A raíz del debate suscitado en estas últimas semanas, los jóvenes del Partido Socialista expresaron que anuncios electoralistas, como el del candidato a Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente para la Victoria, Martín Insaurralde, no contribuyen a resolver el problema de la seguridad.

 

A través de un comunicado, expresaron que desde hace años, la seguridad viene siendo uno de los temas centrales en la agenda pública y social de nuestra sociedad. En este contexto emergen discursos facilistas y autoritarios que promueven el endurecimiento de penas y medidas represivas. Enunciados, que no sólo ocultan funcionalmente la raíz de los problemas, sino algo mucho más preocupante, desplazan la posibilidad de trabajar en acciones concretas que permitan abordar integralmente la problemática.

 

“Los hechos demuestran el fracaso de las políticas que intentan resolver los conflictos sociales a través de leyes penales mas duras, obviando que esta problemática está fuertemente atravesada por la exclusión social y la discriminación”, manifestaron.

 

“Como socialistas estamos convencidos que el Estado a través las políticas públicas y los distintos actores sociales, deben promover el desarrollo de las condiciones para una vida digna”, agregaron.

 

Más adelante, plantearon que de ningún modo se debe castigar con mayor anticipación a aquellos sujetos que han visto vulnerados sus derechos desde niños y no visualizan oportunidades concretas para su desarrollo, “no se puede castigar a los jóvenes que el mismo sistema deja sin oportunidades, excluye y segrega”, sentenciaron.

 

Los Jóvenes Socialistas consideraron que resulta crucial la sanción de un “Régimen penal juvenil” que respete las garantías procesales establecidas constitucionalmente, refleje los nuevos paradigmas vertidos en la Convención de los Derechos del Niño, abordando al menor como sujeto de derechos “merecedor de consideraciones especiales por encontrarse en un proceso de la vida que debe preservarse, en salvaguarda no solo de sus propios y actuales derechos, sino de los intereses de la sociedad que ellos deben integrar y protagonizar”.

 

Asimismo, indicaron que resulta indispensable repensar el rol del Estado en lo que refiere a esta problemática, apostando a la educación y a la participación ciudadana como contracara al encierro y a la marginalización social existente en nuestros días.

 

“El Estado debe concretar políticas activas e integrales que intervengan desde la prevención y contención hasta llegar a la inclusión social. Políticas hacia y desde las juventudes, que brinden respuestas a la conflictividad social desde una lógica participativa, creativa y desestigmatizante”, subrayaron.



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