Cámara de Mar del Plata deja sin efecto cautelar contra IVE y ordena archivar la causa

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata dejó sin efecto la medida cautelar dictada por el juez federal Alfredo López que suspendía la aplicación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y ordenó archivar la causa, informaron fuentes judiciales.

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata dejó sin efecto la medida cautelar dictada por el juez federal Alfredo López que suspendía la aplicación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y ordenó archivar la causa, informaron fuentes judiciales.

En un escrito de 29 páginas, al que tuvo acceso Télam, los jueces Alejandro Osvaldo Tazza y Eduardo Pablo Jiménez revocaron la resolución dictada en primera instancia, tras la apelación presentada en ese sentido por el Estado nacional.

Los magistrados ordenaron además archivar la causa, iniciada tras una acción de amparo presentada por el abogado jubilado Héctor Adolfo Seri, quien pidió que fuera declarada inconstitucional la Ley 27.610.

En su resolución, Jiménez consideró que López «no debió haber habilitado la presente instancia judicial», y en línea con tanto con la apelación del Estado como con el dictamen emitido ayer por el fiscal ante la cámara, Juan Manuel Portela, señaló que «no existió aquí caso´ o ´causa´», por lo que Seri no contaba con «la legitimación» para impulsar una acción de este tipo.

Subrayó en ese sentido, «el grosero error judicial en que ha incurrido el magistrado López, al haber obrado en éste proceso, de forma contradictoria con los hechos de la causa y el derecho aplicable, desviando la solución adoptada del resultado adecuado y consistente al que objetivamente se debió llegar».

Tazza, por su parte, indicó que el Seri «no reúne ninguna de estas condiciones ni se encuentra incluido dentro de las permisiones que la Constitución Nacional establece para justificar la interposición de una acción de amparo como la presente». (Telam)

Fiscalía Federal de Mar del Plata rechaza el recurso que busca frenar la aplicación de la IVE

Juan Manuel Portela, a cargo interinamente de la fiscalía ante ese tribunal, consideró que Héctor Adolfo Seri, un abogado jubilado de la localidad balnearia, no tiene «legimitimación» para impulsar la acción presentada semanas atrás en ese sentido, que fue avalada en primera instancia por el titular del Juzgado Federal 4 marplantese, Alfredo López.

La Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata emitió este miércoles un dictamen en el que rechazó el recurso presentado por un particular para pedir la inconstitucionalidad de la ley 27.610 de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y suspender su aplicación en todo el país, informaron fuentes judiciales.

Juan Manuel Portela, a cargo interinamente de la fiscalía ante ese tribunal, consideró que Héctor Adolfo Seri, un abogado jubilado de la localidad balnearia, no tiene «legimitimación» para impulsar la acción presentada semanas atrás en ese sentido, que fue avalada en primera instancia por el titular del Juzgado Federal 4 marplantese, Alfredo López.

En un escrito de cuatro páginas, Portela señaló que Seri «no tendría legitimación para interponer la presente acción y no se constataría la existencia de un ´caso´, razón por la que la instancia no se encontraría habilitada».

El dictamen del fiscal general fue presentado ante la Cámara, en el marco del incidente de apelación iniciado luego de que el Estado, acompañado por distintas entidades como Amnistía Interncional, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y la Fundación Mujeres por Mujeres, presentara un recurso para suspender la cautelar concedida por López el último 7 de junio.

El fiscal consideró que la justicia federal marplatense es competente para tratar el caso, pero entendió que «al actuar» Seri «a título personal, en calidad de mero ciudadano, no reviste la condición de los sujetos habilitados» por el artículo 43 de la Constitución Nacional «para entablar la acción en defensa de intereses ajenos», como la presunta «tutela judicial inmediata y efectiva del derecho a la vida, que el actor considera vulnerado» por la Ley 27.610.

«Un caso judicial supone la existencia de una controversia con relevancia jurídica propuesta por quien está legitimado para ello, al tiempo que dicho conflicto debe ser actual -no hipotético- y debe requerir una respuesta jurisdiccional concreta -no dogmática ni académica- relacionada con los intereses o bienes en juego», señaló.

En ese sentido, sostuvo que al hacer lugar al recurso en primera instancia, López «claramente exorbitó su jurisdicción ya que no se puede dictar pronunciamiento judicial alguno sin un caso que lo sustente».

«Es reiterada la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha establecido la posibilidad de que cualquier magistrado pueda hacer pasar a cualquier ley por el test de constitucionalidad pero siempre y cuando ese examen sea producto de la existencia de un caso concreto, o sea del pedido de un peticionante legítimo que plantee la posibilidad cierta de un perjuicio concreto que la ley examinada pudiera causarle», señaló.

Tras el dictamen de la fiscalía, la apelación está en condiciones de ser resuelta por los integrantes de la Cámara, Alejandro Osvaldo Tazza y Eduardo Pablo Jiménez.

En el tribunal, a su vez, continúa en trámite el pedido de recusación que presentó el Estado nacional contra el López, por considerar que se comprobaron «graves circunstancias que ponen seriamente en duda» su actuación «como juez imparcial en esta causa».

Este proceso judicial es uno de los 31 que se activaron el país a partir de la vigencia de la ley, según un relevamiento de Amnistía Internacional, difundido al cumplirse hoy 6 meses desde que el Congreso voto la norma. (Telam)

A seis meses de la legalización del aborto, Gómez Alcorta celebró que «no hubo ni una sola muerte»

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad destacó la entrega de misoprostol por parte del Gobierno y se mostró conforme con la puesta en vigencia de la ley.

A seis meses de la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, afirmó que el Gobierno está «conforme» con la aplicación y celebró que «no hubo ni una sola muerte vinculada al aborto» desde la puesta en vigencia del aborto legal.

«Estamos conformes con la puesta en vigencia de la IVE», sostuvo la funcionaria nacional, quien destacó que «se lleva adelante en todas las provincias, no hay ninguna donde sea obstaculizada». En declaraciones radiales, la integrante del Gabinete «el Ministerio de Salud está llevando adelante una tarea gigantesca» en lo que hace a la provisión de misoprostol al sistema de salud público de todo el país.

Tal como informó NA un mes atrás, la cartera sanitaria prevé recibir en los próximos meses un total de 1,2 millones de pastillas de misoprostol de 200 microgramos, lo equivale a 100 mil tratamientos: en 2020 se habían adquirido 36 mil tratamientos.

Al ser consultada sobre la tasa de mortalidad en mujeres que hayan decidido interrumpir su embarazo tras la aprobación de la ley, la abogada, una de las principales impulsoras de la iniciativa dentro del Gobierno, remarcó: «No hubo ni una sola muerte vinculada al aborto en estos seis meses. Es un resultado muy contundente que tiene la importancia de la vigencia de esta ley».

Gómez Alcorta señaló que la ley vigente «es robusta constitucionalmente» y recordó que hubo «más de 30 acciones judiciales se presentaron para que no se aplique la ley».

Suspenden la medida cautelar del juez López contra la IVE tras la apelación del Estado nacional

El titular del Juzgado Federal 2 de Mar del Plata, Santiago Martín, concedió este recurso tras la presentación realizada por el Estado, y de ese modo revocó la resolución firmada el último 7 de junio por López, que suspendía la IVE en hospitales nacionales.

La medida cautelar dictada por el juez federal de Mar del Plata Alfredo López que suspendía aplicación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue dejada hoy sin efecto, luego de que el magistrado que quedó a cargo de la causa tras su recusación hiciera lugar a una apelación presentada en ese sentido por el Estado nacional, informaron fuentes judiciales.

El titular del Juzgado Federal 2 de Mar del Plata, Santiago Martín, concedió este recurso tras la presentación realizada por el Estado, y de ese modo revocó la resolución firmada el último 7 de junio por López, que suspendía la IVE en hospitales nacionales.

Martín tomó esa medida tras haber quedado a cargo de la causa, luego de que el Estado solicitara además la recusación de López por considerar que no podía garantizar imparcialidad en el expediente, iniciado a partir de una presentación realizada por Héctor Adolfo Seri, un abogado jubilado de la ciudad, para que se dictara su inconstitucionalidad.

Concedida la apelación con «efecto suspensivo», deberá expedirse al respecto la Cámara Federal de Apelaciones marplatense, que también debe resolver el planteo de recusación.

En su resolución, Martín consideró que la cautelar de López suspendía «todo un cuerpo normativo, integrado por la ley en su totalidad, protocolos y resoluciones, vinculadas directamente a políticas de salud y de género del Estado Nacional, y conlleva (entre otros efectos) la interrupción de la atención y cobertura de salud que dicha ley dispone con alcance nacional».

«Por lo tanto, considerando el alcance asignado a la medida cautelar, los efectos que la misma conlleva, la relevancia institucional que tiene la ley cuestionada y por lo tanto la medida aquí apelada, los sensibles derechos constitucionales comprometidos en este proceso, y los demás argumentos ya esgrimidos, es que habré de conceder el recurso de apelación con efecto suspensivo de la medida cautelar», explicó.

Tras los recursos de apelación y recusación presentados días atrás por el Estado nacional, se incorporaron además como terceros interesados en el expediente Amnistía Internacional, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y la Fundación Mujeres por Mujeres. (Telam)

Ministerios de Salud y de Mujeres harán «todas las acciones necesarias» para garantizar IVE

El Estado nacional apelará la decisión del Juez federal Alfredo Eugenio López, titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, que decretó la inaplicabilidad de la Ley N° 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en hospitales nacionales.

El Ministerio de Salud y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad aseguraron que realizarán «todas las acciones necesarias» para asegurar el cumplimiento de la Ley IVE tras el anuncio de apelación a la resolución de un juez federal marplatense que ordenó suspender su ejecución en todo el país.

«Se realizarán todas las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de una ley votada por el Congreso de la Nación, que significa reducir las desigualdades que terminan en muertes, enfermedades y otros daños», indicaron ambos ministerios en un comunicado.

El Estado nacional apelará la decisión del Juez federal Alfredo Eugenio López, titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, que decretó la inaplicabilidad de la Ley N° 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en hospitales nacionales.

La Ley N° 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada por el Congreso Nacional el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021, está en vigencia en todo el territorio nacional.

El pasado 28 de mayo, además, fue aprobado mediante la Resolución ministerial 1531/2021 el protocolo para la atención integral que ofrece una guía a los equipos y establecimientos de salud para que cumplan con la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y atención posaborto.

El ministerio de Mujeres afirmó que la apelación del Estado Nacional forma parte “del compromiso del Estado argentino con el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos establecidos en el marco jurídico nacional, específicamente, en la Constitución nacional, Tratados Internacionales de Derechos Humanos, el Código Penal y el Código Civil y Comercial de la Nación, así como por todas las leyes concordantes de protección de pacientes, mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, entre otras”.

La ministra Elizabeth Gómez Alcorta, anunció a través de su cuenta oficial de Twitter,la apelación «no solo es una norma legítima» sino que «además, tiene una solidez convencional inobjetable».

A cuatro meses de la promulgación de la ley de IVE, el juez López ordenó al Estado Nacional que suspenda la aplicación de la Ley 27.610, por considerar que viola la «protección integral de la vida desde la concepción».

En su sentencia, el juez ordenó no solo la suspensión sino también del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, aprobado a fines de 2019 por el Poder Ejecutivo.

El sitio Palabras del Derecho reprodujo la resolución del juez López, la cual remite a una sentencia de la Corte Suprema de 1980, según la cual “la vida es el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución nacional”, en referencia al pedido de unos padres para transplantar un riñón de una hija menor a otro hijo.

López consideró asimismo procedente la cautelar porque la Ley de IVE y el Protocolo «afectan y ponen en peligro la vida, dignidad y derecho del niño por nacer, como de su madre gestante».

Agrega que el peligro en la demora se ve cumplido en tanto «un número imponderable de niñas y niños por nacer pueden sufrir su muerte desde este mismo momento y la sentencia definitiva que se dicte en la presente acción no podrá remediar su situación en virtud del tiempo transcurrido en la sustanciación del caso de autos».

Así, concluye con que están en riesgo el derecho a la vida reconocido en la Constitución nacional, en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la Convención Americana de Derechos Humanos. (Telam)