En lo que significa continuar ampliando derechos, una pareja de la ciudad bonaerense de Dolores inscribió a su hijo con el apellido de la madre antecediendo al del padre en el Registro civil local. Es el cuarto que se inscribe en la provincia y el primero de un distrito del interior.

 

El jefe de Gabinete provincial, Alberto Pérez, anunció que el Registro provincial de las Personas realizó esta inscripción “buscando garantizar el principio de igualdad entre los miembros de una pareja para tomar esta decisión, sean padres heterosexuales u homosexuales”, especificó Pérez.

 

Y destacó que “esta inscripción responde a una interpretación de la Ley del Nombre y de la Ley de Matrimonio Igualitario centrada en este principio”.

 

Se trata de Leandro, un bebé oriundo de Dolores, hijo de Claudia Marcela Bazterrica de 33 años y Mariano Nicolás Andrada de 39. El bebé fue inscripto esta semana en el Registro Civil de Dolores como Leandro Bazterrica Andrada, que ya tiene en trámite su primer DNI.

 

Al respecto, al culminar la inscripción en Dolores, el subsecretario de Gabinete provincial Juan Pablo Alvarez Echagüe explicó que “este es el primer bebé que inscribimos en el interior de la provincia con el apellido materno antecediendo al paterno y así cumplimos con el deseo de esta familia que en ejercicio de su derecho decidió que la inscripción de su bebé se realice de esta forma”.

 

Familias ensambladas

 

Mariano, el papá de Leandro, es docente y Analista de Sistemas. Así relata los motivos por los que tomaron esta decisión: “cuando decido formar una familia con Marcela, ella ya tenía un hijo de una pareja anterior, que lleva el apellido del padre seguido del de ella. Y cuando hablamos de tener un bebé, le comenté que nuestra familia sería la familia Bazterrica, porque ella, la madre, es el factor común de esta familia, es mi pareja y la madre de sus hijos. Y estuvimos naturalmente de acuerdo”.

 

Sin embargo, Mariano y Claudia se preparaban para presentar un recurso de amparo en la Justicia, ya que en aquel momento sólo se podía concretar la inscripción por esa vía. “Cuando estábamos en el octavo mes de embarazo, nos enteramos del primer caso del bebé de La Plata que se inscribió con un trámite sencillo en el Registro civil y nos alegramos mucho, en poco tiempo podríamos anotar a Leandro como Bazterrica Andrada”, contó Mariano. Y así lo hicieron.

 

Mariano celebró “que esta opción pueda tratarse en el Congreso y se convierta en ley para todos. Y que en la Provincia de Buenos Aires exista la apertura necesaria para ampliar derechos”.

 

Para Alvarez Echagüe: “la Convención Internacional contra la discriminación de la mujer y la Constitución amparan esta decisión y sobre todo la protección a la identidad del niño, porque trabajamos para que no haya un solo chico en la Provincia de Buenos Aires sin inscribir”.

 

“Esperamos que a partir de los fallos judiciales y de esta decisión del Registro Civil más importante de Latinoamérica podamos contar con una nueva ley por parte del Congreso Nacional que reconozca directamente estos derechos” concluyó el funcionario.

 

Qué dice la ley

 

En Argentina la Ley del Nombre (18.248) señala en los artículos 4 y 5 que el niño debe tener el apellido del padre, que el doble apellido es optativo y que el orden es primero el del padre y luego el de la madre. Con la sanción de la Ley del Matrimonio Igualitario, se modificó el Art. 4 de la Ley del Nombre para incluir a parejas de padres o madres del mismo sexo, para las que el orden es optativo.

 

De este modo los progenitores homosexuales pueden inscribir a sus hijos con cualquiera de sus apellidos o los dos, optando por el orden. Y si no hay acuerdo los mismos se ordenarán alfabéticamente.

 

“Lo que la Provincia de Buenos Aires interpreta en este caso es que también los padres heterosexuales tienen la libertad de elegir el orden de los apellidos”, explica Alvarez Echagüe, “teniendo como argumento el Art. 16 de la Constitución Nacional que dice que ‘todos los habitantes son iguales ante la ley’ y en el Principio de Razonabilidad (Art. 28) que limita a las leyes a no alterar las garantías y derechos reconocidos por nuestra Constitución”.



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