Aprobaron un plan global para garantizar los derechos sociales de los catalanes emigrados

Noticias de Cataluña

El Parlamento dio luz verde a una moción de la CUP que insta al Gobierno a facilitar la participación de los residentes en el extranjero en futuras elecciones

 

El Parlamento acaba de aprobar este jueves una moción de la CUP que pide al Gobierno elaborar un plan global para atender a los catalanes emigrados para garantizar sus derechos sociales, lingüísticos y culturales, y que se implante un sistema de voto electrónico para futuras elecciones y convocatorias referendarias. La diputada de esa agrupación Anna Gabriel presentó la iniciativa y admitió que “se trata de una propuesta de mínimos”, ya que a su juicio el Gobierno debería asegurar que ningún ciudadano se vea obligado a emigrar.

El punto que suscitó más debate fue el tercero, referente a la implantación de un sistema de voto electrónico para los catalanes residentes en el extranjero, ya que el actual depende de la legislación estatal. El texto insta al Gobierno a “prever los mecanismos necesarios” para la aplicación del voto electrónico. Tal y como recoge Europa Press, el diputado Jordi-Miquel Sendra (JxSí) defendió el punto de la moción que expone que la implantación del voto electrónico servirá para “impedir las trabas burocráticas del Estado y garantizar todos los derechos de los catalanes en el exterior”, en referencia a los problemas registrado en anteriores convocatorias electorales.

Desde el PSC, el diputado Ferran Pedret explicó que los socialistas se han abstenido en este punto porque el voto electrónico “debería extenderse al conjunto de todos los catalanes”, y celebró la predisposición de la CUP en incluir una enmienda que impulsa un plan de retorno para los jóvenes. El diputado de Cataluña Sí que se Puede (CSQEP) Joan Josep Nuet aseguró que la coalición de izquierdas se abstuvo porque pretende “debatir este punto en otro debate [sobre una ley electoral catalana] y llegar a un acuerdo amplio de la Cámara”.

La diputada de Ciudadanos Susana Beltrán justificó su voto contrario a toda la moción porque el texto está vinculado a “referéndums y comisiones constituyentes”. Desde el PP, la diputada Esperanza García argumentó su voto en contra por el “contexto de aceleración del proceso soberanista” y como su colega García se mostró abierta a una reforma estatal del sistema de voto exterior.-

Barcelona (INCAT-Nació Digital).-

La CUP estaría dispuesta a aprobar los presupuestos

Noticias de Cataluña

Anna Gabriel afirma que si hay RUI, las cuentas del 2017 son secundarias, remarcando que el referéndum es prioritario para su organización.

La CUP acaba de demostrar su voluntad de apoyar al presidente Carles Puigdemont en la cuestión de confianza que se celebrará el 28 y 29 de septiembre. En una entrevista en TV-3, la diputada y portavoz anticapitalista, Anna Gabriel, dijo que es muy probable también que apoyen los presupuestos del 2017.

Preguntada sobre la cuestión de confianza, Gabriel dijo que “la encaramos en positivo, ha de ser superada”, mientras que reiteró que la prioridad de la CUP sigue siendo el referéndum unilateral de independencia (RUI) en la hoja de ruta.

También ha mostrado toda su buena voluntad respecto al apoyo a los presupuestos, apoyo que Puigdemont reclamará en la cuestión de confianza. “Pediremos que vayamos revirtiendo recortes en sanidad y educación, pero tampoco entraremos al detalle de determinadas partidas”, admitió, argumentando que si se concreta la apuesta por el referéndum, ello “dibuja un momento de inflexión democrática”.

Barcelona. (INCAT-Agencias).-

Y ahora, ¿qué?: Las cuestiones más candentes del proceso de desconexión de Cataluña

Noticias de España y Cataluña

 

Tras el anuncio soberanista del Parlament catalán, la vicepresidenta del Gobierno de España compareció con carácter urgente en el Congreso de los Diputados para explicar que la maquinaria del Estado se pondrá en marcha de inmediato.

 

Los partidos independentistas catalanes del Parlament autonómico, Junts pel Sí y CUPhan logrado este miércoles que se apruebe por mayoría absoluta, entre un fuerte ambiente de división y oposición en la cámara, la vía unilateral que fija los pasos a seguir para la desconexión de Cataluña respecto de España, desafiando así al Tribunal Constitucional (que declaró inconstitucional la consulta soberanista).

¿Qué puede hacer el Gobierno de España?

Tras la decisión adoptada en el Parlament, la vicepresidenta en funciones del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, compareció con carácter urgente en el Congreso de los Diputados para explicar que la maquinaria del Estado se pondrá en marcha de inmediato, informa el portal Economía Digital. De esta forma, ha informado de que este viernes el Consejo de Ministros aprobará un acuerdo para autorizar a la Abogacía del Estado a que presente ante el Tribunal Constitucional un incidente de ejecución de sentencia contra la resolución para no permitir que el proceso secesionista siga adelante.

Sáenz de Santamaría considera que la decisión del Parlament supone la vulneración del derecho de los españoles a decidir cuál es su marco constitucional y la ha calificado de «paso contumaz y grave».

Reuters

¿Quién es el responsable?

Asimismo, lo que Madrid podría hacer frente a la decisión de los partidos independentistas puede implicar sanciones económicas y políticas, pero estas dependen de a quién se considere responsable directo.

La presidenta de la Mesa de la cámara catalana, Carme Forcadell, insiste en que no tiene responsabilidad en la iniciativa ya que, apunta, fueron los portavoces de Junts pel Sí y la CUP, Jordi Turull y Anna Gabriel respectivamente, los que forzaron que se incluyera en el orden del día del pleno esa votación. La Mesa la había desestimado, pero el pleno es soberano sobre las decisiones de la Mesa.

Xavier Arbós, catedrático de derecho constitucional, considera que el Constitucional se podría dirigir contra ellos y que además los diputados que votaron no pueden ser objeto de esas medidas coercitivas porque actuaron en virtud de su libertad de expresión.

¿Cuál sería el ‘castigo’?

El artículo 87 de la ley orgánica del Constitucional sostiene que «los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que (este órgano) resuelva» y el artículo 92 establece que se pueden aplicar medidas sancionadoras, que van desde «una multa coercitiva de 3.000 a 30.000 euros a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplieran las resoluciones del Tribunal».

Este último artículo contempla que se puede «reiterar la multa hasta el cumplimiento íntegro de lo mandado» o «acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal». Asimismo, indica que se puede «deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder».

Reuters

«Saltárse un semáforo en rojo»

Arbós asegura que la decisión del Parlament supone «saltarse un semafóro en rojo» y que, ante esa cuestión, «no cabe una rectificación, porque ya se ha saltado».

El portal indica que el problema al que se enfrenta el Tribunal Constitucional, a pesar de que los partidos independentistas lo circunscriban a una cuestión política, tiene un matiz y una envergadura jurídica.

¿Qué implica la desconexión catalana de España?

El documento sobre la desconexión catalana critica que el marco jurídico y constitucional español no deja «margen de acción para el reconocimiento del derecho a decidir» de los catalanes, por lo que insta a «la activación de un proceso constituyente propio» y a la inclusión de «un mecanismo unilateral de ejercicio democrático», informa ‘El Mundo’.

Para aprobar una Constitución catalana y alcanzar la independencia, el documento ve necesarias tres fases:

  • Un proceso participativo entre la ciudadanía para elaborar las bases de la futura Constitución.
  • Aprobar las tres leyes de desconexión (la de la Seguridad Social, la de la Hacienda propia y la de transitoriedad jurídica) y celebración del referéndum unilateral.
  • Ratificar la Constitución popularmente mediante otro referéndum.

Reuters

En los últimos años el deseo independentista ha aumentado significativamente en la comunidad autónoma española. El pasado 29 de junio, el presidente catalán llamó a acelerar el proceso de independencia mientras denunciaba la decisión de juzgar al expresidente Artur Mas por organizar la consulta sobre la independencia de Cataluña en noviembre de 2014. En ella, 2,3 millones de personas fueron preguntadas si deseaban un Estado catalán y, en caso de que así fuera, si querían que este fuera independiente: el 80,76% dio una respuesta afirmativa a ambas cuestiones.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional español declaró inconstitucional la consulta a posteriori.

 

— RT en Español (@ActualidadRT).

 

Histórico: El Parlamento catalán aprobó el primer paso del proceso de desconexión con España

Noticias de Cataluña

Luz verde a las conclusiones del Proceso Constituyente – 72 votos a favor de Juntos por el Sí y la CUP, y 11 en contra de CSQP, el PSC no participó, y Ciutadans y PP dejaron el recinto

 

En una jornada histórica, el Parlamento de Cataluña aprobó con los 72 votos de Juntos por el Sí y la Candidatura de Unidad Popular (CUP) las conclusiones del Proceso Constituyente de desconexión con España, que finalmente han sido introducidas en el orden del día del pleno. Cataluña Sí que Puede se opuso con sus 11 representantes, mientras que el PSC optó por no participar en la votación y el PP y Ciutadans abandonaron el hemiciclo parlamentario, escenificando así su malestar.

El presidente del grupo parlamentario de la coalición independentista, Jordi Turull, declaró que los diputados independentistas se deben “a las ambiciones del pueblo de Cataluña” y recordó su garantía legal de inviolabilidad “por sus votos”. Por su parte, la diputada cupaire Anna Gabriel proclamó: “Por la independencia no tenemos miedo”.

Así se expresaron cuando la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, les pidió si se reiteraban en su petición a pesar de la advertencia del Tribunal Constitucional. La iniciativa desató un aluvión de críticas de la oposición que desembocó en un debate intenso. El líder del PP, Xavier García Albiol, aseguró que la mesa del Parlamento “es responsable” de que en la Cámara “no se cometa ningún acto contra la decisión del TC” y preguntó a Forcadell si estaba dispuesta a permitir un “atentado contra el estado de derecho”.

En la misma línea, la presidenta del grupo parlamentario de Ciudadanos, Inés Arrimadas, sostuvo que la votación de las conclusiones supone “un desarrollo claro de la declaración del 9-N” suspendida por el Constitucional, lo que, según dijo, significa “pasar por el Arco del Triunfo la justicia”. Su grupo y el del PP abandonaron el hemiciclo antes de que se votaran las conclusiones.-

Barcelona (INCAT-Nació Digital).-