El fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, solicitó penas para dos de los siete imputados en el juicio por trata de personas y explotación sexual en el ex prostíbulo “La Posada” y el hotel lindante “El Paraíso”, que funcionaba en 11 de Septiembre al 3000, en pleno microcentro de la ciudad balnearia, donde eran explotadas al menos 16 mujeres de nacionalidad Paraguaya.

En concreto, solicitó una pena de cuatro años y seis meses para Alicia Acevedo Galeano, esposa de quien fuera el dueño de La Posada, Juan Motillo hoy fallecido, por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual agravada y explotación económica de la prostitución ajena, además de una multa de 10 mil pesos. En tanto, para Aníbal Soria, acusado de ser financista de la organización, pidió una pena de cinco años por el delito de explotación económica de la prostitución ajena, más una pena de 50 mil pesos.

En tanto, solicitó la absolución de la mujer de Soria, María del Carmen Castrege, quien le alquilaba a Motillo el inmueble donde funcionaba el bar prostíbulo; y de quienes eran empleados del lugar y cumplían funciones de seguridad, organizadores y atención de la barra: Gabriel Carmona, José Aníbal Patroni, Humberto Scarpetta, y Ariel Spaltro. Para fundamentarlo, planteó que no participaron de la comisión del delito, que eran fácilmente reemplazables y que eran también personas vulnerables.

El fiscal pidió el decomiso de la vivienda de 20 de Septiembre al 3500 y del local donde funcionaba La Posada. No requirió el mismo destino para el hotel, a pesar de que se trata de un bien que fue utilizado para cometer el delito, dado que fue transferido a un tercero y esto está siendo investigado en una causa aparte, a partir de la cual se podría eventualmente avanzar.

Para el fiscal, quedó demostrado que La Posada y el hotel lindero El Paraíso constituían una unidad comercial. Las tareas de inteligencia desplegadas por las fuerzas de seguridad en el marco de la investigación mostraban el movimiento que se hacía entre ambos lugares, a la vista de todos. Era el hotel una obligada continuidad de la actividad prostibularia del bar. De hecho, reparó el MPF, cuando La Posada fue clausurada, cerró meses después el hotel.

La organización contaba a su vez con la vivienda de 20 de Septiembre al 3500, donde las víctimas eran alojadas y vivían en condiciones de hacinamiento. Desde allí, eran llevadas todas las noches por taxis contratados directamente por los explotadores. El fiscal señaló durante su alegato que quedó demostrado el aprovechamiento por parte de la organización, de la situación de vulnerabilidad que atravesaban las mujeres.

Deja un comentario

Comenta desde Facebook:

Comentarios: