Duros cuestionamientos al proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental

Desde la Comisión Provincial de la Memoria y el Defensor del Pueblo bonaerense plantearon reparos al proyecto del gobierno.

La Comisión Provincial por la Memoria expresó su máxima preocupación ante el proyecto de derogación del decreto 603/13 que pretende reemplazarse por otro propuesto por la Dirección Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación.

Desde el organismo señalaron que el mencionado decreto que se promueve representa un claro retroceso en los derechos humanos de las personas que padecen algún tipo de afección mental, quienes son parte de las poblaciones más vulnerables de nuestra sociedad.

El decreto propuesto introduce profundas modificaciones sobre el concepto de salud y padecimiento mental: el padecimiento mental deja de ser considerado como cualquier tipo de sufrimiento psíquico y pasa a ser definido como un trastorno comportamental. De esta manera se corre el eje del tratamiento según lo define la propia ley 26.657. Asimismo, se abre la puerta a la creación de nuevos manicomios bajo otras figuras.

La nueva propuesta vuelve al viejo paradigma de la psiquiatrización: ya no se abordarán las causas del sufrimiento sino la supresión de las conductas consideradas alteradoras del orden social e institucional a través de los psicofármacos, la sujeción mecánica y la reclusión en celdas de aislamiento. Estas prácticas propias del manicomio son claras violaciones a los derechos humanos. La reclusión en celdas de aislamiento de personas con padecimiento mental ha sido reconocida como tortura por diversos organismos internacionales de derechos humanos. Por otro lado, la sujeción mecánica y la sobremedicación con psicofármacos también son torturas o malos tratos cuando se las utiliza para castigar o para suplir la falta de cuidados especiales”, manifestaron.


Por su parte, el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, remarcó la necesidad de fortalecer la mirada de derechos humanos en el tratamiento de la salud mental, y aseguró que “cualquier cambio que vaya en contra del espíritu de la ley vigente significaría retroceder hacia ideas del siglo pasado”.

No se debe priorizar la ecuación económica para definir estrategias respecto a quienes tienen padecimientos mentales, sino que debemos avanzar para que se sumen derechos, para que haya más recursos para atender a estas personas”, sostuvo Lorenzino.

En esa línea, el Defensor del Pueblo, quien preside el Órgano de Revisión Local de Salud Mental, precisó que el organismo “seguirá a favor del tratamiento integral, para que los usuarios de este sistema no se aíslen, tengan tratamiento interdisciplinario, con inclusión social y familiar y con la garantía de todos sus derechos”.

La importancia de la ley de salud mental tiene que ser cuidar a los más vulnerables, donde la sociedad sea parte fundamental de este proceso. Ir en contra de esta mirada sería descartar años de consensos que sirvieron para generar la ley de vanguardia que hoy tenemos en el país”, puntualizó Lorenzino.

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