El altísimo coste humano de acabar con el Estado Islámico

Noticias de Irak : Estado Islámico

 

Cruz Roja y Amnistía Internacional se pronuncian y alertan sobre los castigos que sufre la población civil, tanto por parte del EI como del ejercito iraquí y las milicias chiíes.

La población civil de Mosul es obviamente la parte más vulnerable en esta complicada ofensiva que las fuerzas iraquíes y kurdas están llevando a cabo sobre Mosul. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Organización Mundial de las Migraciones, decenas de miles de habitantes de Mosul corren riesgo de ser usados por el Estado Islámico como escudos humanos para obstaculizar el avance de las tropas enemigas. En concreto, la Cruz Roja teme, según informa la agencia Reuters, que los yihadistas expulsen por la fuerza a los civiles hacia a las afueras de la ciudad, -en la que viven alrededor de 1,5 millones de personas-, para que queden atrapados en el campo de batalla y sirvan de protección a los extremistas.

A este temor, la Organización Mundial de las Migraciones ha añadido otra alarma: la del posible uso de armas químicas por parte del Estado Islámico. En declaraciones a Reuters, el responsable de la Organización para esta campaña en Irak, Thomas Weiss, ha afirmado tener «miedo» al respecto, ya que «hay algunas evidencias de que el EI podría estar usando armamento químico», lo cual haría muy vulnerable a la población civil, en especial a los niños y los ancianos.

La Cruz Roja, a través de su Comité Internacional, reclama también que se permita evacuar a los heridos de la ciudad para recibir tratamiento médico. La batalla, a su juicio, puede desencadenar «la más larga y compleja situación humanitaria» de los últimos años.


El Estado Islámico no es el único problema

Amnistía Internacional, por su parte, ha emitido este mismo martes un informe cuyo título es tan largo como explícito: «Castigada por los crímenes del Estado Islámico: La población desplazada iraquí sufre los abusos cometidos por las milicias y las fuerzas gubernamentales«, en el que ha documentado «torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales de miles de civiles que huían de las zonas controladas por el Estado Islámico» en situaciones similares a la que ahora se vive en Mosul.

El informe está basado en unas 500 entrevistas con testigos, familiares de víctimas, personas que han estado detenidas, así como funcionarios y activistas. Amnistía Internacional considera que algunas de las violaciones constituyen crímenes de guerra.

Uno de los casos más impactantes recogidos en el texto de Amnistía Internacional es el del calvario de la tribu Jumaila, que a finales del pasado mes de mayo huía de Al Sijir, una localidad al norte de Faluya. 16 miembros de la tribu (12 hombres y 4 adolescentes) fueron interceptados por un grupo de uniformados; los hombres y los adolescentes fueron separados de las mujeres y los niños, puestos en fila y ejecutados. Al menos otros 73 hombres y adolescentes de la misma tribu siguen desaparecidos a día de hoy.

Amnistía Internacional atribuye éstos y otros casos principalmente a las milicias chiíes, (las llamadas «Unidades de Movilización Popular»), pero lo cierto es que esas unidades reciben armamento y financiación estatal, y desde hace meses forman parte, oficialmente, de las fuerzas iraquíes, lo que implica la responsabilidad del ejército y de los cuerpos policiales.

Lo resume bien Philip Luther, director de investigación y activismo de Amnistía Internacional para Oriente Próximo y el Norte de África, refiriéndose en concreto a un sector de la población iraquí especialmente castigado, los árabes suníes, en declaraciones recogidas por ‘El País‘: «Tras escapar de los horrores de la guerra y de la tiranía del Estado Islámico, los árabes suníes de Irak se enfrentan a brutales ataques de venganza a manos de las milicias [chiíes] y de las fuerzas gubernamentales».

David Romero

 

— RT en Español (@ActualidadRT).

 

HRW denuncia el encubrimiento: «Turquía impide investigar las matanzas de kurdos»

Noticias de Turquía

 

Existen «informaciones creíbles de que las fuerzas de seguridad turcas han matado deliberadamente a civiles, incluidos niños» integrantes de la comunidad kurda, denuncia Human Rights Watch.

 

Ankara está bloqueando todos los accesos a investigaciones independientes sobre los abusos contra civiles en el sureste de Turquía, donde las fuerzas de seguridad están luchando contra combatientes kurdos, denuncia la organización internacional en defensa de los derechos humanos Human Rights Watch.

Algunos de los supuestos abusos contra la población civil incluyen homicidios, desplazamientos a escala masiva y destrucción ilegal de la propiedad privada, según el informe de HRW.

«Preocupaciones sobre un gran encubrimiento»

«El Gobierno debe conceder sin demora a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas el permiso para entrar en la zona e investigar de acuerdo con sus normas», reza el comunicado.

Según Emma Sinclair-Webb, investigadora principal de Turquía de HRW, el bloqueo de Ankara fomenta «preocupaciones sobre un gran encubrimiento».

Existen «informaciones creíbles de que las fuerzas de seguridad turcas han matado deliberadamente a civiles, incluidos niños, que llevaban banderas blancas o estaban atrapados en los sótanos», afirma la representante de Human Rights Watch, que opina que estas evidencias «deben hacer sonar fuertemente las campanas de alarma».

Rodi Said Reuters

Según HRW, al menos 338 civiles han muerto en los enfrentamientos desde la ruptura del alto el fuego en julio de 2015, mientras que otras estimaciones oscilan entre 500 y 1.000 civiles muertos.

La mayor parte de la destrucción se ha producido en nueve ciudades en el sureste de Turquía, incluida la ciudad fronteriza de Cizre.

«El fiscal de Cizre debe llevar a cabo una investigación completa, efectiva e independiente para garantizar justicia a las víctimas», insta el informe.

«Investigar a fondo y de manera efectiva todas las denuncias»

Según la organización internacional de derechos humanos, se han introducido «toques de queda durante las veinticuatro horas en 22 pueblos y barrios de las ciudades», que prohíben todo movimiento sin permiso e impiden el acceso de las organizaciones no gubernamentales, periodistas y abogados.

«Las autoridades han impedido a los grupos de derechos –incluido Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Médicos por los Derechos Humanos– tratar de documentar los abusos, incluso después de que los toques de queda y las operaciones terminaran», indica HRW.

RT

Sinclair-Webb insiste en que «los fiscales deben investigar a fondo y de manera efectiva todas las denuncias de abusos por parte de las fuerzas estatales y grupos armados», y no se deben permitir «medidas legales o extralegales» que garanticen la impunidad de los responsables de estos crímenes.

Pese a la creciente evidencia de abusos, el Gobierno turco niega las acusaciones de haber atacado a civiles en sus operaciones militares.

 

— RT en Español (@ActualidadRT).

 

Voces de rechazo a despenalizar la explotación sexual

Integrantes de la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Personas de Mar del Plata se reunieron este martes con la intención de analizar, entre otros puntos, el posicionamiento que tomó Amnistía Internacional sobre la despenalización de proxenetas, dueños de prostíbulos y prostituyentes, “pilares de un crimen transnacional de $99 billiones de dólares al año”.

En ese sentido, resolvieron adherir al documento elaborado por instituciones defensoras de los derechos humanos y sobrevivientes de la prostitución, donde se advierte que “despenalizar al ‘comercio sexual’ convierte a los dueños de los burdeles en ‘empresarios’, quienes con impunidad promueven la trata de mujeres muy jóvenes predominantemente de los países más pobres de Latinoamérica, Asia y África, así como de Europa del Este para satisfacer la demanda creciente de prostitución”.

La Mesa no sólo decidió adherir al documento, sino también elevó el pedido de adhesión al Concejo Deliberante de General Pueyrredon y a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, a través de los legisladores que forman parte del espacio.

QUÉ PLANTEA EL DOCUMENTO

El texto menciona: “Creemos firmemente y estamos de acuerdo con Amnistía con que los seres humanos comprados y vendidos en el comercio sexual, que en su gran mayoría son mujeres, no deben ser penalizadas en ninguna jurisdicción y que sus derechos humanos deben ser respetados y protegidos en todo su alcance”.

“También acordamos en que, con la excepción de algunos países, los gobiernos y las fuerzas de seguridad violan gravemente los derechos humanos de las personas prostituidas”, añade.

Y ante ello, señala: “De todas maneras, lo que su ‘Borrador de Política sobre Trabajo Sexual’ está proponiendo de forma inentendible es la despenalización total de la ‘industria sexual’, lo que de hecho lleva a legalizar el proxenetismo, la tenencia de burdeles y el pago por prostituir”.

En este sentido, dieron cuenta de evidencias que muestran “los efectos catastróficos de la despenalización del ‘comercio sexual’”.

“El gobierno alemán, por ejemplo, que reglamentó la ‘industria de la prostitución’ en 2002, encontró que la ‘industria sexual’ no se hizo más segura para las mujeres luego de la puesta en vigencia de su ley. Por el contrario, la proliferación de los burdeles legales en Alemania ha disparado un incremento de la trata de personas con fines de explotación sexual”, ejemplifica citando las fuentes correspondientes.

El documento deja en claro que “sin una pujante ‘industria del sexo’, no habría trata de personas con fines de explotación sexual”.