Con el objetivo de articular trabajos entre áreas de la Provincia y el Municipio, se realizó en Mar del Plata una reunión entre integrantes de la Comisión de la Mujer del Consejo de Planificación del diputado provincial Rodolfo Manino Iriart, del Consejo Provincial de la Mujer, de la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de General Pueyrredon y el secretario de Salud, Alejandro Ferro.

 

En dicho encuentro se abordaron cuestiones sobre políticas públicas en materia de difusión sobre el flagelo de la violencia familiar y de género.

 

El Consejo Provincial de la Mujer es encabezado por la ministra Cristina Alvarez Rodríguez, mientras que la sede local está a cargo de Débora Indarte.

 

Se propuso avanzar en un trabajo conjunto y que el CEMA (Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias) sea un punto de información y promoción de los programas (como el AVM), y de los números telefónicos de emergencia ante el maltrato y la violencia de género.

 

Se acordó que “no es solo promoción visual, sino articular con las Secretarias de Salud y de la Mujer del Municipio, charlas y/o jornadas de capacitación realizadas por el Consejo Provincial de las Mujeres y destinadas al personal profesional y de apoyo de los nosocomios”.

 

“La idea de esto es que todos los que tienen contacto con una víctima de violencia directa o indirectamente, estén capacitados para darle no solo una atención física sino contención y orientación”, explicó Indarte.

 

También se repasaron alcances del programa “Maltrato Cero” y se destacaron las políticas públicas que sobre el tema lleva adelante el Gobierno de Daniel Scioli.

 

En la reunión también se comentaron los resultados “positivos” del reciente Foro Internacional de los Derechos de las Mujeres que se realizó en Mar del Plata, y que fue declarado de “interés legislativo” por gestión del diputado Manino Iriart.

 

El legislador es autor de un proyecto de ley (cuenta con media sanción de Diputados) que busca actualizar la normativa existente sobre violencia familiar y de género.

 

Dispone que si un agresor no cumple con las obligaciones de exclusión y no acercamiento a la víctima, las autoridades estarán facultadas para dar inmediata intervención al fiscal en turno para que se pueda disponer su eventual aprehensión y procesamiento. La iniciativa se encuentra en el Senado y se espera que pueda ser aprobada antes de fin de año.



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