La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, rechazó el proyecto que impulsa un sector del oficialismo para bajar la edad de imputabilidad de los menores a 14 años al reclamar “un nuevo régimen penal juvenil sólo para los mayores de 16 años”.

 

“No hay que bajar a los 14” la edad de imputabilidad, sentenció la integrante del colectivo Justicia Legítima afín a la Casa Rosada y manifestó que “la solución es trabajar en la prevención del crimen de los adultos y proteger a esos niños que también son víctimas”.

 

Martínez se ubicó entre quienes rechazan el proyecto y pidió “políticas sociales más activas” para la inclusión de los menores.

 

“Casi no hay delitos graves cometidos por chicos de entre 14 y 16 años, pero cuando ocurre alguno la trascendencia resulta enorme. Es duro ver que un chico mata a alguien. Pero cuantitativamente es un fenómeno intrascendente”, afirmó.

 

La titular del Ministerio Público de la Defensa expresó que “es obvio que muchas veces los menores son utilizados por los adultos” para cometer delitos pero consideró que “la solución es trabajar en la prevención del crimen de los adultos y proteger a esos niños que también son víctimas”.

 

Al respecto, opinó que “desde el punto de vista ético, lo que hay que hacer es afinar los elementos de prevención y represión del delito” y “no ensañarse con el eslabón más chico” de la cadena, que son los menores de edad.

 

En tanto, pidió “un nuevo régimen penal juvenil sólo para los mayores de 16 años”y señaló que esa medida “debería limitar a casos especificados y mínimos la posibilidad de imponer (prisión) preventiva” a los menores.

 

“Hay que sostener una política razonable en el tiempo, con el compromiso de todos los sectores políticos más allá de banderías. Es un tema muy serio y hay que pensarlo de acá a 20 años. Si no, nada sirve”, aseveró.

 

Por último, consideró que la cercanía de una elección legislativa “no es un buen momento” para debatir el régimen penal juvenil y reclamó una discusión “seria” porque “de allí tiene que surgir un compromiso de elaborar y sostener una política que realmente respete los derechos de los niños”. (DyN)



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