El Sindicato Argentino de Obreros Navales (SAON) decidió realizar un corte sorpresivo y posterior movilización en uno de los ingresos del puerto (frente a la UTN y la planta de combustible), en defensa del sustento de 60 familias vinculadas al Astillero Unión SA.

 

Los dirigentes del SAON comentaron que la decisión de esta medida de fuerza se desprende tras la reunión que mantuvieron con el interventor del Consorcio Portuario, Matías Machinandiarena, en busca de una respuesta al conflicto por el Astillero Unión SA.

 

Sin embargo, éste les solicitó extenderse hasta el viernes para expedirse formalmente, atrasando así el plazo de tiempo acordado con anterioridad.

 

“Estamos preocupados por la situación laboral de nuestros compañeros y el sustento de más de 60 familias de trabajadores navales cuya fuente laboral está en peligro”, expresó en la carpa montada frente al astillero el Secretario General de SAON, Cayo Ayala, durante su visita a Mar del Plata.

 

Cayo Ayala con Juan Speroni, Secretario Adjunto del SAON; Italo Carrizo, Delegado Normalizador; y Hugo Ferrarese, Delegado de Personal de los trabajadores Unión S.A., en agosto presentaron al interventor del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, el Lic. Matías Machinandiarena, un escrito con importante documentación, en el que se denuncia una sospecha de vaciamiento del Astillero Unión SA.

 

“Poner personas insolventes al frente de una firma sin la capacitación suficiente para dirigir una empresa que garantice la sustentabilidad de un proyecto productivo, sumado a las maniobras poco claras realizadas para la conformación de este nuevo y supuesto directorio, es un claro intento de vaciamiento de una empresa”, sostuvieron los dirigentes del SAON en referencia a Walter Castro, Cesar Jacinto Briatore y Guillermo Andrés Larraburu, “todos, ex dirigentes del Sindicato Argentino de Obreros Navales y que habían sido expulsados por inconductas y desmanejos”.

 

Desde el SAON denuncian que “estas personas carecen de solvencia económica y de las garantías necesarias para pretender quedarse con un astillero cuyo predio es del estado provincial y las maquinarias son de los trabajadores, muchos de ellos con una antigüedad promedio de más de 15 años”.



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