Adicción a videojuegos: avances para que la Provincia tenga un programa de prevención y tratamiento

El proyecto apunta a incluir esta patología dentro de la Ley Provincial de Prevención de Enfermedades Psicosociales. Está cerca de recibir media sanción en el Senado bonaerense.

La iniciativa se elaboró en base a investigaciones y trabajos de campo realizados por el Observatorio de Consumos Problemáticos que conduce el Defensor del Pueblo Adjunto, Walter Martello. Entre otras conclusiones, se advirtió que el 37% de los usuarios pasa entre 4 y 6 horas por día jugando frente a las pantallas.

 

La ley 10.670, que se busca reformar, establece que debe incluirse en el sistema educativo bonaerense programas destinados a la prevención primaria de enfermedades psicosociales tales como alcoholismo, drogadicción, tabaquismo y violencia. Ahora se sumaría la adicción a los videojuegos una vez que la iniciativa, que lleva la firma de los senadores Marcelo Pacífico y Ana Geloso, sea convertida en ley en la Legislatura.

 

Desde el Observatorio, a su vez, se elaboró una guía informativa de consumo responsable de videojuegos, que el año pasado fue declarada de interés legislativo por el Senado bonaerense.

 

La ratificación de que la adicción a los videojuegos es una enfermedad fue adoptada por la 72ª Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en Ginebra. Y se fijó que el tratamiento y las medidas de prevención sean efectivas a partir del 1 de enero de 2022. Según define la Organización Mundial de la Salud (OMS), este trastorno «se caracteriza por un patrón de comportamiento de juego persistente o recurrente, que puede ser en línea o fuera de línea».  Además, se manifiesta en aspectos como «el deterioro en el control sobre el juego, incremento en la prioridad dada respecto a otros intereses y continuación de ese incremento a pesar de que tenga consecuencias negativas».

 

“A partir de los relevamientos que venimos realizando, los mayores niveles de abuso se registra en el juego Fortnite, que se actualiza cada 10 semanas aproximadamente. La novena temporada comenzó el jueves 9 de mayo. Ante este contexto por demás dinámico, debemos estar a la altura de las circunstancias y seguir los lineamientos trazados por los organismos internacionales. Han dejado en claro que el uso compulsivo de videojuegos dejó de ser una cuestión meramente vinculada con derechos de usuarios y consumidores, para pasar a convertirse en un problema de salud pública, que requiere una intervención directa del Estado tanto en la prevención como en el tratamiento de las adicciones”, concluyó Martello.

 

El Defensor del Pueblo adjunto remarcó que el acceso a la salud y el bienestar es un derecho humano, y esta es la razón por la que la Agenda para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas ofrecen una nueva oportunidad de garantizar que todas las personas, especialmente los/as niños/as y adolescentes, pueda tener acceso a una vida saludable.

 

Relevamiento del Observatorio

 

El estudio del Observatorio de Consumos Problemáticos sobre videojuegos se hizo en base a un trabajo de campo que se desarrolló entre el 30 de julio y el 3 agosto de 2018. Se realizaron unas 273 entrevistas presenciales con cuestionario y respuestas online. Participaron mujeres y hombres de entre 12 y 45 años.

 

Los resultados fueron los siguientes:

-El 51% de usuarios que juega entre dos y tres horas diarias

-El 47% de los entrevistados reconoció que dejó de hacer distintas actividades para dedicarle más tiempo a los videojuegos.

-El 17% de los consultados definió como «un vicio» el vínculo que mantienen con distintas plataformas, como consolas, tablets, smartphones, notebooks y computadoras de escritorio.

Emergencia en Adicciones: reclaman una respuesta del Secretario de Salud

Diversas organizaciones sociales exigen que el Secretario de Salud, Gustavo Blanco, de respuesta a un pedido de informes que fuera realizado desde la Comisión de Calidad de Vida del Concejo Deliberante

Diversas organizaciones sociales exigen que el Secretario de Salud, Gustavo Blanco, de respuesta a un pedido de informes que fuera realizado desde la Comisión de Calidad de Vida del Concejo Deliberante en el marco del tratamiento de un proyecto de ordenanza que plantea la emergencia en materia de adicciones en el Municipio de General Pueyrredón.

La ordenanza, que fuera presentada por la concejal Mariana Santoro, viene siendo trabajada por organizaciones como la Juventud Rebelde y Vientos de Libertad-MTE, el Movimiento Popular La Dignidad, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento Evita y Juventud de Atahualpa. Además, estas organizaciones son quienes trabajan en distintos barrios de la ciudad en espacios comunitarios desde donde acompañan y contienen a personas en situación de consumo problemático.

La ordenanza, por la cual hubo una jornada de trabajo el pasado 20 de febrero en el recinto del Concejo Deliberante colmado de gente, se encuentra en la Comisión de Calidad de Vida y al respecto Javier Magariños -militante de la Juventud Rebelde y trabajador del Centro Barrial ubicado en el Barrio Pueyrredón- comentó: “De la jornada de trabajo participado muchas organizaciones, instituciones y funcionarios de la Secretaría de Salud, pero parece que el Secretario de Salud se olvidó del tema. Hoy la ordenanza esta frenada porque el oficialismo, Cambiemos, pidió un informe a Blanco, funcionario de Cambiemos, y como no da respuesta no se avanza en el tratamiento de la ordenanza”.

“Exigimos que Blanco conteste lo solicitado para poder avanzar, porque mientras tanto la situación en los barrios se gravaba, ya que la única respuesta que se da al problema es la criminalización y muy poco de prevención y contención. Queremos y exigimos espacios comunitarios donde prevenir, acompañar y contener a quienes estén en situación de consumo problemático, buscando construir proyectos de vida dignos”, concluyó Magariños.

Adicciones: «hace falta mayor despliegue de políticas públicas por parte del estado»

En un recinto del Concejo Deliberante colmado, la Comisión de Calidad de Vida trató la problemática de adicciones en la ciudad. Participaron distintos actores de todos los sectores y plantearon estrategias de trabajo para un abordaje local.

El consumo problemático en la ciudad ha crecido mucho en los últimos años, y los números muestran no sólo un ascenso en la cantidad de personas que abusan de las sustancias, sino una edad cada vez más temprana de inicio de consumo. Por ello, el Concejo Deliberante reunió a representantes de diversos sectores para debatir sobre la situación.

«Pudimos encarar un diagnóstico local y delinear estrategias de abordaje de la problemática de consumo que afecta a toda nuestra sociedad. Los aportes llegaron desde el SEMDA (Servicio Municipal de Atención a las Adicciones), los Caps, el Sedronar, funcionarios de las Secretarías de Salud y Desarrollo Social, la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Esuela Superior de Medicina, la Universidad Atlántida Argentina, el Colegio de Psicólogos, representantes de las iglesias católica, mormona y evangélica, efectores privados, ongs, y movimientos sociales», describió la concejala Marina Santoro, impulsora del encuentro.

«Desde Calidad de Vida siempre salimos a recorrer la ciudad y realizamos convocatorias de este tipo, para poder conocer las problemáticas en profundidad y legislar con las mejores herramientas», agregó y remarcó que se han llevado muchos aportes para trabajar: mayor presupuesto, más articulación, equipos técnicos, y dispositivos públicos, mayor trabajo con las familias involucradas, abordaje con perspectiva de género y la necesidad de elaborar un mapa del consumo y de declarar la emergencia local

Raverta: «estamos viviendo una realidad que duele» en materia de adicciones

La Diputada Nacional recorrió una institución del barrio 9 de Julio que aborda el consumo problemático de sustancias.

La Diputada Nacional marplatense Fernanda Raverta junto al Padre Oscar Maipah de la Pastoral Social de la Diócesis de Mar Del Plata recorrieron una institución del barrio 9 de Julio que aborda el consumo problemático de sustancias. Dicho centro busca trabajar con la comunidad a partir del acceso a la educación, la cultura y el trabajo.

Durante la visita, dialogaron con un grupo de chicos que están llevando adelante un emprendimiento de Espacios verdes de huertas y destacaron la importancia de garantizar el acceso a derechos sobre todo para abordar la realidad de la niñez y juventud a partir de la promoción de espacios de participación.

“Las adicciones son un flagelo en nuestros jóvenes pero la cultura del encuentro, la amistad y la escucha son los valores que se necesitan para poder llevar adelante un proyecto de estas características”, destacó Fernanda Raverta durante el recorrido y agregó que “es muy importante el rol del Estado en la articulación con las organizaciones comunitarias para encarar esta problemática, que es el resultado de una realidad que duele”.

Por otra parte, Oscar Maipah, miembro de la Pastoral Social y la Diputada Nacional Fernanda Raverta manifestaron su voluntad de sostener un diálogo permanente en torno a las distintas realidades que surgen de la vida social para alcanzar un objetivo común de bienestar para los marplatenses y bataneses.

Finalmente, tanto Raverta como Maipah expresaron su satisfacción por el logro alcanzado por la institución tras la grabación del segundo disco de Hip Hop interpretado por artistas marplatenses de distintos barrios de la ciudad, a la vez que destacaron el compromiso y las importancia de las acciones que se llevan adelante en este centro que aboga por la igualdad de derechos y oportunidades.

La Defensoría del Pueblo bonaerense pide extender la emergencia en adicciones

El Defensor del Pueblo Adjunto también alertó sobre el impacto que podrían tener los ajustes presupuestarios en los programas de prevención que se vienen instrumentando a nivel nacional, en un contexto donde el consumo de drogas legales e ilegales se viene incrementando producto de la crisis económica.

Walter Martello, Defensor del Pueblo Adjunto, disertó en el plenario del Programa Global para la Implementación de la Declaración de Doha, organizado en la Ciudad de Buenos Aires por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Allí expuso sobre Narcocriminalidad y Derechos Humanos. Destacó la necesidad de avanzar en la creación de una agencia única y especializada con el fin de prevenir,  conjurar, investigar y combatir los delitos relativos a la producción, comercio e introducción o suministro de narcóticos, estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

“Existen distintos proyectos con estado parlamentario en el congreso nacional. Las iniciativas tienen muchos puntos en común, con lo cual estarían dadas las condiciones para avanzar en la creación de una agencia única y especializada en la Argentina. Si bien el antecedente más importante es la DEA estadounidense, es indispensable que la Agencia especializada de nuestro país esté inspirada en el nuevo paradigma internacional que implica tener una perspectiva de derechos humanos, reducción de daños y prevención”, sostuvo Martello, quien está a cargo del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense.

En ese sentido, Martello consideró que el nuevo paradigma internacional también debe llegar a la Justicia de nuestro país. “En la provincia de Buenos Aires, una de cada tres instrucciones penales preparatorias vinculadas a la violación a la ley de estupefacientes tiene que ver con consumo personal o tenencia simple. A nivel federal, la situación es aún peor. Es indispensable que el problema de las adicciones se trate como un tema de salud pública, y haya más esfuerzos en combatir el crimen organizado e intentar reducir la oferta”, sostuvo.

El Defensor del Pueblo Adjunto también alertó sobre el impacto que podrían tener los ajustes presupuestarios en los programas de prevención que se vienen instrumentando a nivel nacional, en un contexto donde el consumo de drogas legales e ilegales se viene incrementando producto de la crisis económica.

“Al analizar el presupuesto 2019, surge que la  Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) tendrá $100 millones  menos respecto a lo asignado actualmente. A su vez, afines de diciembre, vence la declaración de emergencia que estableció el gobierno nacional, a través de un decreto, hace dos años. Si no se renueva la emergencia, el Estado podría quedarse sin importantes herramientas en momentos en que se prevé que haya un resurgimiento de drogas más baratas y nocivas. También necesitamos que todas las provincias adhieran a la emergencia,  algo que hasta el momento solo hicieron algunas jurisdicciones”, explicó Martello.

Durante su exposición, el Defensor del Pueblo Adjunto destacó la necesidad de avanzar en las recomendaciones operacionales realizadas por las Naciones Unidas sobre cuestiones intersectoriales: las drogas y derechos humanos, los jóvenes, los niños, las mujeres y las comunidades. Las recomendaciones incluyen:

-Promover políticas, prácticas y directrices nacionales proporcionadas en lo que respecta a la imposición de penas a los delitos relacionados con las drogas, de modo que la severidad de las penas sea proporcional a la gravedad de los delitos y que se tengan en cuenta factores atenuantes.

-Mejorar el acceso de las personas encarceladas al tratamiento de los trastornos relacionados con el consumo de drogas y promover una supervisión efectiva.

-Alentar a que se tengan en cuenta las necesidades específicas y los posibles múltiples factores que hacen vulnerables a las mujeres encarceladas por delitos relacionados con las drogas.

-Promover y aplicar respuestas en materia de justicia penal a los delitos relacionados con las drogas, a fin de llevar a sus autores ante la justicia, que sean eficaces y respeten las garantías legales y procesales propias del proceso penal