El Registro Estadístico Unificado de Niñez y Adolescencia (REUNA) de la provincia de Buenos Aires informó que en la actualidad existen 4043 niños, niñas y jóvenes menores de 18 años sin cuidados parentales alojados en distintas instituciones o en familias ampliadas.

 

Se trata de chicos cuya situación podría modificarse tras la sanción de la nueva ley de procedimientos de adopción, que fue aprobada la semana pasada en la Legislatura provincial.

 

A partir de esa reforma, el “estado de adoptabilidad”, en cada situación particular, podrá ser declarado por la Justicia en un plazo menor, una vez agotadas las acciones tendientes a la revinculación con la familia de origen.

 

En este sentido, el secretario de Niñez y Adolescencia, Pablo Navarro, aseguró que “la nueva norma, solicitada en varias oportunidades por el gobernador Daniel Scioli, es una herramienta fundamental ya que establece plazos concretos para dictaminar la situación de los chicos sin cuidados parentales, basados en los informes que realicen desde el Sistema de Promoción y Protección de Derechos”.

 

“La estructura del Estado provincial y de los municipios está preparada para cumplir con lo que la ley manda, es decir, informar a la Justicia cuando no existen más posibilidades de que el chico vuelva a estar con su familia de origen”, aseveró.

 

Además, el funcionario sostuvo que ahora solo falta “la reglamentación de la norma” y agregó que la ley “reconoce la importancia de los Servicios Locales, a la vez que les brinda una enorme responsabilidad y compromiso para lo que viene”.

 

Actualmente, todos los distritos cuentan con equipos interdisciplinarios locales para evaluar cada situación. Agotadas todas las instancias, serán los profesionales quienes asistirán a los jueces para que se declare su estado de adoptabilidad, en plazos ciertos.

 

La norma aprobada por el Senado de la Provincia la semana pasada tiene como objetivo agilizar la resolución de los trámites de adopción, con el debido respeto de todas las garantías del proceso y priorizando, en todos los casos, el interés superior del niño.

 

Lo que se busca es fijar un plazo seis meses -a contar desde que se toma la primera medida de protección del menor que se encuentra en un estado de vulnerabilidad- para que el juez decida si están dadas o no las condiciones de “desamparo moral o material” y así resolver la situación de adoptabilidad del menor cuyos derechos se vean afectados.



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