El Municipio denunció penalmente una amenaza violenta de usurpación

El Municipio denunció penalmente una amenaza violenta de usurpación

La Municipalidad de General Pueyrredon –a través del secretario de Gobierno Pablo García- presentó este miércoles una denuncia penal, ante una amenaza de ocupación ilegal de viviendas pertenecientes al Plan Dignidad.

“Debido a una conducta que consideramos fuera de toda norma, peligrosa y violenta, llevada a cabo por un grupo de personas que amenazó con armas a los vecinos de la Villa de Paso -exigiéndoles que no se trasladen a las viviendas construidas para ellos en el marco del Plan Dignidad- el municipio realizó este miércoles la denuncia penal correspondiente ante la fiscalía”, señaló García.

“Según lo informado por los vecinos amenazados, un grupo de personas -argumentando que tienen la decisión de tomar las viviendas construidas- les exigieron a las familias beneficiarias del plan en ejecución, que se abstengan de trasladarse e instalarse legítimamente en el nuevo lote que se está finalizando. Caso contrario, serían agredidos físicamente y expulsados con violencia del lugar.”

En ese sentido, el secretario de Gobierno informó que “según la información vertida por las victimas de la amenaza, se trata de grupos organizados que tienen relación con movimientos que ya han tomado anteriormente otras casas y que han participado en forma violenta en la generación de otros conflictos.”

Cabe señalar que el Estado municipal y provincial -en forma conjunta- están llevando a cabo el Plan Dignidad, merced al cual ya se ha trasladado más de un 70% de los vecinos que vivían en la Villa de Paso en viviendas precarias a viviendas formales construidas con materiales. En este momento, hay 22 a punto de ser finalizadas.

“Las familias destinatarias de dichas construcciones han esperado pacientemente durante años el desarrollo de las obras que -en este momento- se siguen ejecutando. Las amenazas vertidas con armas de fuego, así como las tomas, además de constitutir un hecho ilegal e inadmisible resultan totalmente injusto, ya que por el uso arbitrario de la fuerza se estaria desplazando de las viviendas a sus legítimos tenedores”, explicó García.

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