«Choferes Fantasmas”: se elevó la causa a juicio oral

El Juzgado Federal de Mar del Plata N°3, dispuso la elevación a juicio de la causa que se les sigue a los empresarios del transporte público de pasajeros de la ciudad por la posible defraudación a la administración pública con invento de falsos empleados para cobrar mayores subsidios.

"Choferes Fantasmas”: se elevó la causa a juicio oral

En una reciente resolución el Juzgado Federal de Mar del Plata N°3, dispuso la elevación a juicio de la causa que se les sigue a los empresarios del transporte público de pasajeros de la ciudad por la posible defraudación a la administración pública con invento de falsos empleados para cobrar mayores subsidios.

Vale recalcar que además se solicitó la reparación del perjuicio ocasionado a los trabajadores y sus familias con esta maniobra, la devolución de los subsidios percibidos en forma ilegal, y que dichos fondos sean destinados a mejorar la calidad del servicio transporte público en beneficio de los usuarios.

Además, que se investigue la responsabilidad penal de los funcionarios Municipales, provinciales y Nacionales de turno  que intervinieron facilitaron el pago de los subsidios en forma ilegal.

Cabe recordar que, la fiscal federal de Mar del Plata, Laura Mazzaferri, que investiga una defraudación por más de 16 millones de pesos al Estado nacional, a través de subsidios al transporte, pidió dias atrás que cinco empresarios procesados en la causa conocida como «choferes fantasma» enfrenten un juicio oral.

Los empresarios procesados en el marco de este expediente están acusados de desviar subsidios nacionales a través de contracciones falsas de choferes de micros, para supuestos servicios de refuerzo durante la temporada de verano 2016.

Se trata de Juan María Inza Decaux (36), Carlos Málaga (74), Juan María Inza Irisarri (79), Diego Hernán Basílico (41) y Federico Pomero (44), imputados como coautores del delito de «defraudación a la administración pública».

La investigación estableció que esta maniobra generó un perjuicio millonario al Estado nacional, que es querellante en el caso a través de la Ministerio de Transporte de la Nación, y a su vez, a cientos de particulares que fueron inscriptos como conductores de colectivos mientras se encontraban desempleados.

La instrucción del caso determinó que los empresarios acusados «habrían diseñado y puesto en funcionamiento» una «maniobra delictiva», cuya finalidad fue «la falsa registración de 357 trabajadores, muchos de los cuales habían acercado currículums» en busca de empleo «o bien habían prestado tareas sin registración».

El objetivo era «inducir a error al Ministerio de Transporte de la Nación, para la entrega sistemática de subsidios por montos superiores a los que les correspondía por los meses de enero, febrero y marzo de 2016 de acuerdo a la resolución 225/2015».

Mazzaferri destacó en su acusación no sólo el plano económico de la maniobra denunciada sino también el perjuicio a «personas vulnerables» que fueron inscriptas como empleados activos, y por ese motivo dejaron de percibir asignaciones y beneficios sociales del Estado.

La fiscal consideró que estas víctimas debían ser escuchadas en el marco del proceso, y en ese sentido, recientemente fueron convocadas por el juez y ratificaron su voluntad de ser tenidas en cuenta como querellantes en el expediente.

La investigación conocida como «choferes fantasma» se inició en el fuero federal en febrero de 2017, a partir de una denuncia presentada ante la Justicia Federal por el entonces secretario de Transporte y Gestión nacional, Héctor Krantzer.

La operatoria fraudulenta era investigada de todos modos desde abril de 2016 por la Unidad Funcional de Instrucción de Delitos Económicos de Mar del Plata, en base a una serie de denuncias de ciudadanos que figuraban inscriptos en Anses y AFIP como empleados de la empresa de colectivos «12 de octubre SRL», pese a que no trabajaban en ella.

Finalmente, se estableció la competencia federal del caso y se acumuló el material obtenido en ambos expedientes.

De acuerdo al procesamiento dispuesto por el juez en julio de 2017, los cinco empresarios acusados -sobre un sexto se solicitó la extinción de la acción penal por fallecimiento- llevaron adelante esta defraudación desde las cuatro firmas de transporte público que operan en el Partido de General Pueyrredón.

Según el magistrado, las empresas «25 de Mayo SRL», «12 de octubre SRL», «Transportes Peralta Ramos SRL» y «Libertador SRL» percibieron irregularmente subsidios «por 16.209.680,47 pesos», en concepto de compensaciones por los servicios de choferes que «eran inexistentes».

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