La jueza en lo contencioso administrativo federal Claudia Rodríguez Vidal ordenó al Gobierno Nacional que se abstenga de “concretar cualquier acto que implique el desmantelamiento y traslado” del monumento a Cristóbal Colón, luego de que se desatara una disputa entre Nación y Ciudad autónoma de Buenos Aires por el hecho.

 

La magistrada le pidió al Estado Nacional que en tres días presente un informe sobre el hecho y dispuso el freno del traslado “a los fines de resguardar la eficacia de las resoluciones que autos pudieran dictarse”.

 

Este viernes, mientras dos grúas trabaja en el Parque Colón de la Ciudad de Buenos Aires para trasladar el monumento al “descubridor” de América a Mar del Plata, funcionarios del gobierno porteño se oponían a la iniciativa y protagonizan escenas de tensión y forcejeos con sus pares de Nación.

 

Desde la Gobernación nacional, recuerdan que en marzo de este año la Presidente anunció que reemplazaría a Colón por una estatua de la patriota boliviana Juana Azurduy de Padilla. En aquel entonces, el presidente boliviano Evo Morales se mostró interesado en el proyecto e hizo una millonaria donación para cumplir con el objetivo.

 

Además, cuando Jorge Telerman ocupaba la jefatura de gobierno porteña firmó un documento en el que cedía al gobierno de Cristina Kirchner la administración del Parque.

 

Así, la estatua se encuentra custodiada por oficiales de la Policía Federal mientras se la intenta subir a un camión playo, mientras uniformados de la policía Metropolitana y funcionarios de Mauricio Macri que pretenden dejarlo en el lugar.

 

Por su parte, el PRO destaca que la Legislatura aprobó este jueves un proyecto que establece que “para sacar o poner un monumento en el espacio público de la Ciudad es necesaria una Ley de la Legislatura que lo apruebe”.

 

“Declarase bien integrante del patrimonio histórico y cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos de la ley 1227 en la Categoría Monumentos, al monumento a Cristóbal Colón emplazado actualmente en la Plaza que lleva el mismo nombre”, manifiesta a su vez el texto.

 

En conferencia de prensa, el defensor adjunto de la Ciudad, Atilio Alimena, afirmó que la medida representa “una vulneración total del artículo 121 de la Constitución y siguientes”.

 

“Hoy se nos negó el acceso al Parque y se nos dijo que era propiedad de la Casa de Gobierno. Jamás en mi vida escuché semejante brutalidad”, afirmó.

 

Finalmente, sostuvo que “está en jugo el avasallamiento constitucional, el atropello sobre un territorio que constituye la Ciudad de Buenos Aires”.



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