Facundo “apache” Villalba

Una vez más, con un hecho que conmocionó a la opinión pública y, con el calendario electoral como telón de fondo, desde el gobierno nacional y otros sectores se reavivo el debate acerca de la baja de la edad de punibilidad como posible solución al problema de la inseguridad.

El trágico homicidio de un niño a manos de un adolescente en Lomas de Zamora fue la excusa perfecta para que Gabriela Michetti, Sergio Massa y Gustavo Garavano volvieran a la carga con su demagogia punitivista que, encuestas en mano, parece acentuarse exponencialmente a medida que se acercan los turnos electorales.

La posición de estos, y otros sectores, que ubican a los niños, niñas y adolescentes en el centro del debate acerca de la “inseguridad”, choca de frente con las recomendaciones de la gran mayoría de los y las especialistas en la materia,  cuestión comprobada por el propio ministro Garavano  quien, por Enero del corriente año,  impulso mesas de discusión que se expresaron, por abrumadora mayoría (34 de 40 oradores), de forma contraria al proyecto oficial de bajar la edad de punibilidad a 14 años.

La regresividad sobre derechos adquiridos, la violación de estándares internacionales y los bajos índices de participación de menores en delitos son algunos de los principales puntos con los que organizaciones como UNICEF, el Foro por los de derechos de la niñez, la Defensoría General de la Nación,  la Sociedad Argentina de Pediatría, la Procuración Penitenciaria y organismos de derechos humanos rechazaron de plano el proyecto de reforma del régimen penal juvenil impulsado por Cambiemos que por donde se lo mire.  Ante  este contundente rechazo y pese a hacer alarde de la convocatoria al “dialogo”, el gobierno de Mauricio Macri desoyó el concejo de los especialistas y decidió esperar una mejor oportunidad e intentar por la vía parlamentaria. Con las PASO a la vuelta de la esquina, el homicidio del niño en Lomas de Zamora, la conmoción lógica generada por el caso y el amarillismo de los medios masivos de comunicación devinieron en una nueva intentona de los demagogos punitivistas.

Correrse de la demagogia y de las propuestas efectistas implica, en primer término, esbozar un análisis sobre la situación de la niñez en la Argentina. Según la UNICEF en nuestro país cerca de la mitad de los niños y niñas (47,3%) viven en la pobreza, es decir unos 5,6 millones de chicos, de los que 1,3 millones directamente sufren hambre. La UCA agrega, en su informe “Situación de la infancia a inicios del bicentenario”, importantes datos que nos permitirán tener una radiografía más completa de la infancia y adolescencia, por ejemplo que Un 42% de nuestros pibes reside en viviendas con problemas de saneamiento (no accede en su vivienda a cloacas, o a la red de agua corriente, y/o no tiene inodoro con descarga de agua) mientras que un 18,5% vive en condiciones de hacinamiento. En 2015, 1 de cada 4 de nuestros pibes pobres ni siquiera pudo festejar su cumpleaños.

La segunda instancia de nuestra aventura por corrernos del facilismo e intentar pensar en profundidad los temas, supone al menos conocer y analizar algunos datos acerca de los hechos delictivos y la relación de niños y adolescentes con ellos. Según el Revelamiento sobre Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal producido por Unicef en 2015, había 3.908 jóvenes infractores y presuntos infractores de la ley penal de hasta 17 años inclusive, alojados en establecimientos o incluidos en programas de todo el país. Esta cantidad representa tan solo 0,14% del total de población de 14 a 17 años del país. Los datos de la Procuración de la provincia de Buenos Aires, muestran  que solo en el 3,5% de las IPP (Investigaciones Penales Preparatorias) ha sido sindicada como responsable una persona menor de 18 años.  Pero se  si tomamos  delitos graves, en su gran mayoría robos, el numero desciende a tan solo el 0,7 del total de IPP de la provincia. Intentemos ahora ver qué pasa en nuestro territorio, durante el año 2015 en el departamento judicial Mar del Plata se iniciaron 31516 causas en el Fuero Penal. En ese mismo periodo en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil se iniciaron 1474.

A la luz de estos datos pareciera desmedida la campaña político-mediática que señala a los pibes y pibas como los responsables del problema de la “inseguridad”, podríamos concluir entonces que bajar la edad de punibilidad no resultaría una medida eficaz para mejorar la seguridad ciudadana vinculada al delito, pero también podríamos acordar que no es justo ya que sería regresivo en materia de derechos, desconociendo la progresividad prevista en los tratados internacionales firmados por nuestro país y  tampoco lo seria ya que es el propio estado el que vulnera los derechos de nuestros niños incumpliendo leyes y violando tratados internacionales en la materia.

Habiendo corrido la cortina de humo instalada por comunicadores y políticos del sistema de la crueldad, creemos que es momento de poner en el centro del debate la situación que viven nuestros pibes, la necesidad de que el estado cumpla con las leyes vigentes y priorice las políticas públicas destinadas a niños, niñas y adolescentes, que garantice el derecho a la educación, al hábitat, a la salud y la recreación, que incorporen a las organizaciones de la sociedad civil a la planificación y ejecución de políticas de promoción y protección de los derechos de nuestros pibes y pibas y que construyamos un Régimen Nacional Penal Juvenil que incorpore el espíritu de los tratados internacionales teniendo por objetivo la reinserción y no el castigo.

Deja un comentario

Dejanos tu opinión con Facebook

Comentarios: