La Corte Suprema de Justicia declaró la “inconstitucionalidad” de cuatro artículos de la ley que estableció la reforma del Consejo de la Magistratura, incluyendo el que establecía la elección popular de sus miembros.

 

Por mayoría de seis votos contra uno, el máximo tribunal de justicia dispuso la “inaplicabilidad” de la ley 26.855, promulgada en mayo último, en todo lo que no resulte compatible con su fallo.

 

El máximo Tribunal declaró la “inconstitucionalidad” de las normas que reformaron el Consejo de la Magistratura y el decreto presidencial 577/2013 que estableció la convocatoria para la elección de miembros de ese cuerpo, por mayoría de seis votos contra uno, disponiendo la “inaplicabilidad” de la ley 26.855 en todo lo que no resulte compatible con su fallo.

 

“No es posible que bajo la invocación de la defensa de la voluntad popular, pueda propugnarse el desconocimiento del orden jurídico” Igualmente, los jueces de la Corte aclararon que lo resuelto “no implica afectación alguna del proceso electoral para los cargos de diputados y senadores nacionales establecido en el decreto 591/13”.

 

Los ministros del máximo tribunal, destacaron además que estaban resolviendo sobre una cuestión “abstracta”, porque existen decenas de medidas cautelares dictadas por jueces de distintas ciudades del país.

 

Con los votos de su presidente Ricardo Lorenzetti y el de los ministros Elena Highton, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Enrique Petracchi y Carmen Argibay, y la disidencia de Raúl Zaffaroni, se destacó que “mantendrá su vigencia el régimen anterior previsto en las leyes 24.937 y sus modificatorias 24.939 y 26.080”.

 

El fallo de la Corte significa dejar sin efecto la convocatoria a elecciones para los cargos de consejeros de la Magistratura, representantes de los jueces de todas las instancias, de los abogados de la matrícula federal y de postulantes del ámbito académico.

 

La mayoría coincidió que “es legítimo” el control de constitucionalidad que puede realizar la Corte sobre las leyes que apruebe el Congreso de la Nación.

 

“No es posible que bajo la invocación de la defensa de la voluntad popular, pueda propugnarse el desconocimiento del orden jurídico, puesto que nada contraría más los intereses del pueblo que la propia transgresión constitucional”, expuso el fallo, publicado en el Centro de Información Judicial (CIJ).

 

“Los poderes son limitados, si se quiere cambiar eso, hay que modificar la Constitución”, agregaron los miembros de la Corte.



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