Solicitaron la nulidad del juicio abreviado que benefició a «Lalo» Ramos

Entre los fundamentos de a apelación se destaca que se violaron derechos consagrados en la Convención de los Derechos del Niño.

La familia de Thiago Joel Franco presentó un recurso de apelación ante la Cámara de Apelaciones, por el cual se solicita la nulidad del acuerdo de juicio abreviado firmado por la fiscalía a cargo del Dr. Pablo Cistoldi y Eduardo «Lalo» Ramos, autor del siniestro vial ocurrido en marzo de 2014 que dejó como saldo severas secuelas neurológicas en el menor.

Ramos se vio beneficiado con un juicio abreviado recibiendo una condena de 2 años y 6 meses de prisión en suspenso y cuatro años de inhabilitación para manejar, evitando la instancia del juicio oral.

El abogado Maximiliano Orsini indicó que se solicitó su nulidad «por las negociaciones incompatibles para su firma por el Dr. Juan Aicega (concejal de Cambiemos), amigo del Sr. Ramos con el fiscal actuante, por su improcedencia temporal cuando ya estaba fijada la fecha de debate»,

Además, el letrado de la familia de la víctima remarcó que esa resolución que avaló el juez actuante en el caso, Pedro Hofft, «violó los derechos de Thiago de acceso al debido proceso, legalidad y a la jurisdicción, así como la Convención Internacional de los Derechos del Niño».

Orsini indicó que también se solicitó se aplique el caso “Gongora” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual prohíbe el juicio abreviado para delitos de violencia de género.

El municipio no quiere modificar el boleto y apela la medida judicial

A contramano de lo informado en la víspera, cuando el gobierno municipal fue notificado de una resolución judicial que suspende por seis meses la actual tarifa del boleto urbano del transporte de pasajeros, este martes se informó que se apelará el fallo judicial.

Este lunes se había señalado que el municipio cursó la pertinente comunicación al Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), las empresas prestatarias del servicio urbano de transporte de pasajeros y a los demás organismos nacionales, a los fines de dar cumplimiento con la resolución.

Sin embargo, desde la Secretaría de Gobierno y el área Legal y Técnica de la comuna se avanzó con un recurso de apelación.

De esta manera, el Ejecutivo municipal quiere evitar que se tenga que volver a la tarifa de los 6,86 pesos que estuvo vigente hasta mediados de enero.

Por su parte, el intendente Carlos Arroyo tildó de “descabellado” el reclamo hecho por Acción Marplatense para que se reintegren a los usuarios los 20 millones de pesos que pagaron de más los vecinos desde el incremento del boleto hasta la fecha.

A su vez, el jefe comunal afirmó que detrás de estas acciones “hay una acción desesperada de un grupo desesperado, pero no tengan miedo que no van a volver”.

Ante la apelación presentada por el Municipio contra la resolución del Juez Contencioso Administrativo que suspendió el último aumento del boleto de colectivo, Marcelo Artime dirigente de Acción Marplatense sostuvo: «Estamos frente a una actitud dilatoria que pretende demorar que el boleto vuelva a costar $6,86 y ante una posible desobediencia a una orden judicial».

«Se están buscando salidas por la tangente para no hacer efectiva la medida y no bajar el valor del boleto con la esperanza que la apelación les dé un salida»,  añadió.

Leandro Laserna afirmó que «cada minuto que pasa los usuarios siguen pagando un valor basado en datos falsos: kilómetros que no se recorrieron, frecuencias no cumplidas, colectivos que no circulan por la ciudad, combustible no consumido y una cantidad de supuestos choferes que no son tales».

El municipio afirma que el acceso público a las playas está garantizado

La Municipalidad aclaró los motivos de su apelación a la Justicia ante el recurso de amparo presentado en relación al espacio público en playas.

Además, confirmó que desde diciembre se vienen realizando operativos de control a concesionarios, labrándose 21 actas de control «donde los porcentajes de lote de arena pública previstos en los pliegos de bases y condiciones no fueron alterados», confió.

“La comuna apeló la medida cautelar en la cual se le exigía dar cumplimiento y garantizar a los ciudadanos el acceso irrestricto a las playas públicas”, explicó Gustavo Gil de Muro, subsecretario de Legal y Técnica de Gral. Pueyrredon.

“También le pedía a la comuna que se abstuviera de extender los límites otorgados mediante concesión. Nosotros -que fuimos demandados al igual que los concesionarios- planteamos que el acceso público a las playas estaba garantizado.”

En ese sentido, el funcionario remarcó que “puntualmente, la medida se refiere a los balnearios concesionados por el Municipio que van desde Playa Grande hacia el Norte de la ciudad no estando comprendidos en esta demanda los balnearios de la zona Sur. Y, en Playa Grande, en los dos extremos están las playas públicas, cada una con sus respectivos accesos. Hay que aclarar que la Municipalidad controla diariamente a los concesionarios. De hecho, en diciembre se labraron 21 actas con anterioridad al amparo judicial, dato que le hemos aportado al juez”.

“El Municipio está del lado del ciudadano”, aseguró Gil de Muro. “Nosotros no cuestionamos algún derecho que se pueda ver afectado, cuestionamos que la vía procesal fue improcedente. Y nos avala la decisión del Juzgado Civil y Comercial Nº4, que rechazó in límine el amparo interpuesto por esta misma asociación, porque considera que la vía procesal no es la procedente en este caso. Esto se da porque existen otros procedimientos administrativos y judiciales que se deben cumplir. Y están las vías ordinarias para hacerlo”, afirmó.

“La condena de Belasco es fruto de la presión mediática y social”

Así lo sostuvo la abogada defensora del condenado a 8 años de prisión por el triple crimen de Eliana Nicuez y sus hijos Lautaro y Bautista en el fatal siniestro de tránsito ocurrido hace dos años en Luro y calle 184.

El tribunal compuesto por los jueces Alexis Leonel Simaz, Néstor Jesús Conti y Jorge Rodríguez dio una sentencia sin precedentes en este tipo de juicios por casos de inseguridad vial.

Cabe destacar que, el fiscal de Delitos Culposos, Pablo Cistoldi, había pedido que el albañil Juan Carlos Belasco sea condenado a cuatro años de prisión efectiva y a diez de inhabilitación por el delito de “triple homicidio culposo”.

La letrada confirmó la apelación del fallo del Tribunal en lo Criminal Nº 2 y remarcó que la decisión de los jueces fue producto de la “presión mediática y social” y recordó que en casos “iguales o peores” fueron caratulados como homicidio culposo.

La abogada Celia de Caro indicó que aguardarán que Casación revise la sentencia y señaló que su defendido “se sintió juzgado y penado” desde el primer día.

Con respecto a la posibilidad que recupere la libertad mientras se espera el resultado de la revisión de la instancia superior, la abogada defensora indicó que sería “saludable” que eso pudiera concretarse.

La Fiscalía apeló la excarcelación del dueño de La Moneta

El dueño de la casa de cambio La Moneta, Francisco Pagano, está acusado del lavado de activos tanto en el país como en Estados Unidos. El Ministerio Público presentó un recurso de apelación ante el juez Castellanos, quien había resuelto excarcelarlo bajo caución real de 10 millones de pesos.

El Ministerio Público Fiscal, a través del titular de la Fiscalía Federal Nº2 de Mar del Plata, Pablo Larriera, presentó un recurso de apelación ante la excarcelación firmada días atrás por el juez Alejandro Castellanos, bajo caución real de 10 millones de pesos, de Francisco Pagano, dueño de la casa de cambio La Moneta.

El empresario fue detenido el pasado 13 de abril por un pedido de captura internacional por el presunto delito de lavado de dinero.

De la presentación preliminar de los sucesos, entendió el fiscal, se desprenden varios factores “claves” a la hora de evaluar el nivel de peligro procesal que produciría la excarcelación.

“No obstante el esfuerzo argumentativo utilizado en la resolución judicial aquí cuestionada, partiendo de la complejidad propia del delito y de los hechos aquí investigados, como así también la cantidad de personas imputadas, entiendo que la solución propuesta por el Juez instructor con relación a la excarcelación de Pagano bajo caución real no puede prosperar”, comprendió Larriera.

En este sentido, marcó que “esta resolución no sólo pone en vilo la futura concreción del traslado, sino asimismo puede constituirse en un concreto obstáculo para la consecución de las aprehensiones de los aludidos consortes de causa en los EEUU”. De acuerdo a la traducción de la causa, se habla de padre e hijo Coppola como “cómplices”.

Por otra parte, Larriera mencionó: “…soslayar (algunas cuestiones), entrecomillando algunas (como el ‘gran poderío económico’) como una forma velada de subestimar aspectos que resultan de público y notorio en nuestra comunidad, resultan a las claras una falencia en la real y objetiva evaluación de los peligros que entraña hacer cesar la detención del Sr. Pagano, llegando a tornar ilusorio todo abordaje posterior”.

En conclusión, para el representante del Ministerio Público Fiscal existe el riesgo que conduce a la “necesidad de mantener la detención dispuesta con la finalidad de garantizar el sometimiento al proceso y evitar el entorpecimiento de la investigación, en los términos de ‘peligro de fuga’, como ‘entorpecimiento de la investigación’”.

Pagano está acusado por lavado de activos tanto en el país -vinculado a la causa Carbón Blanco- como en Estados Unidos.