujol, Oriol Junqueras y Artur Mas. Cierco señaló al agregado de Interior de la diplomacia española en Andorra, Celestino Barroso, como la persona que le dijo “que si no accedían a hacer una reunión en Madrid para facilitar información de los políticos catalanes, el banco moriría y que los americanos estaban al corriente y ya sabían cómo hacerlo”. El mismo Cierco afirmó que había informado del caso a las autoridades andorranas.

Y este es ahora el nudo del conflicto: la oposición cree que el gobierno no actuó con la diligencia necesaria para defender la soberanía andorrana a raíz de las injerencias españolas. Los socialdemócratas han pedido información al gobierno sobre posibles conversaciones del presidente con Mariano Rajoy.

El consejero general del SPD, Victor Naudi, lamentó también la presencia de jueces españoles que ‘se pasearon libremente por Andorra’. Según Naudi, Andorra se encuentra en medio de las tensiones entre España y Cataluña ‘queramos o no y el gobierno no ha sabido estar a la altura’.

Andorra la Vella (INCAT-Vilaweb).