Penas de entre siete y trece años para tres hombres por trata de personas

Cuatro mujeres oriundas de Pringles fueron engañadas para ser explotadas sexualmente en un campo de la localidad de Azul.

Con la intervención del fiscal general ante el Tribunal Oral Federal, Juan Manuel Pettigiani, un hombre, su hijo y un anciano de 79 años fueron condenados por el delito de trata de personas agravado por el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las víctimas y la multiplicidad de los autores. En dos casos, además, se dio por probada la consumación de la explotación.

Los condenados son Sergio Rubén Mansilla (49), quien recibió trece años de pena, su hijo Rubén Ernesto Mansilla (29), quien recibió siete años, y Carlos Alberto Martínez (79), nueve.

El representante del MPF había hecho una ampliación de la imputación durante el debate: planteó que estaba acreditada la explotación -que no había sido incluida en el requerimiento fiscal de elevación a juicio- y consideró los hechos en concurso real, lo que permitió aumentar los montos de las penas.

El fiscal había solicitado el decomiso del vehículo Fiat Siena y la vivienda de Azul, desde donde llevaban a las víctimas al lugar de explotación. La sentencia sólo dio lugar al decomiso del automóvil, que fue utilizado para el traslado de las mujeres, dado que los jueces entendieron que no estaba acreditada la utilización del inmueble para los hechos juzgados.

El caso, sobre el que dictaron sentencia los magistrados Mario Portela, Roberto Falcone y Alfredo Ruiz Paz, se había iniciado en abril del 2015 a través de la denuncia que llegó a la Justicia provincial.

La madre de una de las víctimas había recibido el llamado de su hija, quien le dijo que estaba cautiva en un campo junto a una amiga y sus hijos, que no las dejaban salir y les habían sacado los celulares. La joven había logrado usar el teléfono de su captor en un descuido del anciano. Tras los allanamientos, se declinó la competencia al fuero federal y tomó intervención el fiscal federal subrogante, Walter Romero.

En un primer momento había quedado procesada una de las víctimas, quien era pareja de Rubén Mansilla y fue utilizada por los imputados para captar a mujeres conocidas para ser explotadas. De cualquier forma, fue obligada bajo amenazas por Sergio Mansilla a prostituirse junto a otra joven.

Ambas habían sido llevadas a un campo para mantener relaciones sexuales con hombres, pero la situación no les gustó. Los imputados entonces requirieron nuevas víctimas: un llamado por teléfono, una falsa promesa de trabajo, la ilusión de las jóvenes de salir de la miseria, el engaño y la explotación. Una vez en el lugar, debían hacer lo que Sergio les decía. Sino -les dijo- las mataría, las tiraría en un zanjón, y que serían vendidas a un campo en Rauch para someterlas a la prostitución.

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