Una mujer murió al incendiarse su vivienda de Mar del Plata

La víctima fatal fue identificada como Marisol Duport, quien vivía sola en una casa ubicada en la calle William Morris al 1900.

Una mujer de 49 años murió esta madrugada al incendiarse su vivienda del barrio de Punta Mogotes, de la ciudad de Mar del Plata, y la justicia ahora investiga cómo se inicio el fuego, informaron fuentes policiales.

La víctima fatal fue identificada como Marisol Duport, quien vivía sola en una casa ubicada en la calle William Morris al 1900, de esta ciudad balnearia.

Según informó la policía, todo se inició tras un llamado al 911, cerca de las 4 de hoy, que alertó sobre el incendio, por lo que efectivos policiales y de bomberos concurrieron al lugar y comenzaron a sofocar las llamas del inmueble.

En momentos en que se apagaba el incendio, un joven llegó al lugar y contó a la policía que en ese lugar vivía su madre.

Minutos después, una vez que fue extinguido el fuego, los bomberos encontraron el cuerpo de la mujer calcinado en una de habitaciones del inmueble.

Intervino en el hecho personal de la comisaría quinta y la causa judicial quedó a cargo de la titular de la UFI Nº 4, a cargo de Andrea Gómez, quien deberá determinar las causas que ocasionaron el incendio. (Telam)

Fijan para el 2 de enero de 2023 el inicio del juicio a los rugbiers por el crimen de Báez Sosa

Los ocho rugbiers acusados de matar a Báez Sosa afrontan cargos por «homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas», delito que prevé una pena de prisión perpetua.

El juicio a los ocho rugbiers detenidos y acusados de haber asesinado a golpes al joven Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche de la ciudad balnearia de Villa Gesell, en enero de 2020, se iniciará el 2 de enero de 2023, en plena feria judicial de verano, y se realizará en 22 jornadas, informaron fuentes judiciales.

Así lo dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari, en el “auto de prueba”, que emitió ayer y con el que notificó a las partes la fecha de inicio del juicio oral, entre otras resoluciones.

Pese a que tanto los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, que representan como particulares damnificados a los padres de Báez Sosa, como el defensor de los imputados Hugo Tomei, habían sugerido que el debate se haga a razón de dos jornadas por semana, por las actividades que los letrados tienen en otras jurisdicciones, el TOC 1 optó por hacer el juicio en enero de 2023, durante la feria de verano, para que no tengan problemas de agenda.

“Este tribunal no posee en el próximo año y parte del siguiente (2023), disponibilidad en su agenda para llevar adelante un debate con la extensión del presente, al menos sin desmedro de los derechos de otras personas -en su mayoría privadas de la libertad- que esperan la realización del juicio en cada caso”, señalan los jueces en la resolución a la que accedió Télam.

“Asimismo -continúan-, no compartimos la propuesta tanto de los Particulares Damnificados como de la Defensa, en el sentido de realizar el juicio en dos jornadas semanales, toda vez que ello, en el caso de este tribunal y por lo dicho en el párrafo anterior, implicaría intercalar jornadas de este juicio con las de los demás que deben llevarse a cabo, lo que claramente afecta el principio de continuidad”.

Y agregó que «a los fines de no demorar este proceso, ni alterar los restantes de trámite por ante el Tribunal, encontrándose sólo disponibles los meses de enero (por su afectación al servicio de feria judicial) y de acuerdo a los requerimientos de las partes, consideramos ajustado a las necesidades de todos los intervinientes, atendiendo al principio de celeridad en respeto de las garantías procesales antes esgrimidas: a) fijar para la realización de juicio oral y público, veintidós (22) jornadas, que se llevarán a cabo a partir del lunes 2 de enero de 2023, de lunes a viernes”.

Además, en otro tramo de la resolución, se indicó que la cantidad de testigos que deberán declaran serán un total de 130 y se fijaron 120 días para la instrucción suplementaria, que son algunas medidas de prueba pendientes y pedidas por las partes a las que accedió el TOC 1 dolorense.

De acuerdo con la elevación a juicio ordenada en febrero por el juez de Garantías 6 de Gesell, David Mancinelli, y confirmada en abril por la Cámara de Apelación y Garantías de Dolores, enfrentarán el proceso oral Máximo Thomsen (21), Ciro Pertossi (21), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (22), Enzo Comelli (21), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (20) y Ayrton Viollaz (22).

Los ocho rugbiers acusados de matar a Báez Sosa afrontan cargos por «homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas», delito que prevé una pena de prisión perpetua.

Además, en el juicio se debatirán las responsabilidades penales de todos ellos por las lesiones sufridas por cinco amigos de Fernando que se encontraban con él cuando fue asesinado.

En la causa fueron sobreseídos otros dos jóvenes acusados de ser partícipes necesarios: Juan Pedro Guarino (19) y Alejo Milanesi (20).

De acuerdo a la instrucción del caso, el crimen de Fernando se produjo «entre las 4.41 y las 5 del 18 de enero de 2020, frente al local bailable ubicado en avenida 3 y paseo 102, pleno centro de la localidad balnearia de Villa Gesell.

El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y en teléfonos celulares de personas presentes en la zona, por lo que los sospechosos fueron identificados y detenidos horas más tarde en la casa que alquilaban, a pocas cuadras del lugar.

Según la investigación, los ocho jóvenes que serán juzgados «acordaron darle muerte» al joven estudiante de derecho, y para ello «previamente, distribuyeron funcionalmente sus roles», luego de que «minutos antes, al encontrarse en el interior del local bailable, tuvieran un altercado» con él, «quien se encontraba acompañado con su grupo de amigos».

La fiscal indicó en su pedido de elevación a juicio que «aprovechándose del estado de indefensión de la víctima, con el fin de darle muerte y cumplir con el plan acordado, los acusados le propinaron» en el suelo «varias patadas en su rostro y cabeza», y los golpes le produjeron «lesiones corporales internas y externas» que «provocaron su deceso en forma casi inmediata, al causarle un paro cardíaco producido por shock neurogénico debido a un traumatismo grave de cráneo». (Telam)

Peritarán celular del jefe de seguridad del boliche donde trabajaba el DJ asesinado en Mar del Plata

Fernando Alberto Romito (39) está imputado como coautor del homicidio en ocasión de robo de Leandro «Lele» Gatti, ocurrido el último 26 de septiembre en la zona de Playa Grande.

El teléfono celular del encargado de seguridad del boliche donde trabajaba Leandro «Lele» Gatti, el DJ asesinado días atrás durante un robo en la ciudad de Mar del Plata, será peritado a partir de este jueves en el marco de la investigación del caso, en el que es uno de los acusados y continúa detenido, informaro fuentes judiciales.

Fernando Alberto Romito (39), imputado como coautor del homicidio en ocasión de robo ocurrido el último 26 de septiembre en la zona de Playa Grande, fue trasladado en la mañana de este miércoles a los tribunales marplateneses desde la Unidad Penal 44 en la que se encuentra alojado, para que aportara la huella digital y el patrón necesarios para acceder al dispositivo.

Por pedido de la fiscal Andrea Gómez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata, que lleva adelante la causa por el crimen de Gatti, a partir de su desbloqueo el equipo será analizado en busca de elementos relevantes para la investigación.

Fuentes judiciales indicaron que el peritaje se realizará desde mañana por parte del Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción, de la Fiscalía General marplatense, a través del sistema Ufed, un dispositivo de extracción forense de datos de equipos móviles.

La apertura del aparato, un Motorola G7, se hará en presencia de la abogada particular de Romito, Paula Oviedo.

El objetivo del peritaje es conocer si existen comunicaciones o información relevantes para la causa, en la que Romito está acusado de actuar como presunto «entregador».

El hombre se desempeñaba como jefe de seguridad «Mr. Jones», el boliche del que Gatti salía de trabajar cuando fue asesinado por motochorros, y se encuentra detenido desde el último 5 de octubre.

La fiscal había pedido su detención a partir de elementos incorporados a la instrucción, que indicaron que podría haber brindado información a los delincuentes sobre una presunta suma de dinero proveniente de la recaudación del local bailable.

En la declaración indagatoria que brindó dos días después de su aprehensión, Romito negó haber tenido participación en el hecho y dijo que había brindado asistencia a la víctima luego de que fuera baleada en el pecho a pocos metros del boliche.

Además de Romito, se encuentra detenido por el crimen Luis Alberto Ytzcovich (27), quien tras su arresto reconoció al ser indagado que conducía la moto utilizada en el asalto.

Ytzcovich se entregó 48 después del homicidio en una seccional policial y en su declaración relató además que en el robo buscaban la recaudación.

En el marco de la causa, continúa siendo buscado otro sospechoso del hecho, que fue identificado como Eduardo Maximiliano Urra Zapata, y está acusado de brindar apoyo a los motochorros desde un Renault Clío.

Su captura fue ordenada por la Justicia de Garantías tras un pedido de la fiscal, quien autorizó además la difusión de la imagen y el nombre del nuevo sospechoso.

El DJ «Lele» Gatti recibió un balazo tras forcejear con uno de los delincuentes que lo asaltó cerca de las 6 de la mañana, y falleció tres horas después tras ser trasladado en ambulancia al Hospital Interzonal de Agudos de Mar del Plata. (Telam)

Piden 30 años de cárcel para un pai umbanda acusado de abusar de sus hijas en Mar del Plata

Andrea Gómez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 4 marplatense, solicitó que Rosendo Miguel Acosta (69) sea condenado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por tratarse de dos víctimas menores de edad y por ser su progenitor.

La fiscal de la ciudad de Mar del Plata que interviene en el juicio a un pai umbanda acusado de haber violado a sus dos hijas cuando eran menores de edad, pidió que el hombre sea sentenciado a 30 años de prisión, informaron fuentes judiciales.

Andrea Gómez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 4 marplatense, solicitó que Rosendo Miguel Acosta (69) sea condenado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por tratarse de dos víctimas menores de edad y por ser su progenitor.

El pedido fue realizado ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 marplatense, en una única audiencia en la que se desarrolló la apertura del juicio, se exhibieron testimonios de las víctimas en Cámara Gesell y se presentaron los alegatos de cierre de las partes.

Gómez dio por acreditado que Acosta, quien estuvo presente en el juicio, abusó sexualmente en reiteradas oportunidades de sus dos hijas, al menos entre diciembre de 2013 y el mismo mes de 2014.

La defensa particular del acusado, por su parte, pidió ante los jueces Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Juan Galarreta la absolución, y de manera subsidiaria la pena mínima prevista por el delito imputado.

El tribunal informó, tras el cierre de los alegatos, que el veredicto y la sentencia se darán a conocer el próximo 25 de octubre.

Tras la audiencia, Acosta fue trasladado a la Unidad Penal 15, donde cumple prisión preventiva.

La fecha original para el comienzo del juicio al acusado era el 6 de noviembre de 2016, pero en ese momento se dispuso una reprogramación, ya que el hombre argumentó a través de un defensor que no podía trasladarse por cuestiones de salud hacia Mar del Plata desde su lugar de residencia en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.

Casi un año después, el 3 de octubre de 2017, tampoco se presentó como estaba previsto en los tribunales marplatenses para el inicio del proceso, por lo que la Justicia ordenó su detención y notificó la resolución a la Policía Federal, a la Dirección Nacional de Migraciones y otras áreas del Estado.

A partir de la difusión pública de su imagen, solicitada por la fiscalía en septiembre de 2019, Acosta fue reconocido días después por un vecino de Yonopongo, un paraje del sudeste de Tucumán, en la comuna de León Rougés, departamento de Monteros.

Su detención permitió a la Justicia marplatense concretar el juicio, tras el reinicio de la agenda de debates interrumpida por la pandemia de coronavirus. (Telam)

Detienen a un hombre que estaba a cargo del traslado de 33 kilos de cocaína a la costa atlántica

Los allanamientos se llevaron a cabo en dos domicilios de la localidad bonaerense de Ituzaingó norte y otro de Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora, todos ordenados por el juez federal 2 de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez, a cargo de esta investigación sobre el traslado de cocaína a las ciudades balnearias de Villa Gesell y Pinamar.

Un hombre de nacionalidad paraguaya fue detenido en las últimas horas con 33 kilos de cocaína en una serie de tres allanamientos en la que se desarticuló a una organización dedicada a la comercialización de esa droga desde distintos puntos del conurbano bonaerense hacía la costa atlántica, informaron fuentes judiciales.

Los allanamientos se llevaron a cabo en dos domicilios de la localidad bonaerense de Ituzaingó norte y otro de Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora, todos ordenados por el juez federal 2 de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez, a cargo de esta investigación sobre el traslado de cocaína a las ciudades balnearias de Villa Gesell y Pinamar.

Los allanamientos fueron concretados por personal de la Delegación de Drogas Ilícitas de Dolores, que secuestró los 33 kilos de cocaína distribuidos en 31 panes prensados y ocultos en una camioneta lista para el traslado a una entrega.

Ahora la investigación va centrada en busca de otros participantes de la banda que no pudieron ser localizados, añadió el informante consultado.

El detenido, que es mayor de edad, se encuentra en sede judicial a la espera de ser indagado por el juzgado actuante. (Telam)