El Gobierno bonaerense oficializó este lunes la decisión de dar marcha atrás con la adhesión al protocolo para la atención de los abortos no punibles, que había dispuesto el Ministerio de Salud de la Nación el año pasado y al que la Provincia se había plegado hace menos de tres semanas.
A través del Boletín Oficial, la cartera sanitaria bonaerense publicó la resolución con la que el 12 de octubre adhirió a la guía federal para la interrupción legal de embarazos y a continuación, con fecha del martes pasado, la que dejó «sin efecto» a la anterior disposición.
La difusión pública del documento desató una tormenta dentro del Gabinete provincial, y provocó una furiosa reacción de dos funcionarios muy cercanos a María Eugenia Vidal: el secretario legal y técnico, Julio Conte Grand, y el ministro de Producción Joaquín De la Torre.
La marcha atrás, que lleva la firma de la ministra de Salud provincial, Zulma Ortiz, fue justificada en que «se ha advertido con posterioridad al dictado de la Resolución número 2.095 de fecha 12 de octubre de 2016, que no le fue dada debida intervención previa en el Expediente del Visto a las distintas áreas de la Administración con competencia en la materia».
La implementación de la guía, agregó, «exige la intervención y opinión fundada de distintas áreas de la Administración provincial». Además, esas «intervenciones y los consecuentes informes son condición esencial para la definición de los términos, contenido y alcance del citado protocolo», puntualizó la resolución publicada hoy.
De esta forma, Ortiz dispuso «dejar sin efecto» la resolución 2.095 que ella misma firmó y la giró a los ministerios de Desarrollo Social, Justicia y Trabajo, a la Secretaría de Derechos Humanos y a la Asesoría General de Gobierno, «a fin de que emitan opinión fundada» sobre el protocolo.
